REABRIENDO EL DEBATE SOBRE LA PLANIFICACIÓN SOCIALISTA DE LA ECONOMÍA

REABRIENDO EL DEBATE SOBRE LA PLANIFICACIÓN SOCIALISTA DE LA ECONOMÍA

Maxi Nieto – Lluís Catalá

INTRODUCCIÓN

Desde la restauración capitalista en la antigua URSS y los países del bloque del Este entrefinales de los años 80 y primeros 90, los argumentos contrarios a la posibilidad de una economía socialista planificada eficiente han pasado a ser hegemónicos incluso entre amplios sectores de las fuerzas políticas y de los científicos sociales comprometidos con el cambio social emancipador3. Estos argumentos, que tienen su origen en la reacción de los círculos académicos y políticos más conservadores al ascenso revolucionario del periodo de entreguerras en el pasado siglo, se reducen a sugerir que la única forma posible de cálculo económico racional es la que proporciona el mercado a través del dinero y la formación espontánea de precios, por lo que, en ausencia de éstos, la eficiencia de un sistema socialista quedaría irremediablemente lastrada; o en otras palabras, la propiedad privada de los medios de producción –que implica la producción mercantil, y por tanto también el capital (el valor que se valoriza, esto es, la autoexpansión de las inversiones)– sería condición necesaria para la racionalidad económica. Paradójicamente, el dominio prácticamente absoluto de estas ideas incluso en la izquierda se produce cuando el desarrollo técnico en los campos de la informática, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial permite por primera vez en la historia una completa y genuina contabilidad económica socialista (esto es, una contabilidad sin mercado y sin dinero) que amplía formidablemente las posibilidades de la planificación económica.

Con el fin de contribuir a reabrir el debate sobre las posibilidades del socialismo en la actualidad proponemos en este artículo un modelo de economía planificada basado en las ideas de Marx y que aspira a ser superior a la organización capitalista de la actividad en un doble plano: i) el económico, por su mayor capacidad para desarrollar las fuerzas productivas, al permitir asignar los recursos de un modo más eficiente, rápido y flexible que el mercado, sin derroches materiales, desempleo y crisis; ii) el democrático, al permitir el control social de la producción orientando el desarrollo económico hacia metas libremente elegidas por el conjunto de la sociedad, conforme al principio de igual poder de decisión para todos los individuos (frente a la plutocracia capitalista, que subordina el cuerpo social a las exigencias de valorización del capital). Con esta propuesta no se trata, conviene dejarlo claro, de avanzar diseños institucionales acabados ni métodos concretos de asignación o toma de decisiones, sino de algo mucho más esencial para el estado actual del debate, como es proponer algunos principios básicos necesarios para fundamentar un mecanismo de planificación coherente y eficiente de acuerdo a las posibilidades técnicas del presente. Esto supone, lógicamente, dejar de lado los problemas del periodo de transición al socialismo, caracterizado por la supervivencia durante un tiempo indeterminado de relaciones y prácticas mercantiles, con la intención de explorar las propiedades y posibilidades formales de la planificación como forma de organización económica alternativa a la capitalista. La referencia teórica fundamental para establecer nuestra propuesta es la obra conjunta dePaul Cockshott y Allin Cottrell, los dos autores que con mayor ambición y rigor han contribuido en las dos últimas décadas a la actualización del proyecto económico socialista (y no de un sucedáneo estatista o mercantil), situando los argumentos en favor del socialismo y la planificación nuevamente a la ofensiva.

Para exponer nuestras ideas dividimos el artículo en tres partes. En la primera de ellas (apartado 2) repasamos el desarrollo del debate acerca de la supuesta imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista y señalamos el giro reciente que se ha experimentado con nuevos argumentos a favor de la planificación en base a los desarrollos técnicos de las últimas décadas. En la segunda parte (apartado 3) presentamos nuestra propuesta de un mecanismo de planificación socialista sujeto a dos niveles de control: unoglobal o macroeconómico, para fijar democráticamente objetivos generales del desarrollo económico y social, y otro individual, al someter el vector de producción final de bienes y servicios a las preferencias de los consumidores, lo que permite ajustar en tiempo real la marcha del plan. Finalmente (apartado 4), esbozamos las características generales de un procedimiento de coordinación iterativa que implique a las empresas en la elaboración y ejecución del plan a través de un sistema de incentivos materiales.

EL DEBATE SOBRE EL CÁLCULO ECONÓMICO SOCIALISTA

La tesis de la imposibilidad del cálculo económico socialista

Toda la crítica de la economía burguesa al socialismo se reduce en última instancia a negar que pueda existir otra forma de cálculo económico racional que no sea el que realiza espontáneamente el mercado a través del dinero y la formación competitiva de precios. Más concretamente, esta crítica sostiene que en ausencia de un mercado de factores de producción (medios de producción y fuerza de trabajo) y sin contar con el dinero como unidad de cuenta, resulta imposible calcular costes, comparar la eficiencia de los distintos procesos productivos y, en consecuencia, asignar de forma óptima los recursos a los distintos fines, por lo que la racionalidad económica desaparece, haciendo del socialismo un sistema inherentemente ineficiente.

Esta idea, conocida en la literatura económica como “tesis de la imposibilidad del socialismo”, fue formulada a inicios del pasado siglo y desde entonces presenta dos vertientes que, en buena medida, se han desarrollado en paralelo:

i) Imposibilidad práctica. Aunque existen diversos antecedentes, el debate sobre la posibilidad del cálculo económico en una economía socialista arranca formalmente en 1908 con el artículo de Enrico Barone “El ministro de la producción en un Estado colectivista” (Barone 1998). Desde el marco de la teoría walrasiana del equilibrio general, este autor consideraba que los precios constituyen la solución a un sistema de ecuaciones simultáneas que pueden obtenerse bien de forma espontánea en el mercado o bien por una agencia de planificación en una economía socializada. En la base de esta interpretación está el reconocimiento de similitud formal entre los dos sistemas que, desde un punto de vista estrictamente teórico, haría posible el cálculo económico en el socialismo. Sin embargo, Barone entendía que ese cálculo sería imposible en la práctica dada la ingente cantidad de información que debería recabar la autoridad central, así como la complejidad de las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. El socialismo sería lógicamente posible (pues no habría ningún impedimento formal, de consistencia lógica, para que funcione) pero en la práctica irrealizable.

ii) Imposibilidad teórica. La otra vertiente, iniciada en los años 20 del pasado siglo, basada en la teoría subjetiva del valor y ligada a la “escuela austriaca” de Mises yHayek (Mises 1949, y Hayek 1997), destacaba la imposibilidad de estimar costes y, en consecuencia, de determinar las combinaciones productivas más eficientes en ausencia de un mecanismo de precios y de una verdadera unidad de cuenta alternativa al dinero (descartaban el trabajo por su heterogeneidad y también el cálculo en especie, como propuso Otto Neurath en 1919 a partir de la experiencia de las economías de guerra). De este modo, la imposibilidad del socialismo sería no solo práctica, por insuficiencia técnica para llevar a cabo los cálculos necesarios para estimar el valor de los distintos bienes y servicios, sino también de inconsistencia lógica o teórica, debido a la ausencia del mecanismo de precios. Es esta perspectiva la que, finalmente, ha acabado por asumirse en la literatura económica convencional, y también para el público general (popularizada por el oligopolio mediático), como “tesis de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo”.

La crítica neoclásica basada en la teoría del equilibrio general tendría, por lo tanto, un carácter eminentemente “técnico”, de carácter computacional, centrada en señalar el insuficiente desarrollo científico-técnico existente para resolver los enormes problemas de cálculo en una economía compleja socializada, mientras la crítica austriaca tendría un carácter más “económico”, destacando que solo el mercado (cuya base es la propiedad privada de los medios de producción) genera el tipo de información necesaria para el cálculo económico racional. El resultado inevitable sería, en cualquier caso, que la única forma de contabilidad económica racional posible es la que proporciona espontáneamente el mercado. En ausencia de precios de mercado, una economía planificada sería incapaz de calcular costes y de asignar recursos de un modo eficiente.

La evolución posterior del debate

La respuesta socialista a la crítica burguesa se dio durante los años 30 en un doble plano. En el campo práctico de la edificación de una economía no mercantil, por el formidable crecimiento de la economía soviética, que transformó en pocas décadas un país semifeudal devastado por las dos guerras mundiales (la primera de ellas seguida de una guerra civil con invasión imperialista) en la segunda potencia industrial del planeta y liderando la carrera espacial en los años 50. En el plano teórico, por las propuestas de Taylor en 1929 y Lange en 1938 (Lange y Taylor 1971) acerca de la posibilidad de que una agencia de planificación simulase el balanceo del mercado (a la manera del “tatonnement” o subastador walrasiano), lo que haría innecesario conocer los “precios” de los bienes intermedios; en efecto, por medio de un procedimiento iterativo, de prueba y error, y tomando como punto de partida el sistema de precios de mercado heredado del capitalismo4, se evitaría tener que resolver el complejo sistema de ecuaciones que aproximase a los precios de equilibrio, expresión de los costes medios de producción. Como veremos en el siguiente apartado, el tipo de respuesta de Taylor-Lange estuvo inevitablemente marcada por la imposibilidad técnica que existía en esos momentos para realizar un exhaustivo cálculo directo, en tiempo de trabajo, del coste de los bienes y servicios.

En cualquier caso, esta respuesta socialista motivó un repliegue de la crítica burguesa tal y como inicialmente fue formulada por Mises. A partir de ese momento se llega a reconocer más o menos explícitamente la viabilidad económica del socialismo pero se le atribuye una eficiencia muy inferior al capitalismo debido a los supuestos problemas de información y conocimiento para el cálculo económico que serían inherentes a una economía sin mercado.Hayek y la escuela austriaca (Hayek 1997) señalarán que el fallo en el planteamiento deLange y de quienes, como la economía neoclásica, reconocen una similitud formal entre los dos sistemas, sería que no se puede tomar la información como dada para poner en marcha el procedimiento iterativo porque, según suponen, la información relevante para el cálculo económico es subjetiva, de tipo práctico, basada en el conocimiento tácito (que incluiría las destrezas y experiencias personales) y, en consecuencia, no articulable ni transmisible por otros medios que no sean los del mercado. Por lo tanto, los autores austriacos consideran que una economía socialista no podría asignar los recursos a los diferentes usos de forma tan eficiente como la capitalista debido a la imposibilidad de que la agencia de planificación pudiese disponer de tanta información como proporciona el sistema de precios (a lo que se añadiría el problema de los incentivos). Concluyen así que los partidarios del socialismo (y también quienes reconocen la similitud formal entre los dos sistemas) no son conscientes de la verdadera naturaleza del problema del cálculo económico, que es un problema en esencia de información.

El presupuesto analítico de la teoría subjetiva del valor en que se basa la crítica austriaca al socialismo es el llamado individualismo metodológico, que pretende explicar los procesos sociales y la propia estructura social capitalista como un producto de acciones individuales agregadas. Esta es la premisa desde donde se deduce que el tipo de conocimiento e información claves para el cálculo económico es de carácter subjetivo. Pero pretender explicar los procesos sociales a partir de la agregación de comportamientos individuales constituye, como resulta obvio, una forma de razonamiento puramente circular, ya que significa reconocer la existencia de comportamientos individuales previos a todo contexto social (más allá del natural instinto de supervivencia humano). El caso es que esta forma de razonar naturaliza el orden social capitalista y, por tanto, la forma de desenvolverse en él, que los austriacos denominan “función empresarial” y equiparan sin más a la “acción humana”, la cual consistiría en la búsqueda de oportunidades de negocio para sobrevivir. Por ejemplo, para Huerta de Soto, uno de los autores austríacos destacados en la actualidad:

“la función empresarial consiste en la capacidad típicamente humana para darse cuenta de cuáles son las oportunidades de ganancia que existen en el entorno. (…) En efecto, todo acto empresarial crea y genera nueva información de naturaleza táctica, dispersa, práctica y subjetiva, y hace que los actores implicados en el mismo tiendan a ajustar o disciplinar su comportamiento en función de las necesidades y circunstancias de los demás, creando de esta manera, espontánea e inconsciente, los vínculos que hacen posible la vida en sociedad” (Huerta de Soto 2011: 26).

Así, se concibe la conducta maximizadora del beneficio típica del capitalismo como un rasgo de la naturaleza humana y no como la expresión de una particular estructura social, que exige para sobrevivir en ella “descubrir y apreciar las oportunidades”5. Pero se trata, como decimos, de un razonamiento tautológico que describe la “conducta humana” a partir de las características que ella adopta en un marco mercantil –esto es, de la interacción humana basada en el intercambio–, y de ahí infiere, circularmente, que ese es el tipo de conducta y conocimiento relevantes para el cálculo económico “en general”, considerado de un modo ahistórico. Y efectivamente, por definición, sobrevivir en el mercado exige a cada agente (sea trabajador o empresa) generar y procesar individualmente –esto es, de forma “subjetiva”– un determinado tipo de información que tiene que ver con aprovechar ganancias y reducir pérdidas. Sin embargo, nada de ello tiene relación alguna con la actividad económica en general, destinada a asegurar la subsistencia humana, sino solo con la forma en que funcionan las cosas en un marco mercantil competitivo, donde nadie tiene asegurada la supervivencia y todo el mundo debe plegarse para lograr la racionalidad mercantil.

Toda la argumentación austriaca se reduce a señalar que el mercado es la única forma posible de cálculo económico… en el mercado (esto es, en una estructura productiva atomizada). Este razonamiento puramente circular no demuestra nada acerca del cálculo económico en general, pues solo describe algunas de sus características en el capitalismo. Es como si viviendo ya en una economía socialista dijésemos que la estimación de costes directamente en cantidades de trabajo (sin dinero) es la única forma posible de cálculo económico en general. La producción atomizada de bienes y servicios (o si se prefiere: la propiedad privada sobre los medios de producción) representa solo una forma particular de generar y procesar la información para la coordinación económica general.

En la tesis austriaca de la imposibilidad del cálculo socialista se confunde la dimensión técnica que tiene toda actividad productiva global (expresada en la matriz de relaciones intersectoriales y coeficientes técnicos de producción), con su forma de organización social, que es la capitalista (la que se articula por medio del intercambio general). Pero en toda forma de producción social el cálculo tiene siempre una dimensión estrictamente técnica, referida a la evaluación de costes, y otra puramente social, referida al tipo de mecanismo económico por medio del cual esa estimación se realiza. Los precios son solo la forma en que se expresan espontáneamente (esto es, de manera indirecta o no consciente) los costes laborales medios en un marco mercantil. Los austriacos aseguran que la determinación de los precios –o, si se prefiere, la valoración de los bienes y servicios– no puede realizarse “artificialmente” por la autoridad central, porque se trataría de magnitudes subjetivas. Esta apreciación se basa en la confusión típica de la teoría subjetiva del valor, pues los precios en el capitalismo, cuando hay competencia por el lado de la oferta, fluctúan en torno al valor, que es una magnitud objetiva determinada por los costes medios de producción. Y esos costes medios sí pueden determinarse directamente de forma exhaustiva en una economía socializada, como a continuación veremos, gracias a la capacidad informática actual.

El estado actual del debate

La restauración capitalista en la URSS acometida por el equipo de Gorbachov a finales de los años 80 fue interpretada, en una academia bajo dominio absoluto del pensamiento neoliberal, como verificación, 70 años después de ser formulada, de la tesis de la imposibilidad económica del socialismo. Desde este momento, el debate sobre el cálculo económico en el socialismo pareció quedar definitivamente zanjado a favor de las tesis anti-socialistas. Sin embargo, desde los años 90, Paul Cockshott y Allin Cottrell han respondido a la crítica austriaca demostrando que en las condiciones tecnológicas actuales no existe ya impedimento alguno para conseguir la planificación detallada (procesando todos los insumos utilizados) de una economía compleja. Ello sería posible por dos razones fundamentales: i) en primer lugar porque la información relevante para la organización económica no es principalmente tácita ni subjetiva: como ya hemos señalado, si los precios de mercado en el capitalismo gravitan en torno a magnitudes objetivas que expresan los tiempos medios de trabajo, una economía socializada puede estimar directamente los costes laborales (directos e indirectos) de los diferentes bienes y servicios sin necesidad de dinero; y en todo caso, la coordinación iterativa (que esbozamos en el apartado 4) permite incorporar en tiempo real la información estrictamente “subjetiva” que pudiesen generar las empresas en su búsqueda de la eficiencia y de la adaptación a las condiciones cambiantes de la demanda; ii) en segundo lugar porque el nivel técnico actual, tanto informático como de las telecomunicaciones, permite resolver el complejo sistema de ecuaciones simultáneas utilizando técnicas iterativas (Cockshott y Cottrell 1993 y 2006).

Una economía socializada presentaría una ventaja adicional sobre la capitalista en el terreno de la información. En una economía mercantil, los precios son la principal fuente de información para los agentes, a través de la cual se logra la coordinación económica. Pero ello supone una enorme pérdida de información, pues la matriz de coeficientes técnicos (así como el uso de la capacidad instalada) se reduce al vector de precios. Una economía socialista, por el contrario, dispone de información mucho más completa (coeficientes técnicos, existencias totales de cada recurso, conocimiento de los principales planes de inversión, etc.) que está inmediatamente disponible y es transparente (no oculta en el interior de cada empresa). Ello permite al organismo de planificación tomar decisiones más rápidamente, con visión de conjunto y sentido estratégico. Pero es que además ninguna información que transmiten las oscilaciones de los precios a los agentes en el mercado deja de registrarse en una economía socializada. En ella, un aumento de la demanda sobre la oferta (da igual si sobre bienes finales, intermedios o de inversión) significa también que debe aumentarse la producción del bien en cuestión. En la economía capitalista la comunicación a lo largo de toda la cadena de interdependencias productivas se vuelve lenta y distorsionada por la interpretación subjetiva que hace cada empresa, así como por sus decisiones individuales de inversión basadas en expectativas. Esta pérdida de información relevante, así como el funcionamiento competitivo, hace que la economía capitalista funcione a ciegas y siempre sin alcanzar la plena utilización de los recursos. Todo ello sin contar que en una economía capitalista tampoco se tienen en cuenta las preferencias reales de los individuos, sino solo las que están respaldadas por poder de compra suficiente. La respuesta desarrollada por Cockshott y Cottrell demuestra, en definitiva, que la planificación socialista basada en la estimación directa de los tiempos de trabajo que cuesta obtener los distintos bienes no solo es posible en la actualidad sino que además sería mucho más eficiente como mecanismo de asignación y transmisión de la información, por flexible, rápida, exhaustiva y sin cortocircuitos recurrentes, como sucede en el mercado con las crisis, que conllevan un enorme despilfarro de recursos.

Esta propuesta ha sido recibida en el campo liberal con silencio generalizado. Solo algunos casos aislados, como Brewster (2004) en la escuela austriaca, o Agafonow (2008) yAgafonow y Haarstad (2009) del lado del social-liberalismo, han llegado a admitir que la planificación exhaustiva es, al fin, posible. No obstante, y como línea de defensa del modo de producción capitalista, estos autores vuelven a insistir en el argumento de su mayor eficiencia; aunque ya sería técnicamente posible el cálculo económico en el socialismo, éste sería un sistema social inferior al capitalismo (o al socialismo de mercado) a la hora de asignar los recursos de manera eficiente y de impulsar el desarrollo económico. Así, por ejemplo, Agafonow y Haarstad sostienen expresamente que:

“aunque sea posible el cálculo económico en el socialismo marxista, eso no significa que éste pueda asignar los recursos más eficientemente que el capitalismo o el socialismo de mercado, pues la propuesta de Cottrell y Cockshott suprime la descentralización en las decisiones de inversión y la rivalidad entre unidades productivas para ganarse la aprobación de los consumidores ofreciéndoles productos mejor adaptados a sus necesidades” (2009: 296).

Esta nueva lectura liberal del problema del cálculo en el socialismo plantea diferenciar entre el “cálculo económico” en sentido estricto, que sería la capacidad para registrar variaciones en el uso de recursos a partir de alguna unidad de cuenta, y la “eficiencia dinámica”, que se refiere a la capacidad de comparar métodos de producción con otros todavía no existentes y que, supuestamente, solo podría ser inducida por la rivalidad entre agentes productivos privados que aspiran a obtener ganancias extras que surgirían de la apropiada previsión de futuro. Se pasa así de la “imposibilidad del cálculo económico”, tesis que se admite ya superada, a la supuesta “imposibilidad de la eficiencia dinámica”. En resumen, el cálculo económico sería una condición para la eficiencia dinámica pero no suficiente. La otra condición sería la rivalidad entre agentes. Y esto es lo que estos autores sostienen que sería imposible bajo el socialismo (Agafanow 2008: 191).

Pero aun admitiendo que la rivalidad empresarial fuese condición para asegurar la preferencia de los consumidores, ello no implica que esos agentes deban de ser necesariamente privados, es decir, empresas económicamente independientes que compiten por maximizar el beneficio y desplazar a los competidores, ya que puede simularse otras formas de rivalidad o comparación de procesos productivos en un marco de propiedad social. En definitiva, no hay ningún tipo de impedimento formal, consustancial a una economía planificada, para no ensayar métodos y técnicas alternativas de producción. Más bien al contrario, estos ensayos no estarían limitados, como sucede en el capitalismo, por criterios ajenos a las posibilidades técnicas existentes, como pueda ser la rentabilidad, la capacidad financiera de una empresa y su acceso al crédito, barreras oligopolísticas, la incertidumbre, etc. En cualquier caso, la visión liberal idealiza la competencia –la “eficiencia dinámica”– sin reconocer o comprender su aspecto turbulento y destructivo, que conduce a desequilibrios de todo tipo (desempleo, sobreproducción, burbujas, desproporción y crisis recurrentes), todo ello en un clima de incertidumbre permanente que distorsiona el comportamiento racional, y no entra, por supuesto, en la naturaleza explotadora y plutocrática del modo de producción capitalista.

UN MODELO DE ECONOMÍA SOCIALISTA DEMOCRÁTICAMENTE PLANIFICADA

El significado de la planificación económica socialista

La planificación socialista de la economía se refiere a la capacidad de imponer objetivos generales al desarrollo económico y social –incluido el tipo de relación que se pretenda mantener con el entorno natural– a través del control racional y consciente del proceso productivo global por el conjunto de la sociedad. Se trata de una forma de organización económica donde, en palabras del propio Marx,

“el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego” (Marx 1976: 1.044).

La clave institucional para poder llevar a cabo ese proyecto de intervención consciente y democrática sobre la economía es, lógicamente, la propiedad social –entendida como propiedad del conjunto de la sociedad– sobre los medios de producción. Este ideal de autogobierno de la sociedad que se ejercería sobre la base del control colectivo del proceso productivo global es incompatible con otras dos visiones del socialismo muy extendidas desde tiempos del propio Marx: i) la estatización de los medios de producción: el mero cambio jurídico en la titularidad de esos medios, que no asegura de ningún modo el dominio efectivo de la población sobre sus condiciones materiales de existencia ni su capacidad para decidir el destino del excedente social; ii) el socialismo de mercado: la autogestión descentralizada de empresas por sus trabajadores en un marco mercantil, pues la autonomía económica de las unidades productivas (es decir, cualquier forma de propiedad privada, incluida la cooperativa, contrapuesta a la propiedad del conjunto de la comunidad) impide el dominio consciente sobre la producción global y mantiene la lógica ciega basada en la competencia, la búsqueda del beneficio y la acumulación compulsiva, lo que conlleva los mismos problemas que el capitalismo, como las fluctuaciones económicas y las crisis, la polarización social, etc. En consecuencia, ni la “estatización” de los recursos productivos ni el “socialismo de mercado” resultan compatibles con esa capacidad de decidir libre y colectivamente las características generales del desarrollo social que caracterizan el proyecto comunista según lo entiende Marx.

Pues bien, de acuerdo al significado señalado, la posibilidad de llevar a cabo la planificación socialista de la economía depende de dos condiciones fundamentales, una técnica y otra político-institucional: i) la existencia de una base técnica suficiente que permita gestionar de forma global los recursos productivos de la sociedad, lo cual implica la capacidad para procesar la información necesaria para estimar los costes laborales de los distintos productos y asignar con eficiencia los recursos en ausencia de coordinación mercantil; ii) instaurar un marco institucional que garantice la participación democrática de la población en los distintos niveles y ámbitos de decisión (nacional, sectorial, territorial o de empresa).

En una economía socializada –esto es: sin mercado, entendido como estructura de producción atomizada– el principio que guía la actividad de las empresas y justifica su existencia ya no es la rentabilidad –más exactamente, ya no hay propiamente empresas rentables y no rentables (lo cual no significa, obviamente, que un objetivo primordial de las autoridades planificadoras no sea precisamente el de elevar constantemente la eficiencia empresarial y la productividad)– sino su pertinencia técnica para la consecución de un fin superior expresado en el plan6. Las unidades de producción se convierten así en unidades técnicas de la división del trabajo social –dejan de ser centros autónomos de decisión económica (sobre qué producir y dónde)–, una división dentro de la cual los principales recursos se asignan conscientemente con arreglo al plan (que se corrige, como luego veremos, por la información que provee en tiempo real el consumo de la producción final). El trabajo realizado en el interior del sector socializado de la economía –pues en las economías reales sobrevivirá, por un tiempo indeterminado, un espacio acotado de actividades privadas– adquiere así un carácter directamente social y, en consecuencia, el dinero (equivalente general de valor, medio de circulación y también instrumento financiero) se sustituye por una contabilidad directa de los tiempos de trabajo necesarios para obtener los diferentes bienes y servicios. A partir de todas estas consideraciones debe quedar claro entonces que plan y mercado no son simples “instrumentos” neutros de asignación de recursos susceptibles de ser “utilizados” en diferentes marcos sociales, sino la expresión misma de estructuras sociales distintas, formas de organización económica y social antagónicas.

Para calibrar mejor la profundidad de estas diferencias, pensemos que la principal característica macroeconómica de la producción capitalista es su funcionamiento ciego y anárquico. En el transcurso de su proceso de reproducción genera inevitablemente todo tipo de desequilibrios que conducen periódicamente a crisis, desplegando así una dinámica cíclica (aunque irregular) de expansiones y contracciones sucesivas de la actividad general. El mercado se revela de esta forma como un sistema de procesamiento de información muy rudimentario, por errático, ineficiente y lento. La información disponible es siempre escasa e imperfecta (por la opacidad inherente a la propiedad privada sobre los medios de producción) y cada empresa la interpreta subjetivamente, tomando decisiones de forma autónoma, de espaldas a las demás, con arreglo a su propio interés y expectativas (y no desde el punto de vista de las posibilidades técnicas existentes o de las necesidades sociales a satisfacer), todo ello en un marco de incertidumbre permanente que acentúa las dinámicas de contagio, tanto especulativas en las fases de auge, como los pánicos generalizados cuando estalla la crisis. La retroalimentación de la información a través de la demanda no garantiza la estabilidad del sistema ni evita las permanentes fluctuaciones de la actividad y las crisis, con el consiguiente derroche de recursos materiales y humanos. Además, las preferencias de los consumidores no pueden actuar como verdadera variable de control externo del sistema por dos motivos fundamentales: primero, porque esas preferencias están condicionadas siempre por las decisiones previas de inversión de los capitalistas, de tal forma que si producir algo no es rentable o no hay expectativas de ganancias suficientes, sencillamente no se produce, o bien se reduce la inversión aunque las necesidades sociales queden sin cubrir (recordemos que para que un trabajador llegue a consumir primero debe ser contratado por un capitalista); y en segundo lugar, porque dada la extrema desigualdad en la distribución de la renta, la función de demanda agregada no expresa de ningún modo las preferencias reales de los individuos, pues las decisiones de consumo en el capitalismo responden únicamente al principio plutocrático de “un euro, un voto” (Guerrero 2007), a lo que habría que añadir también la existencia de “necesidades” inducidas por la publicidad.

Las ideas de Marx

Marx nunca elaboró una concepción detallada y sistemática de la sociedad comunista por la cual luchaba. Consideraba que no tenía sentido proponer diseños institucionales acabados para la nueva sociedad postcapitalista ni exponer procedimientos concretos de asignación de recursos por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque entendía que el comunismo ha de ser una creación colectiva en permanente movimiento, expresión en todo momento de la libre autodeterminación ciudadana; y en segundo lugar, porque las características concretas que adopte la planificación socialista de la economía dependerán necesariamente de las condiciones materiales y técnicas existentes en cada momento.

Frente a las prefiguraciones acabadas de los socialistas utópicos, en distintos pasajes de El Capital, así como en otros textos de su etapa madura, Marx se limita a señalar de forma muy general y esquemática cuáles serían los principios básicos para la organización de una economía comunista. Tomamos aquí dos de los pasajes más destacados como fuente textual para asentar nuestra propuesta de economía planificada inspirada en las ideas de Marx:

Cita 1. El Capital, Libro I, Capítulo 1:

“[El] tiempo de trabajo desempeñaría un papel doble. Su distribución, socialmente planificada, regulará la proporción adecuada entre las varias funciones laborales y las diversas necesidades. Por otra parte, el tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de la participación individual del productor en el trabajo común, y también, por ende, de la parte individualmente consumible del producto común”. (1978: 96).

Cita 2. Crítica del Programa de Gotha:

“(…) el productor individual obtiene de la sociedad –después de hechas las obligadas deducciones– exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. (…) La sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de ésta bajo otra forma distinta”. (1971: 19).

Con referencia última en estas ideas generales proponemos para el debate un modelo de economía socialista democráticamente planificada que se asiente sobre dos pilares fundamentales:

i) Una contabilidad económica basada directamente en el tiempo de trabajo como unidad de cuenta, esto es, sin dinero, con el doble objetivo de asegurar el cálculo económico racional y evitar la explotación de los trabajadores; así, de este principio formaría parte: i.1) el cálculo del coste de los bienes y servicios; i.2) la remuneración a los productores en bonos de trabajo según las horas aportadas en su jornada laboral.

ii) Un mecanismo de planificación con un doble procedimiento de control: ii.1) decisión democrática de los objetivos generales de desarrollo y principales macromagnitudes de la economía; ii.2) revisión en tiempo real del plan (es decir, retroalimentación de la información) mediante la distribución de los medios de consumo según las preferencias de los consumidores, expresadas en sus decisiones de compra a través de bonos de trabajo.

Principios generales de la planificación económica socialista

El cálculo económico socialista

En las economías capitalistas, debido a la fragmentación del trabajo social en unidades productivas privadas, el cómputo del coste laboral de los bienes y servicios tiene lugar de forma indirecta (es decir, no consciente) a través del dinero (equivalente general de valor) y la formación espontánea de precios en el mercado. Por el contrario, en una economía socialista (considerada aquí como modelo puro), dada la coordinación técnico-administrativa de las empresas que implica un aparato productivo socializado, la contabilidad de los tiempos de trabajo se vuelve directa (esto es, consciente), como si toda la economía fuese una misma y única “empresa” (con distintas divisiones y departamentos), sin necesidad de dinero (que presupone la atomización productiva y la validación social a posteriori de los trabajos) y sin presencia del resto de categorías mercantiles. Esta contabilidad directa, no monetaria, incluye dos aspectos que detallamos a continuación: i) tomar el trabajo como unidad de cuenta para estimar los costes; y ii) un sistema de retribución en bonos de trabajo.

i) La medida de los costes en tiempo de trabajo

Como ya hemos avanzado, en ausencia de mercado, el cálculo de costes de los bienes y servicios en una economía socialista debe hacerse directamente en términos de las cantidades de trabajo directo (realizado por los obreros en cada proceso productivo) e indirecto (materializado en los medios de producción utilizados) requeridas. Para que ese cálculo sea exhaustivo se requiere de un sistema avanzado de tecnologías de la información y computación, así como la elaboración de una tabla insumo-producto gigante que registre cómo los productos de unas ramas entran como insumo de otras. Sobre esta base, la solución al cálculo de costes se convierte en un problema de álgebra matricial, donde el coste de los distintos productos se puede expresar en la forma de coeficientes de trabajo verticalmente integrados (de acuerdo a la metodología Leontief-Pasinetti)7; para ese cálculo, el “trabajo complejo”, que ha requerido más formación que el trabajo medio, puede reducirse mediante las técnicas insumo/producto a unidades de “trabajo simple”, entendido como trabajo de cualificación media8 (por lo que la objeción de Mises de que no puede reducirse el trabajo complejo al simple queda sin fundamento).

En tiempos de la URSS, dada la insuficiente capacidad informática y de las telecomunicaciones existente, este tipo de cálculo exhaustivo no era todavía posible, lo cual explica el inevitable desarrollo de relaciones mercantiles entre las unidades productivas (existencia de “dinero”, autonomía empresarial creciente, acaparamiento, etc.). Lo que la experiencia soviética pone de manifiesto es que, si la información necesaria para la coordinación económica no está disponible para el organismo central de planificación, esa información se generará espontáneamente por vía “mercantil”, abriendo así una tendencia objetiva firme hacia la restauración capitalista. Sin embargo, Cockshott y Cottrell (1993, 2006 y 2008) han demostrado que con la capacidad informática actual y utilizando técnicas iterativas de aproximaciones sucesivas, este tipo de cálculo exhaustivo ya es perfectamente posible (posibilidad reconocida también, como ya dijimos, por algunos autores austriacos y social-liberales como Agafanow, Haarstad o Brewster).

ii) Retribución mediante bonos de trabajo

En correspondencia con el cálculo directo de costes en términos de cantidades de trabajo, el ingreso de los productores ha de ser establecido también directamente en tiempo de trabajo a través de un sistema de bonos o certificados laborales. Dado que el tiempo de trabajo total objetivado en los bienes y servicios finales de una economía es, por definición, la suma de las diferentes jornadas de trabajo individuales realizadas en el mismo periodo, este producto final es el que, una vez deducido lo que corresponda para un fondo común con el que mantener a los sectores de población pasivos y los servicios “gratuitos” (educación, sanidad, etc.), será distribuido individualmente por medio de estos bonos laborales. La igualdad básica en la que se sustenta este principio sería:

Trabajo directo = Producto Neto = Bonos de trabajo

Este principio significa que cada productor recibe un certificado (un registro en su cuenta particular de ingresos y gastos) donde se indican las horas de trabajo que ha aportado y con el que podrá retirar medios de consumo del fondo social que han costado un trabajo equivalente. En tanto aumente la productividad en el conjunto de la economía, se eleva también la capacidad de consumo por hora de trabajo realizado. Hay que tener presente que estos certificados laborales no son dinero ya que no circulan y solo se pueden adquirir mediante el trabajo, es decir, una vez realizada la correspondiente aportación individual al producto social. Este principio impide la explotación (apropiación privada del plustrabajo o del excedente social) y los privilegios de cualquier tipo (pues deja sin justificación los ingresos no ganados con trabajo), introduce un criterio igualitario de retribución y asegura un aumento del nivel de vida de los trabajadores con respecto a una situación donde existan ingresos de propiedad (dividendos, intereses, alquileres, etc.)9. El principio de pago en bonos de trabajo no excluye, en todo caso, que puedan reconocerse fuentes de desigualdad en el ingreso siempre que tengan un carácter estrictamente voluntario: 1) que unas personas elijan trabajar más horas que otras; 2) que elijan hacerlo a un ritmo más intenso; 3) para incentivar los trabajos menos demandados (porque requieran gran esfuerzo físico, peligrosidad, formación, etc.); y 4) para movilizar fuerza laboral hacia nuevos sectores o en rápida expansión, así como a regiones que se priorice desarrollar.

El mecanismo de planificación

La principal característica de una economía socialista es, como venimos señalando, que se trata de una economía regulada de manera consciente por el conjunto de la ciudadanía –en pie de igualdad unos con otros, lo que excluye la explotación, así como cualquier tipo de privilegio– en función de las necesidades sociales que se desean satisfacer. Procede determinando de manera democrática los objetivos generales del desarrollo económico y social, lo que implica asignar el trabajo social a diferentes usos generales (inversión, consumo y servicios colectivos gratuitos) y corrigiendo en tiempo real las decisiones del plan (que se materializa en última instancia en el vector de bienes y servicios finales) mediante la información que provee las preferencias de consumo individual. Se trata, por tanto, de un mecanismo económico que combina decisiones colectivas sobre producción e inversión (determinadas ex ante) con decisiones individuales de consumo final (determinadas ex post). El dispositivo de planificación propuesto incluye, por tanto, dos niveles de operación y control del sistema: uno de ámbito general, relativo a la elaboración del plan, que involucra al conjunto de la población para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo (apartado i); y otro de ámbito individual, relativo a la distribución de la producción final de acuerdo a las preferencias de los consumidores (apartado ii). Veamos cada uno de ellos con más detalle.

i) La elaboración del plan

    i.1) El procesamiento informatizado de insumos y productos

La elaboración de un plan económico general coherente exige construir una supermatriz insumoproducto que registre las relaciones intersectoriales del sistema, indicando cómo los productos de las diversas ramas son usados como insumos en esas mismas ramas. Es la misma base metodológica utilizada para el cálculo de los costes laborales de los bienes y servicios que comentamos en el apartado 3.3.1. La producción total (o bruta) de una rama se divide según sea su destino en producción intermedia (dirigida de nuevo al proceso productivo global: expresada en la matriz de relaciones interindustriales) y final (cuyo destino son usos finales: consumo individual, colectivo e inversión). En el interior del aparato socializado (la matriz intersectorial) se asignan los principales recursos de acuerdo a criterios estrictamente técnicoadministrativos, esto es, sin compra-venta (mercado), en función de lo establecido por el plan en sus distintos niveles (sobre qué producir, dónde, qué tecnologías priorizar, etc.), sin que esto signifique que las empresas no dispongan de autonomía para elegir proveedor o para acordar las características específicas de los insumos requeridos en cada caso, información que se transmite al instante al “centro” para que altere el plan al nivel que corresponda. Volveremos sobre esto en el siguiente apartado.

Sobre esta base, el reto que enfrenta la planificación es el de asegurar que la producción total de cada producto iguale al menos su uso total previsto. La información disponible para llevar a cabo esa tarea es doble: i) las propiedades técnicas de los distintos procesos productivos; en términos de la metodología insumo-producto son los coeficientes técnicospara llevar a cabo la producción, que expresan la utilización que una rama hace de productos de otra por unidad de producción: la cantidad de madera necesaria para fabricar una mesa, la cantidad de electricidad para obtener un coche, etc.; ii) la otra información disponible son los recursos totales existentes en la economía: cantidad y variedad de medios de producción, cantidad y cualificación de la fuerza laboral o los recursos naturales (Cockssott y Cottrell 2006).

Respetando la restricción anterior, se trata de hacer la asignación de recursos a las diferentes actividades. La tarea es equilibrar el plan, guardar la proporcionalidad entre ramas y usos finales de la producción bruta, un asunto que matemáticamente consiste en la solución de un sistema de ecuaciones simultáneas. El problema es que en una economía avanzada se elaboran decenas de millones de bienes y servicios distintos, por lo que se tendría que resolver un complejo sistema de millones de ecuaciones simultáneas (una por cada tipo de producto). Como ya señalamos a propósito del cálculo directo de costes, en las condiciones tecnológicas de la URSS, procesar toda esa información indispensable para la coordinación económica no estaba al alcance de las autoridades de planificación, lo que generó inevitablemente el desarrollo de relaciones mercantiles entre las empresas10. Paralelamente, esta divergencia entre propiedad jurídica estatal y capacidad real de intervención económica provocaba la multiplicación de reglamentaciones y el crecimiento desmesurado de la burocracia11. De acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado en los últimos años de la URSS, la “socialización” de la producción global no era allí ni remotamente un proceso único, enteramente integrado y orgánicamente coordinado, lo que hacía necesarios los intercambios “mercantiles” entre los diversos centros de decisión.

Sin embargo, con el actual nivel de desarrollo informático y de las telecomunicaciones ya no existe ningún impedimento técnico para balancear una economía compleja y calcular los costes laborales de todos los bienes y servicios. Cockshott y Cottrell (1993, 2006, 2008) han propuesto un algoritmo para solucionar el problema de la escala en la planificación. En su modelo, cada unidad de producción es la encargada de recopilar la información y de transmitir en tiempo real las variaciones de inventarios y costes al organismo central. Se basa en un procedimiento iterativo, de aproximaciones sucesivas (donde el resultado de cada ronda se utilizan como base para la siguiente), a partir de tres tipos de información: los objetivos de producción final (que se modifican con la información de las preferencias de los consumidores), los coeficientes técnicos exigidos y algunos supuestos de producción bruta permiten dar respuesta a los cambios en la demanda final de bienes y servicios; así, los coeficientes técnicos de los diferentes procesos traducen los cambios de la demanda final en modificaciones de los requerimientos totales de recursos de la economía. Según lo señalado, el procedimiento de planificación toma como punto de partida un vector de productos finales y debe estimar la producción bruta requerida para satisfacerla. Ésta es la vía para economizar recursos, haciendo un uso lo más eficiente posible de bienes intermedios, sin despilfarros. El mecanismo de planificación propuesto va, por tanto, de la producción final a la bruta:

Producción final > producción bruta (intermedia y final)

Se trata, por consiguiente, de maximizar la producción final, que es la que se pone a disposición de consumidores, gobierno e inversión para mejorar las condiciones de vida de la población, y se sigue un procedimiento iterativo que retrocede de un vector de productos finales a otro de producción bruta.

     i.2) Niveles de planificación

En una economía socialista la actividad se emprende, como norma, en el marco del plan. Esto significa que no hay libre concurrencia: la decisión sobre qué producir y dónde no es privada (en cualquier variante empresarial: individual, cooperativa o por acciones) y, en consecuencia, no responde al principio de la ganancia. En este proceso de planificación pueden establecerse, al menos, tres niveles fundamentales que involucran a actores distintos (Cockshott y Cottrell 1993):

1. Planificación macroeconómica. Se encarga de fijar los parámetros generales que regulan el desarrollo económico: cómo repartir el producto final anual entre consumo e inversión; cómo dividir a su vez el consumo entre consumo individual (bienes y servicios finales), colectivo (instalaciones públicas e infraestructuras) y servicios sociales (sanidad, educación, etc.); debe fijar también la jornada laboral normal así como otros aspectos relativos a la ordenación del territorio, el equilibrio ecológico, etc.

2. Planificación estratégica. Tiene como tarea el diseño de la estructura general de la economía en aquellos aspectos que no entran en la planificación macroeconómica. Incluiría todo lo relativo a la estructura sectorial de la economía, las técnicas a priorizar, la elaboración de proyectos estratégicos de inversión, la I+D+i, etc. Muchas de estas decisiones son también materia de decisión democrática (al nivel que corresponda) como pueda ser el caso de los equipamientos comunitarios, los sistemas de transporte y comunicación, etc. Otras son inicialmente resultado de centros especializados de planificación (comités conjuntos de científicos, usuarios-consumidores y trabajadores) que diseñan planes alternativos (que especifiquen ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos) que en último término han de ser sometidos a discusión y decisión colectiva (por ejemplo, planes de investigación científica para reestructurar la economía y desarrollar nuevas tecnologías).

3. Planificación detallada. Se ocupa de fijar el tipo de bienes y servicios que deben producirse y en qué cantidad para cumplir con el plan estratégico general. Para poder cumplir con esos objetivos se debe especificar el tipo y número de insumos necesarios en cada caso. Para ello se requieren al menos dos canales de comunicación y decisión: i) entre empresas, que deberá acordar las características exactas de los insumos suministrados, sin necesidad de que la autoridad central intervenga; esto significa reconocer un elevado grado de autonomía empresarial; ii) en relación a la producción de medios de consumo habría que organizar comités tripartidos compuestos por técnicos (científicos y economistas), empresas (gerencia y trabajadores) y consumidores-usuarios (en caso de bienes finales de consumo), que decidan sobre nuevos productos y la mejora de los existentes, todo ello teniendo en cuenta las necesidades de la población, las posibilidades técnicas y las restricciones económicas (recursos totales existentes en la sociedad así como para cada rama y proyecto). La clave aquí es entender que la planificación detallada (o al menos el grueso de ella) no puede dictarse desde el centro, el cual debe limitarse a establecer las principales restricciones, de tipo presupuestario, sectorial y territorial. En buena medida esta parte de la planificación deberá estar territorializada, relativamente autónoma, constituyendo subsistemas económicos.

     ii) La distribución de los bienes de consumo

En una economía socialista los consumidores gastan sus bonos laborales en los establecimientos comerciales de acuerdo con sus preferencias. Estas decisiones de consumo proporcionan un indicador para verificar el cumplimiento del plan y modificar en tiempo real los objetivos de la producción final de bienes y servicios. Cada artículo se marca con dos “precios” en horas de trabajo: un precio de coste, que refleja la cantidad exacta de trabajo que se requiere para producirlo, y un precio efectivo establecido para equilibrar la oferta con la demanda (y “vaciar el mercado”), el cual indica lo que se está dispuesto a pagar por un bien. El balanceo de la economía socializada sigue el siguiente procedimiento: i) en el corto plazo, si la oferta no coincide con la demanda, se hace variar los precios efectivos respecto a su precio de coste, aumentando los de alta demanda y disminuyendo los de baja demanda, o más precisamente, se sube el precio de los artículos cuyos inventarios se reducen a un ritmo superior al normal y se bajan en caso contrario; ii) a medio plazo, si las diferencias entre oferta y demanda persisten (lo que se expresaría en una relación precio/coste distinta a 1), se modifican las cantidades producidas, aumentando la producción de bienes cuya relación valor/precio es superior a la promedio y disminuyéndola en caso contrario. Cada artículo retirado de las estanterías comerciales (o servicio consumido) se transmite al instante (por ejemplo, por medio de un código digital como los que se utilizan ya en la gestión de stocks) a la empresa distribuidora, quien, en su caso, una vez disminuyen sus inventarios, demanda nuevos pedidos a la fábrica correspondiente, y ésta hace lo propio con sus proveedores. Toda la información se trasmite a lo largo de la cadena de dependencias intersectoriales y empresariales del aparato socializado en tiempo real y sin cortocircuitos, algo imposible en el mercado, donde cada empresa retiene la información y decide con arreglo a expectativas de ganancia.

Dado que la demanda total de bienes y servicios para el consumo individual será igual a su precio de coste –ya que los bonos de trabajo distribuidos equivalen, por definición, a las horas de trabajo representadas en ese producto final–, no hay lugar para el fenómeno inflacionario: los precios efectivos superiores a los precios de coste de determinados productos se compensan necesariamente con los precios de cambio inferiores a sus precios de costes del resto de productos.

Una vez tomadas las decisiones macroeconómicas y estratégicas por procedimientos democráticos, la estructura de todo el aparato productivo socializado se orienta a satisfacer las preferencias de los consumidores. Ello permite la verdadera soberanía del consumidor: igualdad de voto a través de los bonos de trabajo, nadie obtiene ingresos no ganados mediante trabajo y no existe consumo inducido por la manipulación publicitaria. No rige el principio plutocrático del mercado que distorsiona las preferencias de los consumidores y condiciona la configuración del aparato productivo; como nadie podría comprar ya un yate (por mucho que ahorre a lo largo de su vida), dejarían de fabricarse (salvo que se indique lo contrario en el plan para determinados servicios, por ejemplo, de turismo) y los recursos liberados se destinarían a satisfacer las verdaderas preferencias individuales y sociales de la población (Guerrero 2007).

ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL

La construcción de una economía socialista no enfrenta un problema meramente computacional o de asignación. Esa es solo la base técnica de una problemática más esencial y general como es la de establecer un dispositivo institucional capaz de asegurar el efectivo dominio social sobre el proceso productivo global, impulsando de ese modo el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin entrar en diseños concretos, sí conviene avanzar que ese dispositivo deberá cumplir con, al menos, dos requisitos básicos: i) asegurar la participación efectiva del conjunto de la ciudadanía en la elección de objetivos generales de desarrollo social; ii) implicar eficazmente a las empresas, tanto gerentes como trabajadores, en la elaboración y ejecución del plan.

En realidad, los dos requisitos van ligados y se exigen el uno al otro, pero desde un punto de vista técnico-económico, que es de lo que nos estamos ocupando en este artículo, el problema central de este diseño institucional en relación a la planificación detallada es, a la luz de la experiencia histórica, el de cómo implicar eficazmente a las empresas en el plan, tanto en su diseño como ejecución. Pues bien, para conseguir dicho objetivo, entendemos que se deben cumplir otras dos condiciones básicas:

i) Coordinación iterativa: el nivel de lo que hemos denominado planificación detalladase basa en una coordinación iterativa con comunicación permanente arriba-abajo entre las empresas y la agencia de planificación central. Las empresas programan su actividad y transmiten la información de sus resultados al centro para asegurar la coherencia del plan general y resolver los desequilibrios que se vayan generando, y reciben del centro nuevas órdenes para reajustar sus objetivos. De este modo, las fases de planificación y ejecución no quedan escindidas (como sucedía por insuficiencia técnica y distorsión burocrática en la antigua URSS) sino que son procesos simultáneos y continuos (Laibman 2011). Este procedimiento de coordinación iterativa rompe con la dicotomía en la toma de decisiones horizontal/vertical. La planificación no suprime la autonomía de las empresas para organizar su producción con el fin de elevar la productividad y cumplir los objetivos del plan. Todo lo relativo a la organización interna será decidido por la plantilla (y eventualmente por los consumidores o usuarios si se trata de producción final), pero también habrá autonomía para ensayar técnicas distintas dentro de las restricciones financieras que fija el plan (en el nivel correspondiente) y de la contabilidad de la empresa. Según esta concepción, el plan incorpora el conocimiento local, incluido el tácito que pueda ser relevante y que señalan los austriacos (Hayek 1997 y Huerta de Soto 2011).

ii) Función de recompensa: los incentivos morales son fundamentales si se aspira realmente a avanzar hacia una nueva sociedad con valores de igualdad y fraternidad, pero parece obvio que no pueden ser condición suficiente para implicar a los trabajadores en el funcionamiento de la empresa y en la elaboración y cumplimiento del plan. Se hace también necesario introducir incentivos materiales que primen a las empresas que más recursos ahorren y eleven la cantidad, variedad y calidad de los bienes y servicios producidos. Este será uno de los puntos centrales que deberá abordar cualquier mecanismo de planificación que se llegue a ensayar. A este respecto,David Laibman (2011) ha elaborado y formalizado con cierto detalle un modelo donde la recompensa se relaciona con el nivel planificado por la empresa (a la que se induce que sea ambicioso) y con el grado de cumplimiento. Así, la recompensa se distribuye, por encima del salario base y del consumo social, en forma de primas individuales y colectivas, donde el criterio de desempeño empresarial es multidimensional (suma de objetivos de producción y productividad, objetivos sociales y ecológicos), y donde se alienta a la empresa tanto a planificar con ambición como a cumplir lo anunciado.

La recompensa, R, se puede establecer como una función continua que se relaciona con el nivel planificado y con el nivel realizado:

R tiene dos términos y los coeficientes a y b determinan el peso relativo asignado a cada uno: el primer término establece que el nivel planificado,xP , contribuye positivamente a la recompensa en una forma lineal simple; el segundo término reduce la recompensa en la medida en que el nivel realizado, Xa se desvíe de XP (Laibman 2011: 16).

Debe advertirse que el dispositivo institucional esbozado no tiene nada que ver con un mercado. Hemos dicho que la actividad productiva se emprende, como principio general, en el marco del plan. No hay propiedad privada ni, por tanto, libre concurrencia. La decisión de qué producir no es una iniciativa privada en función del beneficio que pueda reportar. Hay distintos niveles de planificación y en la detallada intervienen criterios técnicos, empresas y consumidores12. Esto no suprime la toma de decisiones descentralizada al nivel de las empresas. Estas son autónomas financieramente para evitar usos no eficientes de los recursos (acaparamiento, uso inadecuado, etc.) y gozan eventualmente también de iniciativa para la elección de insumos y, por tanto, de proveedores. En cualquier caso, esta autonomía empresarial puede estar acotada por criterios fijados en el mismo plan: puede limitarse a determinadas categorías de productos, a determinadas ramas y grupos de empresas (clusters industriales), etc., todo ello con el fin de prevenir desequilibrios, así como de favorecer el cumplimiento de objetivos generales de desarrollo votados por la ciudadanía.

Resumidamente, las características del modelo empresarial propuesto para la coordinación iterativa serían: 1) las empresas (los medios de producción) son propiedad colectiva (jurídicamente del Estado): no pueden comercializar activos; 2) en consecuencia, no hay libre movilidad sectorial y territorial; 3) no hay dinero, solo unidad de cuenta para registrar la contabilidad empresarial (superávits o déficits) y la contabilidad macroeconómica, pero no atesorar; 4) no deciden qué producir ni dónde, solo lo relativo a la organización empresarial, incluida cierta autonomía en la elección de técnicas (suministros, inversión, organización laboral, contratación de plantilla). Las decisiones microeconómicas cuyos efectos sean mayoritariamente internos a las empresas serán adoptadas por consejos de trabajadores, y cuando trascienda el ámbito de la empresa, recaerá en organismos de poder popular.