ARGENTINA: A TODA MÁQUINA HACIA EL PASADO

EL ACTUAL GOBIERNO DE ARGENTINA HA INCUMPLIDO CON EL MARCO LEGAL EXISTENTE E INCURSIONÓ PELIGROSAMENTE EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE YA HABÍAN SIDO SUPERADAS POR AMPLIOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

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OTTO STIER — 14 AGOSTO, 2017

INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL VIGENTE

Desde su asunción, el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de Macri ha incumplido con el marco legal existente o abusado de una herramienta legal como los decretos de necesidad y urgencia (decretos con fuerza de ley que están concebidos para facilitar la superación de emergencias de diferentes índoles que enfrente un gobierno constitucional). Aunque esta práctica es de uso casi cotidiano de la actual administración, los casos más destacados por sus implicancias políticas e institucionales son:

• Nombramiento de jueces de la Suprema Corte de Justicia por decreto, cuando la Constitución establece en su artículo 99 el procedimiento requerido para tal caso. Esta acción coloca al gobierno en una posición de iniciar un proceso de búsqueda de la suma del poder público, expresamente penalizado en la Constitución en su artículo 29,
• Eliminación por decreto de leyes que fueron altamente concensuadas en la sociedad como la Ley de Medios afectando la marcha de instituciones en funcionamiento como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que fue completamente modificada para asegurar negocios prohibidos de los medios acólitos a Macri,
• Incumplimiento del presupuesto nacional, principalmente en materias socales donde la sub-ejecución en 2016 y 2017 fue de enormes proporciones, particularmente en Salud y Educación, impidiendo por esta vía que se culminen proyectos de hospitales, universidades, etc. requeridas por la población,
• Incremento de la deuda pública sin aprobación del congreso, llegando al extremo de contraer una deuda por 100 años a una tasa del 8% anual, violando el artículo 75 de la Constitución nacional,
• Modificación de leyes que establecen requisitos para las personas que desempeñan ciertos cargos en la gestión pública. El caso mas destacado es el de la Oficina Anticorrupción, donde el gobierno modifico, por decreto, las competencias que requiere el funcionario que desempeñe el cargo, destacando su Educación como abogado y una trayectoria ad-hoc. La funcionaria seleccionada (Alonso), una militante del partido de Macri que además de carecer de título habilitante, ha demostrado su incompetencia en esas materias.

FALTA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la acción de gobierno liderada por el presidente Macri no ha hecho otra cosa que canalizarse por los lineamientos que su partido y los líderes que lo apoyan han enunciado formal e informalmente en su discurso político, constituido por los siguientes ejes característicos:

1. Apoyo al otorgamiento de beneficios a los genocidas procesados y/o condenados penalmente por los tribunales de justicia
2. Oposición a las acciones llevadas por los organismos de derechos humanos reconocidos internacionalmente, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
3. Eliminación del apoyo del estado a las políticas de fomento a los derechos humanos guiadas por prácticas internacionales, acordadas con estos y los organismos locales por la anterior gestión
4. Expulsión de grupos vulnerables de sus territorios, expulsión de migrantes vulnerables del territorio nacional y abuso del poder policial sobre la población sin precedente en la democracia
5. Empleo de personal de seguridad en los estamentos públicos que se han encontrado seriamente implicados en violaciones de los derechos humanos y desarrollo del terrorismo de estado,
6. Eliminación del apoyo a grupos vulnerables y ciudadanía en general para garantizar sus derechos políticos y sociales. Desde diciembre de 2015 se ha incrementado sistemáticamente la represión a las manifestaciones sociales, la limitación o eliminación de la libertad de prensa y la persecución a opositores políticos o simples críticos de la gestión gubernamental.

Los ejes expuestos se han desarrollado activamente por el gobierno, haciendo retroceder la sociedad a épocas previas a la instalación democrática de 1983.

No obstante la permanente publicidad que el gobierno despliega como un factor amigable para la sociedad argentina, sus políticas y acciones publicas han mermado significativamente la convivencia y los derechos adquiridos por la mayoría de la sociedad.

El peligro de la instauración de los ejes de pensamiento expuestos en la líneas anteriores es el desarrollo y perpetuación de la arbitrariedad y el abuso como políticas publicas y replicadas en las esferas privadas, tanto personales como de las organizaciones empresariales.

Muchas organizaciones privadas, teniendo el aval del estado, han incursionado en las mismas prácticas que las detalladas para el gobierno de la nación. La principal práctica que se ha observado en el desconocimiento de los derechos civiles de la sociedad (trabajo limitado y remuneración convenida; protección ambiental, acceso universal a la salud y educación, etc.), sin que el estado lleve adelante la acciones de persecución civil o penal según corresponda.

En varios casos, las “necesidades” planteadas por las empresas privadas para reducir remuneraciones, flexibilizar las condiciones laborales, eliminar o reducir la carga tributaria (bastante exigua en el caso de Argentina en comparación con países de alto nivel de desarrollo social y económico), etc. han sido tomadas por el gobierno, en forma casi idéntica en su formulación, como agenda de legislación y acción publica.

Dos casos emblemáticos demuestran la voluntad política del presidente Macri y sus funcionarios de desconocer los derechos fundamentales de las personas, la Constitución de la nación y las leyes que regulan la sociedad argentina:

1. Detención ilegal de Milagro Sala, una activista social que trabajo por conferirle a los estratos sociales menos favorecidos condiciones dignas de vivienda, salud, educación y trabajo. Milagro Sala permanece privada de su libertad desde enero de 2016, contraviniendo el gobierno argentino las indicaciones de los organismos internacionales con competencia constitucional que han ordenado su inmediata libertad. Cabe destacar que Milagro Sala ha sido condenada en un juicio objetable, donde un testigo que ha sido probado que es falso, aseguro que era responsable de instigar a terceros que le arrojen un huevo a un político que hoy funge de gobernador.
2. Desde el 1° de agosto el ciudadano Santiago MALDONADO permanece desaparecido, según los testigos, a manos de la Gendarmería Nacional primera situación que se presenta desde el retorno a la democracia, pero que se ve coherente con los ejes de la política del actual gobierno que ha sido proclive a favorecer judicial y socialmente a los genocidas que violaron los derechos humanos en la década del 70.

Con estos antecedentes parece confirmarse lo que aseguro un funcionario del gobierno cuando ganaron las elecciones de 2015: “Cambiamos futuro por pasado”, y Argentina marcha a toda velocidad hacia el pasado, al cual la mayoría de los ciudadanos no quiere volver.