¿Quién va a pagar los actos de corrupción? La población
Foto de Karolina Grabowska en Pexels
La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19.
Dicha normativa da inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas para proveedores de salud, médicos, farmacéuticos, organizaciones hospitalarias, fabricantes y funcionarios que autoricen la compra de los insumos y servicios en el marco de la pandemia.
Además, autoriza al Ministerio de Salud para que realice la contratación directa de productos y servicios relacionados a la pandemia, sin la regulación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.
Para el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, Ricardo Castaneda, se ha firmado un cheque en blanco para la corrupción y esto lo va a pagar la población.
Castaneda insistió en que hay una débil institucionalidad en El Salvador para el combate a la corrupción. Manifestó que en otros países, como Honduras y Guatemala, han sido los organismos internacionales los que han tenido que actuar cuando la corrupción ha cooptado las instituciones de control. Sin embargo, para el economista del ICEFI, en El Salvador la solución está en la población.
El ICEFI ha insistido en la importancia de que el país avance hacia un sistema tributario progresivo, donde quien tiene más, debe pagar más; y en el caso del gasto público es fundamental tener un presupuesto por resultados y mejorar la transparencia para evitar actos de corrupción.
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