El TTIP canadiense, un regalo único para las corporaciones transnacionales
El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.
Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contratación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.
Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.
Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.
Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.
¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?
Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o complicando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresariales.
Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.
A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcionar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obligados a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regulaciones que serán afectadas por el CETA.
Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.
El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.
Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.
El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.
Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportunidades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aranceles para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.
En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sanitario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regulaciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).
La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo
El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.
Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbitraje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.
Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.
Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son responsables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.
¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?
Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídicamente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democráticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.
No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.
Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contratación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.
Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.
Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.
Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.
¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?
Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o complicando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresariales.
Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.
A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcionar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obligados a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regulaciones que serán afectadas por el CETA.
Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.
El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.
Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.
El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.
Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportunidades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aranceles para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.
En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sanitario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regulaciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).
La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo
El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.
Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbitraje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.
Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.
Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son responsables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.
¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?
Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídicamente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democráticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.
No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.
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