¿Quién era Manuela? El caso que se debate en la Corte IDH y con el que demandan la despenalización del aborto en El Salvador
¿Quién era Manuela? El caso que se debate en la Corte IDH y con el que demandan la despenalización del aborto en El Salvador
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Colectivos feministas de El Salvador pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordene al Estado salvadoreño la despenalización del aborto.
"Solicitamos a la Corte, en aras de eliminar los estereotipos de género que se refuerzan por la existencia del marco normativo de la prohibición absoluta del aborto que impera desde 1998, ordene al Estado remover del ordenamiento jurídico esta disposición discriminatoria en razón del género y se despenalice el aborto como garantía de poner fin a la criminalización de las emergencias obstétricas", pidió Sara García, activista de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
La solicitud se hizo durante la segunda parte de la audiencia que llevó a cabo la Corte IDH, en la que tratan el caso de Manuela contra el Estado salvadoreño. Se trata de una mujer que fue condenada a 30 años de prisión, en agosto de 2008, acusada de homicidio agravado por un "parto precipitado" extrahospitalario, detalla la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, que indica que murió en 2010, a los 33 años, debido a un cáncer que padecía.
Esa agrupación, junto al Centro de Derechos Reproductivos, presentó el caso ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en 2012 y, en octubre de 2019, ese organismo decidió elevarlo a la Corte IDH, donde se trata ahora.
Criminalizada
La Colectiva Feminista detalló que Manuela era madre de dos niños, de 7 y 9 años, y padecía un cáncer linfático, del cual no había recibido un diagnóstico acertado, cuando salió embarazada por tercera vez.
El 27 de febrero de 2008, la mujer se dirigió a evacuar a una letrina que se encontraba a unos metros de su vivienda, tras sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. En el lugar, sufrió una emergencia obstétrica, expulsó al feto y se desmayó.
Tras lo ocurrido, fue llevada al hospital. "A pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto, pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta infidelidad", continúa el relato de la agrupación feminista.
La policía la esposó a la cama y fue interrogada sin la presencia de un abogado. A partir de ahí, se dieron graves irregularidades en el proceso penal que enfrentó Manuela y por el que fue condenada: por ejemplo, sus padres —mayores y sin saber leer ni escribir— fueron obligados a denunciarla, diciendo que se había provocado un aborto.
Dos años más tarde, en abril de 2010, Manuela murió mientras seguía esposada a la cama, víctima del cáncer que padecía y que, de acuerdo con sus defensoras, tampoco fue tratado adecuadamente.
Morena Herrera, también de la colectiva Feminista para el Desarrollo Local, denunció que Manuela fue víctima de violación de derechos humanos y el Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad.
"Que se repare de forma integral a su familia y que haya dignificación de la imagen de Manuela y de todas las mujeres que han sido criminalizadas por complicaciones obstétricas", manifestó, citada en la web de la agrupación.
En El Salvador, tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación, incesto o si la vida de la embarazada corre peligro.
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