Una HISTORIA de ANDES 21 DE JUNIO, día del educador salvadoreño.

HISTORIA

Una HISTORIA de ANDES 21 DE JUNIO,

 día del educador salvadoreño.

La fundación de Andes (Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños) seproduce el 9 de diciembre de 1965, aunque ya hay intentos desde el año 61 de organizar el magisterio salvadoreño algo que no fructifica hasta ese año 65. El Magisterio salvadoreño no tenía ninguna ley que garantizara sus derechos antes del año 61. Era un instrumento de los Gobiernos en las campañas electorales. Se fue tomando conciencia de es

a situación de manera que el malestar desembocó en una gran manifestación nacional de los casi 11.000 maestros que éramos en aquel momento. La manifestación se hizo el 21 de Junio de 1965. Fue algo nunca visto, pues la población estaba acostumbrada hasta entonces a ver desfilar a los maestros con la bandera del partido oficial. La mecha del descontento que prendió la manifestación fue una ley que por aquel entonces iban a aprobar sobre el sistema nacional de retiro, en la que iban a incluir al magisterio. Según esa ley para poder acogerse al retiro era necesario haber acumulado un mínimo de 40 años de antigüedad y además el estado retenía el 5% del sueldo. Se logró que el Presidente Julio Adalberto Rivera saliera a una terraza y prometiera excluir al magisterio de esa ley.

Reconoci

miento legal de ANDES, 21 de Junio.

De aquella manifestación se gestó una estructura más estable de la que salió la gremial ANDES 21 DE JUNIO. El propio Presidente Rivera firmó nuestros estatutos dos años después, aunque nuevamente lo tuvo que hacer bajo presión, tras otra gran manifestación. Era año 67. Así pues el nacimiento de hecho se da en el 65, aunque el reconocimiento de derecho se da el 67.Desde su origen ANDES es la organización representativa del magisterio salvadoreño. Ha luchado no sólo para el gremio, sino por una e

ducación gratuita, de calidad y para todos, especialmente para clases de más escasos recursos económicos. Esos nuestros principios inspiradores.

LAS GRANDES BATALLAS DE ANDES 21 

DE JUNIO

La Huelga del 68: los telemaestros.

En el 68 subió al poder Fidel Sánchez Hernández. Con él se realizó la primera gran huelga del magisterio que duró 58 días. El motivo fue que el Gobierno quiso impulsar una reforma que no respondía las necesidades del país. Era una importación del Japón, además de estar financiada por aquel país. Nombraron Ministro de Educación al que hasta entonces había sido embajador en el Japón. La reforma consistía en dos cuestiones fundamentales: Una educación a distancia a través de la educación por televisión. Se creó un organismo que era la Televisión Educativa. En cada centro educativo había un televisor. El telemaestro impartía las clases desde el estudio de televisión. El otro aspecto es que elcurriculum que se introdujo fue para preparar mano de obra cualificada y barata porque el país entraba entonces en una etapa de industrialización. Nosotros, como ANDES, fuimos muy críticos con esa reforma y ése fue el motivo fundamental por el que el Gobierno trató de desorganizarnos. A muchos dirigentes nos encarcelaron y a otros los destinaron a lugares lejanos, con el objeto de descabezar la organización. Eso motivó la huelga. El resultado de la huelga fue conseguir que el presidente removiera al Ministro de Educación. Se logró también que restituyeran a todos los maestros encarcelados o destituidos. Y además el Gobierno se comprometió a desarrollar las leyes por las cuales iban a quedar reguladas las relaciones de los maestros con el Estado.

Finales de los sesenta: conquistas legislativas

En los años sucesivos se aprobó la Ley del Maestro. Se creó una institución que atendiera el aspecto de salud de los maestros, que estaban sin ninguna protección hasta entonces. También se desarrollaron otros instrumentos jurídicos, que fueron una gran conquista social para el magisterio.

SEGUNDA GRAN BATALLA

La Huelga del 71: matan a dos maestros.

Como es costumbre en los gobiernos de nuestro país, empezaron los incumplimientos a las leyes aprobadas por ellos mismos. Así pues comenzaron de nuevo las protestas y las acciones de presión que desembocaron en otra huelga en el año 71 que esta vez duró 38 días. En esta huelga del 71 asesinaron los dos primeros maestros. La situación se tornó muy represiva de parte del Gobierno. Al final logramos el compromiso del Gobierno de respetar las leyes . Sin embargo dejaron de pagarnos un mes.

Los setenta: efervescencia de la lucha popular

A partir de aquí, del 72 en adelante, comienza una efervescencia de la lucha popular. ANDES se convierte en un bastión de la misma. Dos de los principales dirigentes de nuestro sindicato fueron figuras destacadas de la lucha armada: la compañera Mélida Anaya Montes (“Comandante Ana María”En 1970, Mélida, junto con el ex secretario general del Partido Comunista Salvadoreño, Salvador Cayetano Carpio y dirigentes obreros y universitarios, fundaron la primera organización guerrillera de El Salvador: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL). que fue asesinada en el 83 y el compañero José Mario López Alvarenga (Comandante Venancio Salvatierra). Otros compañeros/as, se involucraron también en la lucha sobre todo en la zona urbana.

La guerra 80-92 y los maestros y maestras populares

El conflicto armado estalla en año 79-80. El sistema educativo sufre un golpe tremendo por las políticas de los gobiernos. Se desata una represión nacional especialmente contra los integrantes de aquellas organizaciones que se habían opuesto a las políticas gubernamentales. ANDES estuvo a la cabeza de la oposición. En aquellos tiempos tuvimos unos 850 maestros entre asesinados, desaparecidos y exiliados. Bastaba que le identificaran a uno como maestro y más aún si era de ANDES, para que a la noche lo sacaran de su casa y desapareciera para siempre. Ello provocó un éxodo masivo de los compañeros que trabajaban en área rural. Algunos se exilian en otros países y otros vienen a la ciudad donde se sentían más protegidos. Esto trajo una gran deficiencia, mayor de la que existía, en la atención del campo. Es entonces cuando los miembros de las comunidades retoman el trabajo de educar a los niños. Eso es lo que da lugar a lo que conocemos ahora como maestros populares. Algunos sólo tenían el primero o el segundo grado de la primaria, otros pocos llegaban hasta el sexto sétimo grado. Cuando finaliza el conflicto algunas ONGs ven la necesidad de no dejar abandonados a las personas que habían realizado este trabajo. Entonces nos organizamos en torno a lo que hoy todavía se llama la Concertación Educativa Salvadoreña (CES) y gestionamos ante el Ministerio de Educación un programa de nivelación educativa para los maestros populares.

LA TERCERA  GRAN BATALLA DE ANDES 21 DE JUNIO

LEY GENERAL DE EDUCACIÒN

1990

INTRODUCCIÒN

El presente es un trabajo descriptivo-cronológico sobre la jornada de lucha que ANDES 21 de junio realiza junto a otras organizaciones magisteriales, para contener la tentativa gubernamental de privatizar la Educación Media y Educación Superior no-universitaria, así como limitar los derechos laborales de los educadores, conquistados en las jornadas de lucha magisterial de 1971.

El proceso se caracteriza por la combinación del diálogo como mecanismo para discutir el contenido de la Ley hacia la búsqueda de acuerdos consensuados y la ejecución de medidas de presión (paros laborales, marchas, concentraciones etc.) en momentos políticos precisos para hacer avanzar el diálogo hacia acuerdos concretos.

La consigna se va modificando de acuerdo al desarrollo del proceso: primero se exige la no aprobación del proyecto de Ley a los diputados de la Asamblea Legislativa; luego se plantea la derogatoria de la Ley, argumentando su inconstitucionalidad y, finalmente, se definen reformas.

Estas consignas se mantuvieron enmarcadas en los objetivos siguientes:

1. Defender el carácter oficial de los Institutos Nacionales e Institutos Tecnológicos;
2. defender el derecho a la educación pública gratuita, impidiendo su municipalización;
3. defender los derechos laborales de los educadores, contenidos en la Ley de la Profesión de Maestro.

EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÒN

El 15 de febrero de 1990, el Presidente de la República Alfredo Cristiani, a través del Ministro de Educación, René Hernández Valiente, da iniciativa de ley al proyecto denominado: Ley General de Educación; el cual, de acuerdo al programa de gobierno, está destinado a ser aprobado por los 32 diputados del partido oficial ARENA durante el mes de marzo, con mucha rapidez y discreción. (Dado que para un total de 60 diputados que comprende el pleno de la Asamblea Legislativa, ARENA tiene la mayoría simple y aliados con los diputados del MAC –Movimiento Auténtico Cristiano, escisión del Partido Demócrata Cristiano – llegan a tener mayoría absoluta).

Las motivaciones del gobierno para la elaboración del proyecto son:

“1. La Ley General de Educación vigente fue publicada en el Diario Oficial No. 131, tomo 232, del 19 de junio de 1962. Once años más tarde, una Asamblea Constituyente decretó, sancionó y proclamó una nueva Constitución, cuya vigencia dio comienzo el 20 de diciembre de 1983. No obstante, la Ley General de Educación que nos rige sigue siendo la del 19 de junio de 1971. Podríamos afirmar entonces que la mencionada Ley se ha quedado sin respaldo jurídico. A mayor abundamiento, podemos afirmar también que la Ley General de Educación sirve de marco a otras leyes que, como la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional y la Ley de Asistencia al Magisterio, son necesarias para encauzar el proceso educativo dentro de un régimen de derecho, y en realidad, en este momento no son válidas.

2. La brecha de seis años de una Ley sin respaldo constitucional, nos obliga a llamar la atención sobre la urgencia de contar pronto con una nueva Ley General de Educación, no sólo para revisar y reformular las leyes derivadas, sino también para redactar los reglamentos especiales que sean necesarios.”

La motivación para una nueva legislación es válida en cuanto que sea búsqueda de alternativas para superar la actual crisis educativa; aunque el problema de fondo radica en el diseño del Sistema Educativo, vigente desde 1968 y elaborado por los técnicos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dentro de la estrategia contra – insurgente – reformista – desarrollista de los Estados Unidos para América Latina en esa década; la cual se expresaba en Centroamérica como Mercado Común Centroamericano, cuya  búsqueda era consolidar a los Estados Gendarmes y potenciar el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), apuntalado por la Nicaraguasomocista; todo ello bajo un objetivo claro: construir muros de contención al auge de los movimientos de liberación.

Mas este proyecto de Ley General de Educación no define caminos de solución a la crisis educativa sino su exacerbación, pues en la concepción arenera de privatizar los programas sociales de Educación y de Salud para reducir el déficit fiscal del Estado y calificar para los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se amenaza la existencia misma de los centros educativos oficiales y se le niega al pueblo el goce de su derecho constitucional a la educación y la cultura, lo cual es obligación del Estado garantizarlo.

Esta amenaza se manifiesta en el artículo 104 del proyecto de Ley (en la Ley aprobada es el artículo 100, con algunas modificaciones), el cual dice: “De acuerdo a convenios especiales celebrados con personas naturales o jurídicas, el Ministerio de Educación podrá concederles la administración de centros oficiales de educación en la forma que lo estime conveniente, a condición de que faciliten dentro de su capacidad, el acceso a la población escolar, aseguren la calidad de la educación y el mejoramiento de la infraestructura. En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de supervisar y exigir el cumplimiento de los términos convenidos, so pena de cancelar dicha concesión.”

En otras palabras, el Ministerio concede el edificio, mobiliario, equipo y hasta los recursos humanos a todo aquel empresario dispuesto a entrar en el negocio de la educación para lucrarse con una mínima o ninguna inversión.

Para completar el cuadro, el gobierno busca privatizar para descargarse de una responsabilidad constitucional; mas también busca el control socio-político sobre los profesores para contrarrestar su organización y lucha, y asimilarlos como base social del partido mediante la presión del empleo. Para ello redacta el artículo 91 (en la Leyaprobada es el 87) que dice: “Las municipalidades podrán administrar escuelas con sus propios recursos o con la cooperación del Ministerio de educación.”

Relacionando este artículo con la Constitución, en los artículos referentes a la autonomía de las municipalidades:

“Art. 203.- Los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas”.

Esta autonomía de las municipalidades comprende, entre otras cosas: “Gestionar libremente en las materias de su competencia” (Art. 204, numeral tercero); “Decretar las ordenanzas y reglamentos locales” (Art. 204, numeral quinto); “Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias” (Art. 204, numeral cuarto).

En las escuelas municipalizadas, el Alcalde es el patrono que decide y ejecuta de acuerdo a los principios generales, dictados por su partido, que rigen en su gobierno local. Serían pequeños reinos donde el Alcalde es el Rey.

Esta intencionalidad eminentemente política es acompañada con la creación de un cuerpo de 124 “supervisores docentes” diseminados por todo el país, cuya función principal, entre otras cosas, es: “Velar por el cumplimiento de la presente Ley y demás que fueren aplicables” (Art. 96, literal d).

Todos los “supervisores docentes” son seleccionados bajo un solo criterio: la militancia comprometida con ARENA; pues son la punta de lanza del partido en el magisterio para ejecutar su control y sometimiento.

En la base de todos estos elementos de tendencia política está la fundamentación doctrinaria, contenida en los principios, características, objetivos y fundamentos de la educación.

El valor Justicia Social es el gran ausente en todo el cuerpo de la Ley, la cual es en si la negación misma del contenido Justicia Social.

Enfatiza en el concepto de Libertad como: “La decisión de hacer esto o aquello; aceptar o rechazar; decir si o no; pertenece a mi propia intimidad, y allí, yo, solo con mi conciencia, resuelvo. Esa es justamente la esencia de la libertad.”

Este sentido de la libertad le sirve de fundamento para entender la democracia como: “La democracia es la más alta y limpia organización política para la realización de la justicia y la convivencia pacífica, porque se basa en la libertad.”

Aplicando ese sentido de libertad y democracia en la educación, manifiesta que: “Art. 109.- A los padres de familia corresponde el derecho preferente de la educación de sus hijos”.

En un país donde existen 2,500,000 de habitantes en edad escolar, de los cuales sólo 1,200,000 son atendidos y el resto: 1,300,000 quedan marginados del sistema educativo porque no existen suficientes edificios escolares ni profesores; el padre de familia matricula a sus hijos en la escuela donde logra cupo, aun así deban desplazarse diariamente hasta tres o más kilómetros de distancia entre su hogar y la escuela.

Coherente con estos principios de libertad y democracia, manifiesta que: “Art. 108.- La administración económica de los Centros Particulares de Educación corresponde a los propietarios o encargados de los mismos”.

Con lo cual deja las manos libres a los empresarios de la educación para que puedan incrementar la colegiatura en el monto definido por su renegada ambición, en el flamante ejercicio de su derecho a la libertad en un ambiente democrático, que “… es la más alta y limpia organización política para la realización de la justicia y la convivencia pacífica”.

Y para aquellos estudiantes de escasos recursos económicos que no tengan capacidad financiera para cancelar las onerosas colegiaturas destinadas a los avaros bolsillos de los empresarios de la educación, el Ministerio les ofrece: “Art. 60.- Para hacer efectivo en los niveles medio y superior el principio de democratización, el Estado fomentará, creará y modificará las instituciones necesarias para que otorguen becas, subvenciones y préstamos al educando,…”.

Todos estos elementos contenidos en el proyecto de Ley General de Educación son los más fuertemente cuestionados porque no plantean senderos de solución sino que vienen a exacerbar la crisis educativa al acentuar su carácter clasista y reforzar su elitismo.

EL INICIO DE LA TORMENTA: NO APROBACIÒN DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÒN.

La primera reacción del magisterio se da el 20 de marzo con la constitución del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), el cual se integra con la participación de las organizaciones siguientes:

1. Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES  21 de junio).
2. Movimiento Magisterial Demócrata Cristiano (MMDC).
3. Asociación salvadoreña de Trabajadores de la Educación y de la Cultura (ASTEC); de tendencia demócrata cristiano.
4. Unión Nacional de Educadores Salvadoreños (UNES); de tendencia demócrata cristiano.
5. Sindicato Independiente de Maestros de El Salvador (SIMES); influenciado por la CIOSL; actualmente bajo influencia social cristiano.
6. Sindicato Gremial de Educadores de la Empresa Privada de El Salvador (SGEEPES).
7. Consejo de Directores de Institutos Nacionales (CODINES).
8. Asociación de docentes de la Universidad de El Salvador (ADUES).
9. Movimiento de Reforma Universitaria (MRU).

El FMS inicia su actividad mediante el diálogo con los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a quienes se lleva una petición concreta: no llevar a plenaria el proyecto de Ley hasta que el magisterio sea debidamente informado y consultado sobre su contenido, con el objetivo de buscar su aporte y así lograr una ley consensuada que recoja los intereses de la comunidad educativa; para lo cual se les solicita un periodo de dos meses: abril y mayo.

En respuesta, el diputado presidente de la Comisión, Raúl Somoza Alfaro,  otorga el tiempo necesario para la consulta, sin determinar fechas.

El FMS inicia una serie de seminarios de estudio sobre el proyecto de Ley con los educadores de diferentes departamentos del país, enfrentando el bloqueo del Ministerio de Educación, que no autoriza la realización de estos seminarios y presiona a los profesores con descontar de su salario los días que falten a sus labores docentes por asistir a actividades promovidas por el FMS. Sin embargo, los seminarios se realizan y se tiene una masiva concurrencia que impidieron concretar la amenaza de los descuentos salariales.

El 3 y 4 de mayo se realiza el I Congreso Nacional de Educadores en la ciudad de San Salvador, con la participación de delegados de todos los departamentos del país, cuyo objetivo es sistematizar todos los aportes obtenidos en los seminarios realizados.

Como producto de este Congreso surge un nuevo proyecto de Ley, que tiene a la base el proyecto del Ministerio de Educación pasado por el tamiz de la perspectiva magisterial y enriquecida con los aportes de los educadores.

Intempestivamente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales lleva a plenaria el proyecto de Ley del Ministerio de Educación el once de mayo, sin introducirle elementos de los aportes entregados por el FMS e ignorando el arduo trabajo realizado por los docentes y sus organizaciones.

Las reacciones de los diputados son variadas: los diputados demócrata-cristianos optan por retirarse de la plenaria en manifestación de protesta; los diputados derechistas del Partido de Conciliación Nacional participan en la discusión, absteniéndose de votar; los diputados del Movimiento Auténtico Cristiano y del partido ARENA aprueban la Ley General de Educación sin modificaciones sustantivas.

Aprobada la Ley se envía al Presidente de la República, Alfredo Cristiana, en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución, el cual dice: “Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días al Órgano Ejecutivo, y si este no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como Ley de la República de El Salvador.

El Presidente de la República tiene las alternativas siguientes:

1. sancionarla y publicarla como Ley;
2. vetarla;
3. regresarla con observaciones a la Asamblea Legislativa.

El Presidente Cristiana opta por la tercera alternativa, dado que: “No obstante que el Órgano Ejecutivo se encuentra totalmente de acuerdo con los objetivos que han inspirado al Legislador a aprobar la LEY GENERAL DE EDUCACIÒN, al examinar el texto de la misma, se ha encontrado que algunos artículos de dicha Ley se han quedado muy cortos y no alcanzan a desarrollar a plenitud y de manera adecuada los objetivos que se pretenden.”.

La más clara intencionalidad de las observaciones se encuentra en el artículo 100, el cual fue aprobado por los diputados en los términos siguientes: “Art. 100.- De acuerdo a convenios especiales celebrados con personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, el Ministerio de Educación podrá otorgarles la administración de centros oficiales de educación media y superior tecnológica en la forma que lo estime conveniente, a condición de que faciliten dentro de su capacidad, el acceso a la población escolar, aseguren la calidad de la educación y el mejoramiento de la infraestructura.”

La modificación realizada por los diputados está en cuanto al campo educativo sujeto a la privatización, pues en el Art. 104 del proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Educación se refiere a todos los centros educativos oficiales; en cambio,  los diputados lo limitan a la educación media y superior tecnológica.

La observación presidencial está en los términos siguientes: “El Órgano Ejecutivo considera necesario para que la Ley General de Educación esté enmarcada dentro de los ideales con que fue creada, que debe suprimirse del Inciso 1º. del Art. 100 del decreto 495, la expresión: “de educación media y superior tecnológica”, por lo que dicho precepto legal quedaría redactado de la siguiente manera: “De acuerdo a convenios especiales celebrados con personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, el Ministerio de Educación podrá otorgarles la administración de Centros Oficiales en la forma que lo estime conveniente, a condición de que faciliten dentro de su capacidad, el acceso a la población escolar, aseguren la calidad de la educación y el mejoramiento de la infraestructura.”.

Es decir, el Presidente de la República insiste en la redacción original presentada a la Asamblea Legislativa el 15 de febrero. La testarudez y la inflexibilidad del Presidente se manifiestan en este punto.

Estas observaciones son enviadas el 28 de mayo a la Asamblea Legislativa, la cual reacciona ejerciendo su derecho constitucional establecido en el artículo 137: “Si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el Art. 123, y lo enviará al Ejecutivo, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar.”

La Asamblea Legislativa rechaza las observaciones presidenciales.

El once de mayo, fecha en que se aprueba la Ley, el FMS promueve una suspensión de labores y realiza una concentración en la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador, de donde se sale en marcha hacia la Plaza de la Asamblea Legislativa, “el patio del palo de hule”, para exigir la no aprobación de la Ley y participación en la plenaria de un miembro del FMS. No se logra ninguna de las dos exigencias.

Este hecho de aprobar la Ley e ignorar los resultados de la consulta al magisterio  es considerado como una burla a la voluntad negociadora del FMS y un claro ejercicio de prepotencia de los diputados areneros y macacos. Este hecho se convierte en el detonante de las actividades posteriores.

LAS CALLES SE INCENDIAN: DEROGATORIA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÒN

La lucha continua bajo la consigna de la derogatoria de la Ley General de Educación, cuyo argumento es su inconstitucionalidad, razonada en los elementos siguientes:

1. Si bien es cierto que la Constitución da espacio a personas naturales o jurídicas a establecer centro privados de educación desde parvularia hasta universitaria, de acuerdo al artículo 54 que dice: “El Estado organizará el sistema educativo, para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas de establecer centros privados de enseñanza.”; sin embargo, es inconstitucional privatizar los centros oficiales de educación o pasarlos a que sean “administrados por personas naturales o jurídicas”, porque:

• “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.”

• En un país donde existen 4,300 centro educativos oficiales y 25,000 maestros para una población escolar de dos millones y medio; donde quedan fuera del goce a la educación más de un millón de niños; es una injusticia social tratar de privatizar los pocos centros educativos oficiales dado que son muy pocas las familias que tienen la capacidad financiera para cancelar las colegiaturas mensuales exigidas en los centros privados.

• Es inconstitucional  porque es una obligación del Estado garantizar el goce a la cultura y la educación a todos los habitantes de la República de El Salvador y no sólo a un reducido sector social.

• El artículo 53 de la Constitución enfatiza en ese punto, cuando dice: “El derecho a la educación y la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia,  es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.”

• Lo cual indica que la política del Ministerio de Educación no debe orientarse a descargar su obligación constitucional en sectores privados, sino a construir más centros educativos oficiales, a formar y contratar maestros para hacer llegar la educación a todos los rincones geográficos y sociales de la nación.

2. Cuando existe fricción entre el interés privado y el interés público, como se da en los centros oficiales de educación con la aprobación de esta ley, el artículo 246 dela Constitución define la situación de la manera siguiente: “Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado.”

La Ley General de Educación violenta la obligación del Estado a garantizar el goce a la educación y la cultura para todos los habitantes de la República de El Salvador al dar primacía al interés privado entregándoles los recursos del Estado a personas naturales o jurídicas para que se lucren en el negocio de la educación.

En consecuencia, el FMS impulsa y ejecuta a nivel nacional las siguientes suspensiones laborales en forma progresiva:

1. Suspensión de labores durante un día: el uno de junio.
2. Suspensión de labores durante dos días: trece y catorce de junio.
3. Suspensión de labores durante tres días: diez, once y doce de julio.
4. Suspensión de labores durante cuatro días: veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de julio.

En esta última suspensión de labores se dan algunos hechos de importancia:

1. Se solicita audiencia al Presidente de la República, Alfredo Cristiana, para el viernes veintisiete de julio, a manera de hacer coincidir una marcha planificada para ese día y dirigida hacia Casa Presidencial; cuyo objetivo es descalificar al Ministro de Educación como interlocutor válido para solucionar el problema y dirigir la presión social al Presidente de la República.

2. El Presidente de la República convoca al FMS a una reunión para el día miércoles veinticinco de julio, con el propósito de contener el auge de la lucha en la suspensión progresiva de labores y desmovilizar la marcha programada para el viernes veintisiete.

En dicha reunión, el Presidente propone la formación de dos comisiones mixtas: una que analice la Ley General de Educación para consensuar reformas, argumentando de que él no puede pedir la derogatoria porque fue el Órgano Ejecutivo quien dio iniciativa de ley a la misma; otra comisión para que analice la plataforma reivindicativa de ANDES 21 de junio, que está enfocada en los puntos siguientes:

• Aumento salarial de quinientos colones.
• Resolver la problemática existente en el Programa del Servicio Médico – Hospitalario para el magisterio.
• Pensión por jubilación del ciento por ciento del salario devengado por el educador, sin límite o techo.
• Material para todas las escuelas del país.
• Contratación de todos los profesores desempleados.

La primera comisión se reunirá según programación por común acuerdo de las partes en Casa Presidencial; la segunda comisión se reunirá según programación por común acuerdo de ambas partes en el Ministerio de Educación.

3. El doce de julio, el presidente decreta un aumento salarial de ciento cincuenta colones para todos los empleados públicos, el cual entra en vigencia a partir del uno de agosto del mismo año; el cual es publicado en todos los medios de comunicación el día viernes trece de julio, justo cuando se inicia la segunda suspensión de labores docentes.

4. Desde el mes de mayo se desarrolla una efervescencia de lucha sindical, principalmente de los empleados públicos. El magisterio nacional contra el decreto 495 y los trabajadores de otras dependencias estatales contra el decreto 483, relativo al régimen de control de ejecución de presupuestos especiales, debido a que esto paralizará toda reivindicación económica y eliminará las conquistas laborales logradas a la fecha; además, pretende quitar la autonomía a instituciones como la Compañía de Energía Eléctrica (CEL), Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

5. El gobierno, a través de los Alcaldes, fuerzas militares, para-militares y policiales, desarrolla todo un accionar de presión y represión contra los educadores, estudiantes y sindicalistas; lo cual es acompañado con una fuerte campaña publicitaria escrita, radial y televisiva de ataque directo hacia la dirigencia de ANDES 21 de junio y líderes sindicales, tratando de justificar el acto físico represivo de la amenaza, el secuestro o el asesinato.

6. El Ministro de Educación lanza a todos sus funcionarios burócratas a realizar sesiones de maestros por todo el país, con el objetivo de explicar las “bondades” de la Ley General de Educación, su “innecesaridad” para el desarrollo de la educación nacional, para “mejorar su calidad” y para “desenmascarar” las “tergiversaciones” que el FMS está haciendo de la Ley.  Todas estas reuniones tienen un denominador común: el rechazo manifiesto de los educadores a los funcionarios y la discusión confortativa hacia los argumentos del Ministro de Educación. Este es, sin duda, el más fiel termómetro que permite medir la correlación de fuerzas en ese momento.

EL DIÀLOGO POR EL DIÀLOGO: LA TÀCTICA DILATORIA DE LAS COMISIONES MIXTAS

El FMS acepta la propuesta presidencial de las comisiones mixtas y de la búsqueda de reformas a la recién aprobada Ley General de Educación, flexibilizando su posición de exigir la derogatoria; sin embargo, la suspensión de labores siguió su curso y la marcha programada para el viernes veintisiete de julio se realiza sin adversidades, la cual se desplaza por el centro de la capital y culmina con un mitin en la Plaza Morazán.

El trece de agosto se realiza la primera reunión de las comisiones. En ambas, el gobierno aplica la táctica del diálogo sin acuerdos, tal como se desarrolla en la Comisión Tripartita, constituida por los grandes empresarios, centrales sindicales y gobierno; su objetivo es claro: ganar tiempo para adormecer los ánimos de lucha del magisterio y del pueblo organizado.

El FMS reacciona después de cuatro sesiones de trabajo estériles, siendo en la reunión del veinte de agosto donde presiona a los delegados gubernamentales para que develen sus ocultas intenciones, al presentarles las peticiones siguientes:

1. Una comisión gubernamental de alto nivel con capacidad de tomar decisiones;
2. la inmediata desestructuración del cuerpo de “supervisores docentes”, el cual es un ente burocrático creado por la Ley General de Educación con el objetivo de ejercer un control socio-político sobre los educadores e intentar organizar base social para el partido en el gobierno.

En dicha reunión se da una situación importante: el Dr. Edmundo Barrera, asesor jurídico del Ministro de Educación y jefe de la delegación gubernamental en la comisión mixta, se retira después de dos horas de discusión, argumentando tener asuntos que ameritan su presencia, y delega su responsabilidad al profesor Ubilfredo Panameño, gerente regional de la zona central.

La discusión está centrada, en ese momento, en el artículo once de la Ley, el cual dice: “En el nivel medio y superior tecnológico oficial, las cuotas de escolaridad serán determinadas por el Ministerio de Educación, de acuerdo con las circunstancias en el campo social y económico del país.”

La propuesta de reforma del FMS es expresada en dos literales:

1. a)En el nivel medio, la cuota de matrícula es de diez colones y nueve cuotas de escolaridad anual de seis colones cada una.
2. b)En el nivel superior tecnológico, la cuota de matrícula es de quince colones y diez cuotas de escolaridad anual de diez colones cada una.

El argumento del gobierno es dejar facultad al Ministerio de Educación de recaudar los fondos necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza; y el argumento del FMS es facilitar el acceso a la educación media y superior tecnológica mediante una cantidad baja de dinero en concepto de matrícula y cuota de escolaridad.

Después de una extensa discusión de cuatro horas se logra la primera reforma de consenso, la cual está contenida en el literal a) del artículo once de la ley, dejando pendiente el literal b) del mismo artículo para una nueva propuesta del Ministerio de Educación a plantearla en la próxima sesión.

Posteriormente, en la reunión del veintisiete de agosto, con el Dr. Edmundo Barrera encabezando la delegación gubernamental, se retractan de la reforma consensuada y la califican como una petición de la comisión mixta al Ministro de Educación.

El objetivo de la táctica dilatoria mediante el diálogo sin acuerdos queda evidenciado en esa reunión; igualmente, la incapacidad de la delegación gubernamental para tomar decisiones.

Tampoco hubo respuesta a las dos peticiones concretas hechas en la sesión del veinte de agosto.

El único acuerdo alcanzado en la sesión del veintisiete de agosto es de reunirse nuevamente el próximo cinco de septiembre, a las nueve de la mañana.

El mismo fenómeno sucede en la comisión mixta que trata sobre las demandas reivindicativas, donde solamente se logra el compromiso del Ministerio de Educación a realizar gestiones en el Ministerio de Hacienda para el aumento salarial, aumento en el aguinaldo (del cual se logra un incremento de cien colones: de quinientos a seiscientos colones; cuando la demanda planteada es de ciento por ciento del salario devengado por el educador) y sobre la pensión por jubilación.

El único acuerdo alcanzado es continuar con las sesiones, la cual queda programada para el viernes siete de septiembre.

Para romper esa táctica dilatoria del diálogo sin acuerdos, que les ha venido funcionando en la Comisión Tripartita, el FMS convoca a una nueva suspensión de labores de cinco días comprendido entre el tres y siete de septiembre, a una concentración en la PlazaCívica y marcha hacia Casa Presidencial para el miércoles cinco de septiembre; asestando un fuerte golpe al programa cívico gubernamental del mes de la Independencia Patria, pues se les desarticula la ejecución de varias actividades programadas a nivel nacional; se desenmascara la falsa actitud de diálogo del gobierno para con las organizaciones sociales; se reafirma la falta de voluntad política del gobierno para resolver consensuada mente la problemática nacional.

El Ministro del Interior, coronel Juan Antonio Martínez Varela, miembro de la delegación oficial gubernamental en el proceso de diálogo – negociación para la paz en El Salvador, dedica un comunicado oficial amenazador en contra de los dirigentes del FMS por la realización de la suspensión de labores en el mes de septiembre. El Vice-Ministro de la Presidencia de la República, Altschul, repite el mismo discurso del Ministro del Interior en reiteradas declaraciones dadas a la prensa nacional, abriendo una campaña de terror ideológico en todo el ámbito nacional.

En esta suspensión de labores, el Ministerio de Educación reacciona con toda su maquinaria propagandística buscando como objetivos:

1. Atribuir un carácter político y no gremial al accionar del FMS, mediante la relación FMS –FMLN, dirigentes sindicales – comandantes del Frente.
2. Confrontar al padre/madre de familia con los educadores, argumentando que las huelgas magisteriales dañan al niño y no así al Ministro de Educación.

EL GOBIERNO CEDE A REFORMAR LA LEY GENERAL DE EDUCACIÒN

En  reunión del once de septiembre empieza a manifestarse el efecto de la presión ejercida por el magisterio nacional con las jornadas de lucha; pues, en una sesión de cinco horas de trabajo se llega a los acuerdos y compromisos siguientes:

1. Re-iniciar las conversaciones con la intervención personal del Ministro de Educación o con sus representantes con plenas facultades de decisión.

2. No se ejecutarán descuentos de salarios a los maestros que participaron en la suspensión de labores del tres al siete de septiembre.

3. El FMS se compromete a no llevar más paros de labores siempre y cuando subsistan las condiciones y la voluntad política del gobierno para encontrar soluciones a la problemática presentada por el magisterio, a través de la discusión y análisis mediante el diálogo.

4. Integrar una sola comisión para el análisis y discusión de la PlataformaReivindicativa y de las reformas a la Ley, con la participación de un representante por cada Asociación Magisterial con capacidad de decisión y con derecho a un voto por cada Asociación.

5. El FMS se compromete a presentar un pliego que contenga todas las reformas a la Ley General de Educación dentro de un plazo de tres días y el Ministerio de Educación se compromete a analizarlas técnicamente y a presentar por escrito su planteamiento concreto sobre las mismas en un plazo de diez días.

Asimismo, el Ministerio de Educación asume los compromisos siguientes:

1. Gestionar ante el Ministerio de Defensa a que detenga las acciones de presión y represión contra el magisterio, padres de familia y estudiantes; casos concretos como:

1. a)Escuela de Ataco, en Ahuachapán: la Guardia Nacional (GN) penetra a la escuela y se lleva listado de profesores.
2. b)Tercer ciclo “Humbolt”, en Ahuachapán: la GN penetra a la escuela y se lleva listado de profesores.
3. c)Escuelas de Mercedes Amaña y Estancuelas, Usulután: la custodia del puente Cuscatlán amenaza a los profesores.
4. d)El profesor Luis Martínez, en Sensuntepeque, es agredido por un Teniente del Destacamento Militar, el dos de septiembre.
5. e)El domingo dos de septiembre, hombres armados que se conducen en un panel VW, color rojo, propiedad del Destacamento Militar, amenazan a los profesores para que no apoyen el paro de labores, en Sensuntepeque.
6. f)El Alcalde de San Pablo Taca chico, en La Libertad, expresan amenazas contra los profesores; y el Comandante cantonal elabora listado de los educadores.
7. g)El Comandante de Artillería expresa amenazas contra los educadores de San Juan Opaco, en La Libertad.
8. h)El Alcalde y el Comandante de la Segunda Brigada, en Santa Ana, ha distribuido dos volantes donde amenaza a la Junta Directiva de ANDES y a los maestros afiliados a las organizaciones del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS).
9. i)Durante la suspensión de labores, la GN de Usulután militariza a la escuela de la hacienda “La Carrera” e intimida a los profesores.
10. j)La Escuela Nacional de Comercio (ENCO), en San Salvador, es militarizada durante la suspensión de labores.
11. k)La campaña publicitaria de los Titulares de Educación y las declaraciones públicas de Altschul, Vice-Ministro de la Presidencia de la República, de García, Presidente de FINATA, y de Martínez Varela, Ministro del Interior y miembro de la delegación gubernamental de diálogo; alientan la confrontación y acusan, irresponsablemente, al FMS de ser fachada del FMLN, lo cual es sumamente peligroso para la integridad física de los dirigentes y afiliados del FMS y violatorio de los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños.

2. Gestionar a nivel de Gobierno Central un incremento en el aguinaldo de este año y un incremento salarial para el próximo año.

3. Que las pensiones se otorguen con treinta años de servicio y con un monto equivalente al promedio salarial de los últimos tres años.

4. Gestionar traspaso de los ocho millones de colones que constituyen el fideicomiso al programa de pensiones del régimen docente que administra el INPEP.

5. Reforzar el presupuesto con veinticinco millones de colones para los programas de salud de Bienestar Magisterial, para el año de mil novecientos noventa y uno.

6. Presentar al FMS, dentro de un plazo de quince días, el plan para la ejecución del proyecto de un Hospital Magisterial  en San Salvador.

El FMS destaca tres aspectos importantes en los acuerdos y compromisos logrados en la sesión del once de septiembre:

1. El no descuento salarial por la suspensión de labores de cinco días. El descuento salarial había sido convertido en punto de honor para el Ministerio de Educación y el no descuento salarial había sido convertido en punto incalificable para el FMS.

2. Los acuerdos y compromisos asumidos por el Ministerio de Educación están contenidos en acta firmada por los asistentes, lo cual es prueba fehaciente a utilizar en caso de que el Ministerio de Educación no cumpla.

3. La suspensión de labores será realizada si el Ministerio de Educación no manifiesta voluntad política en acciones concretas como: lograr reformas a la Ley General de Educación en cada una de las reuniones; cumplir con los compromisos en los plazos estipulados, referente a la PlataformaReivindicativa. El FMS está demostrando flexibilidad y voluntad para potenciar el diálogo como mecanismo para la solución de la problemática magisterial; pero si el Ministerio de Educación pretende jugar a la táctica dilatoria, tendrá que probar nuevamente la fuerza del Magisterio Nacional.

Desde esta reunión del once de septiembre es que el gobierno empieza a ceder y a buscar soluciones mediante el diálogo serio y responsable, a pesar de la publicidad manipulada. Para entender esta nueva actitud se debe considerar los siguientes elementos:

1. La disposición de lucha del magisterio, estudiantes y padres de familia; quienes a pesar de llevar varias jornadas no evidenciaron cansancio o desgano, sino un mayor entusiasmo por “topar” al gobierno. Entre más avanzaba la lucha, más personas se incorporan a las jornadas; llevando un ritmo ascendente y progresivo.

2. La inflexibilidad del gobierno en el Diálogo Nacional por la Paz con el FMLN, donde omitiendo los Acuerdos de Ginebra pretende imponer su fórmula de cese de fuego y luego acuerdos políticos sobre la desmilitarización de la sociedad para la democratización del país. En consecuencia, siendo flexible con el FMS trata de demostrar a la población salvadoreña que la inflexibilidad en el Diálogo Nacional por la Paz corresponde al FMLN y no al gobierno.

3. La amenaza real del recorte de la ayuda militar de Estados Unidos para la FuerzaArmada. Lo cual se convierte en un fuerte condicionamiento para la delegación gubernamental en el proceso del Diálogo Nacional para la Paz.

4. Los vientos de guerra en el Golfo Pérsico. Lo cual está desencadenando un alza en los precios del petróleo, que significa un incremento en la partida de importación para el país. Costo que será trasladado al pueblo mediante incrementos al precio del combustible  y derivados del petróleo, lo que conduce, inevitablemente, al aumento de precios de los productos de consumo y servicios de uso básico de la sociedad, calando con más fuerza en los sectores más pobres de la sociedad salvadoreña. El gobierno prevé que las medidas impopulares que tendrá que decretar desencadenarán una múltiple y variada protesta popular que le traerá grandes costos políticos a su gobierno y a su partido, sobre todo en un momento político delicado por las elecciones de diputados y concejos municipales que se realizarán en marzo del noventa y uno. Previendo el huracán de protestas que se le viene encima es que trata de solucionar, inmediatamente,  esta confrontación que mantiene con el magisterio nacional y prepararse para la nueva oleada social que está a punto de explosionar.

5. La progresiva unificación de la oposición social que está consolidándose mediante la lucha en torno a puntos coyunturales comunes. La Ley General de Educación da origen a la unificación de las distintas organizaciones magisteriales; por consiguiente, el gobierno pretende resolver la problemática de la Ley para anular el punto coyuntural y lograr la desintegración de la unidad magisterial.

En cumplimiento del quinto acuerdo del once de septiembre, el FMS hace entrega del conjunto de reformas a la Ley General de Educación para que el Ministerio de Educación realice el “análisis técnico”.

El veintiuno de septiembre se realiza la reunión que preludie a la conclusión de la jornada, en donde están presentes por el Ministerio de Educación: Licda. Cecilia Gallardo de Cano, Vice-Ministra de Educación, Dr. Raymundo Antonio Rodríguez Barrera, Lic. Edgardo Bendix y Lic. Carlos Campos; y por el FMS los dirigentes gremiales: Profesor Roberto Serrano (MMDC), Profesora Ofelia Rivera (UNES), Profesor Julio Sibriàn (SIMES), Profesor Oscar Morán Toledo (SGEEPES), Lic. Adán Gómez Soto (CODINES), Profesor Saúl Sánchez y Lic. Jorge Alberto Morales (ANDES).

El Ministerio de Educación lleva “por escrito su planteamiento concreto”, tal como lo establece el acuerdo cinco de la sesión del once de septiembre, sobre la aceptación de nueve reformas presentadas por el FMS, que son las siguientes:

1. Derogase el inciso segundo del artículo veinticuatro: “La Educación Parvulariacomprenderá, por lo menos, los componentes curriculares que propicien en el educando, normalmente de cuatro a seis años, el desarrollo de los valores de la sociabilidad, el apresto para la lector-escritura, el cálculo, el conocimiento de la naturaleza, y en general su desarrollo integral.” Suprimiendo el inciso segundo que dice: “El certificado de educación parvularia autoriza, en forma irrestricta, el acceso a la Educación Básica.”

El razonamiento del FMS es el siguiente: se obliga a tener certificado de parvularia para ingresar a Educación Básica, cuando es notoria la carencia de centros de educación parvularia y donde solamente el trece por ciento del total de niños que ingresan a primer grado básico ha logrado cursar parvularia. De tal manera que la consecuencia directa de este artículo es dejar fuera del sistema al ochenta y siete por ciento del universo de población escolar por no haber cursado parvularia.

2. Se sustituye el artículo treinta:

• Original: “La Educación Media ofrecerá la formación del educando en dos modalidades: una general y otra vocacional. La primera para que pueda continuar estudios de nivel superior y la segunda para su incorporación a la vida laboral.”

• Reformado: “La Educación Media ofrecerá la formación del educando en dos modalidades: una general y otra vocacional, ambas permitirán continuar estudios de nivel superior o incorporarse a la vida laboral.”

El razonamiento del FMS está en el sentido de que la Educación Media ofreciera dos modalidades hacia senderos excluyentes; con la reforma se explicita que las dos modalidades son incluyentes para continuar estudios superiores o para incorporarse a la vida laboral.

3. Se agrega un nuevo inciso al artículo ochenta y dos: “La administración educativa es un proceso que tendrá por objetivo inmediato organizar los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y materiales para alcanzar los fines generales de la educación nacional. Se fundamentará  en los criterios de descentralización y desconcentración, manteniendo la unidad de las políticas educativas y demás normas legales del Estado.

La administración de recursos humanos estará sujeta a lo establecido en el derecho de estabilidad de los educadores.”

Razonamiento del FMS: con este inciso se garantiza el derecho a la estabilidad laboral de los educadores; independientemente de los movimientos administrativos que pueda realizar el Ministerio de Educación.

4. Se deroga el artículo ochenta y siete, el cual se refiere a la municipalización de las escuelas de educación básica.

5. Derogase el literal e) del artículo noventa y dos. Este artículo está referido a las funciones del “Supervisor Docente”, en donde se suprime la función de: “e) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y demás que fueren aplicables.”. Es decir, con la supresión de esta función se le quita un poder omnímodo a los Supervisores, desnaturalizando la motivación del gobierno al crear esta figura jurídica. Sin embargo, la existencia de este cuerpo de burócratas sigue siendo cuestionada porque es un gasto superfluo del Estado que sólo se basa en criterios de clientelismo político, cuando lo que urge en el país son más escuelas, más maestros y provisión de recursos y material didáctico.

6. Derogase el artículo cien, que está referido a la privatización de los centros oficiales de Educación Media y Educación Superior Tecnológica.

7. Se sustituye el inciso tercero del artículo ciento cuatro:

“Art. 104.- La administración económica de los Centros Particulares de Educación corresponde a los propietarios o encargados de los mismos.

Se prohíbe a los Centros Particulares de Educación, dentro de un mismo año lectivo, cualquier aumento del valor de la cuota de escolaridad registrada en el prospecto anual respectivo.

Todo aumento referido a la carga económica deberá darse a conocer con la debida antelación a los padres de familia.”

Este tercer inciso se sustituye por el siguiente texto: “Todo aumento referido a la carga económica sólo podrá autorizarse por acuerdo de las tres cuartas partes del total de padres de familia, reunidos en Asamblea General”

8. El artículo ciento once es sustituido por el texto completo del artículo veintiocho dela Ley de la Profesión de Maestro, que es una Ley Especial conquistada en las jornadas de lucha magisterial de mil novecientos sesenta y nueve y aprobada por la Asamblea Legislativa el nueve de septiembre del mismo año. Este artículo está referido a los deberes de los educadores.

El Ministerio argumenta que  técnicamente es incorrecto que un artículo de una Ley General esté repetido en una Ley Especial; y el razonamiento de FMS consiste en que si técnicamente es incorrecto, políticamente es necesario para garantizar que en cualquier reforma futura a la Ley de la Profesión de Maestro se respete el texto completo del artículo veintiocho.

9. El artículo ciento doce es sustituido por el texto completo del artículo veintisiete dela Ley de la Profesión de Maestro y está referido a los derechos de los educadores. El razonamiento es el mismo utilizado para el artículo ciento once.

10.Derogase el inciso segundo  del artículo ciento veinte:

“Art. 120.- Las personas que tengan la representación de los educandos, tienen el derecho de elegir el centro educativo que deseen.

En los centros oficiales de educación, tendrán prioridad de inscripción los educandos de la comprensión geográfica de su residencia. El derecho de inscripción mencionado estará limitado al cupo de la institución y a las demás disposiciones legales aplicables.”

La razón del FMS para suprimir este segundo inciso consiste en la discriminación geográfica para la matrícula de los educandos; pues, son tan pocas las escuelas existentes para la inmensa cantidad de población escolar, que el padre de familia matricula a sus hijos en aquella escuela donde logra cupo, aun así esta se encuentre bastante lejos de su domicilio.

Estas reformas son presentadas el veintisiete de septiembre a la AsambleaLegislativa por una comisión mixta integrada por el Ministerio de Educación y FMS.

En la tarde del mismo día entra como pieza de correspondencia en la sesión plenaria de los diputados y es remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo estudio.

Los medios de comunicación dan gran publicidad al acontecimiento, manipulando la información para resaltar la “voluntad y flexibilidad del gobierno”, para enfatizar el compromiso del FMS “a no realizar más paros” y para dar por concluida la jornada de lucha en torno a la Ley General de Educación, que se mantuvo presente durante todo el año escolar.

EL INICIO DEL FIN: UN ÙLTIMO EMPUJONCITO

Las reformas a la Ley General de Educación pasan de la sesión plenaria a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que los diputados las analicen y den su dictamen.

Los días pasan y el dictamen está retrasado. El temor de que las reformas pasen a la gaveta a dormir “el sueño de los justos” y conociendo el carácter fascista y prepotente de los diputados areneros, quienes en mas de una ocasión han confrontado hasta con su propio Presidente de la República, el FMS convoca a una suspensión de labores para el once de octubre y llama a una concentración de maestros en la Plaza Cívica para dirigirse en marcha hacia la Asamblea Legislativay exigir a los diputados la inmediata aprobación de las reformas. La medida está orientada a presionar a los diputados areneros y macacos a que agilicen la aprobación de las reformas.

La reacción del gobierno se manifiesta en dos formas:

1. Una amenaza de cárcel o despido laboral para los instigadores y participantes de las huelgas en el sector estatal, publicada el cinco de octubre.

Esta amenaza es generalizada para todos los sindicalistas y pueblo trabajador, como una previa medida política de suavización mediante el terror para el golpe económico que el Presidente de la República da al pueblo el miércoles diez de octubre al decretar los nuevos precios del combustible, los cuales ascienden en un cincuenta y siete por ciento del precio vigente, que en si es ya elevado.

2. Después de reunirse el FMS con los Titulares del Ministerio de Educación el lunes ocho de octubre y plantearles la preocupación por el retraso en la aprobación de las reformas por la Asamblea Legislativa, la Vice-Ministra de Educación visita a los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el martes nueve de octubre para exigirles que pasen inmediatamente su dictamen a la sesión plenaria. En sus declaraciones públicas dice que ANDES 21 de junio rompe los acuerdos al convocar a paro de labores, el cual es injustificado porque existe consenso en la AsambleaLegislativa para aprobar las reformas.

El jueves once de octubre se concretiza el paro de labores, los educadores marchan hasta la Asamblea Legislativa, donde un escuadrón de anti-motines, armados hasta los dientes, les impide el ingreso al Salón Azul de la AsambleaLegislativa, lugar donde los diputados realizan las sesiones plenarias; negándoles el derecho a escuchar los debates parlamentarios sobre las reformas consensuadas a la Ley General de Educación y amenazándoles con gases lacrimógenos, garrote y plomo.

Ese día es presentado el dictamen a la sesión plenaria, donde no hubo oposición sino lo contrario: los diputados del MAC y de ARENA se daban golpes de pecho por haberse equivocado al aprobar la Ley General de Educación sin escuchar a los maestros. “Errar es de humanos”, “los maestros tienen razón”, “para rectificar vamos a votar a favor”, son algunas de las frases expresadas por los diputados areneros y macacos en esa sesión plenaria. Es mas, la recalcitrante extremista de derecha Gloria Salguero Gros expresa su “admiración” por la tenacidad de lucha de los maestros, porque defendieron la razón de la verdad; pero, para matizar un poco, elogia la actitud “flexible y madura” del Ejecutivo para aceptar el error y su disposición a rectificar.

Aparte de la campaña electorera que hizo a su partido ARENA con el elogio, lo que expresó de fondo es la aceptación de la derrota y el reconocimiento a la actitud irracional que mantuvieron durante ocho largos meses.

El logro de las reformas a la Ley General de Educación es producto de los continuos y contundentes golpes que el magisterio tuvo que asestarles para hacerles reconocer el error y obligarles a corregirlo. Esto último, por supuesto, no lo aceptará la señorita Salguero Gros.

La prensa nacional destaca la información utilizando las palabras de lucha  del FMS: “El Artículo 100 contemplaba la privatización de la educación y el Artículo 87, daba lugar a que las alcaldías manipularan la educación.”, cuando estos periódicos nunca habían aceptado lo que hoy están escribiendo.

Sólo el anacrónico periódico de extrema derecha se queda repitiendo el argumento de que “Con las modificaciones se suprimen los artículos 87 y 100 de la LeyGeneral de Educación, que contenían la facultad de pasar la administración de los tecnológicos a entidades privadas, así como la mayor intervención de las alcaldías en la educación primaria”. Esto lo escribe en un extenso artículo donde dedica más líneas a una disputa personalista entre dos diputados, para tratar de minimizar la importancia del gran triunfo logrado por el magisterio.

LA CELEBRACIÒN DEL TRIUNFO

En consonancia con la actividad latinoamericana denominada “Jornada Continental en la Defensa de la Escuela Pública”, a desarrollarse en las fechas comprendidas entre el quince al veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, culminando con una suspensión de labores a concretizarse simultáneamente el diecisiete de octubre; ANDES 21 de junio convoca a un paro de labores y realiza una actividad político – cultural en la Plaza Cívica, de tres a seis de la tarde, con los objetivos de:

• Celebrar el triunfo logrado con las reformas a la Ley General de Educación.

• Solidarizarnos con los maestros latinoamericanos que este día suspenden labores en protesta por la política de privatización de la educación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y en manifestación de defensa de la escuela pública.

• Mantener los ánimos de lucha en el magisterio nacional para las nuevas jornadas que tendrán que impulsarse el próximo año, para conquistar nuevas reformas a la Ley General de Educación y satisfacer las demandas reivindicativas para la educación y  para mejorar las condiciones de vida de los educadores.

La actividad del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa es histórica en cuanto que es la primera vez que las organizaciones magisteriales latinoamericanas realizan una acción concreta de lucha en forma simultánea. Esta actividad marca un salto cualitativo para los pueblos de Latinoamérica porque se pasa de las declaraciones formales a las acciones de lucha.

Es indudable que la acción es un golpe contundente proporcionado a los gobiernos manejados por los hilos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Latinoamérica manifiesta su disposición a luchar por defender sus intereses populares.

CONCLUSIONES

1.      Las reformas conquistadas son muy importantes en cuanto que se derrota a la concepción privatizadora de la educación del gobierno del partido ARENA. Sin embargo, la Ley General de Educación requiere de más reformas, principalmente en la Fundamentación Doctrinaria, el capítulo referente a la Democratización de la Educación, la Supervisaría Docente y el autoritarismo concedido a los funcionarios, los cuales están contenidos en varios artículos de la Ley. Existe, pues, bastante contenido para luchar por nuevas reformas y así lograr un cuerpo jurídico que sí responda a las necesidades educativas y de soporte al necesario rediseño del actual sistema educativo.

1.      Esta experiencia demuestra que sólo luchando se logra hacer entrar en razón a los gobernantes, quienes empecinados en aplicar su programa económico – social de corte neo-liberal marginan a las grandes mayorías sociales, negándoles el legítimo derecho a la vida plena, a la alimentación, a la vivienda digna y segura, a la salud y a la educación.

Medidas de presión como paros, huelgas, marchas, concentraciones etc. son tan necesarias e importantes como el aceite para las máquinas, que les lubrica todas sus piezas para hacerlas funcionar eficientemente.

                         III.     El diálogo es el mecanismo más adecuado y racional para buscar soluciones consensuadas a los grandes problemas de la nación, no se tiene duda de ello; pero, este proceso se activa y funciona si se ejerce la presión social necesaria en los momentos precisos y oportunos para hacer avanzar ese instrumento hacia los necesarios acuerdos consensuados; caso contrario, el diálogo se convierte en un elemento táctico para derrotar las posiciones del adversario.

El diálogo sin acciones de presión acompañantes es una lamentable pérdida de tiempo, pues se convierte en un elemento táctico del gobierno para adormecer los ánimos de lucha y continuar aplicando su política gubernamental.

1.      Este triunfo se logra por la participación conjunta, armónica y decidida de los educadores, estudiantes y padres de familia; quienes a través de seminarios de reflexión llegan a conocer el contenido y la intencionalidad de la LeyGeneral de Educación, toman conciencia de las consecuencias y alcances de este marco jurídico y se arman de valor y disposición para defender sus derechos constitucionales.

Luego vinieron las asambleas informativas y consultivas, donde se informa sobre los avances y retrocesos en el proceso de diálogo, se consultan sobre la construcción de nuevos escenarios y de nuevas acciones de lucha. Finalmente viene la ejecución efectiva de las acciones acordadas, donde se concretiza la disposición de lucha de “aquellas personas imprescindibles para hacer historia”.

JORGE ALBERTO MORALES