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Una Corte dividida prepara el entierro de la Sección de Probidad
La Sección de Probidad cerrará 79 casos para obedecer el acuerdo que tomó la nueva Corte Suprema de olvidar las investigaciones de funcionarios que dejaron sus cargos hace más de diez años, una decisión que ha enfrentado a dos grupos de magistrados. La mayoría de beneficiados con la prescripción de las investigaciones son exfuncionarios del gobierno de Elías Antonio Saca.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El epitafio de la Sección de Probidad podría leerse así: aquí yacen las investigaciones del patrimonio de 79 personas que ocuparon cargos públicos antes de 2009. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enterrar esos casos, apenas cinco años después de que le devolviera a esa oficina las herramientas para empezara a hacer su trabajo, y después de que esta recomendara enviar a juicio a 36 funcionarios o exfuncionarios .
En enero pasado, once magistrados le ordenaron a Probidad que abandone las investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios que dejaron sus cargos hace más de diez años. Revista Factum tuvo acceso a tres listas que revelan cuáles son las investigaciones que serán sepultadas con ese acuerdo. Se trata, en su mayoría, de exfuncionarios del gobierno de Antonio Saca, el primer expresidente enviado a prisión por actos de corrupción en la historia reciente de El Salvador. Su esposa, Ana Ligia Mixco, confesó que lavó $17 millones. En mayo lo dirá ante un juez para gozar del acuerdo que alcanzó con la Fiscalía: trabajos de utilidad pública a cambio de su confesión. Y no tendrá que enfrentar una investigación por enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad de la Corte. Su expediente es uno de los que agonizan en las listas de casos prescritos.
El nocaut a Probidad mantiene divida la Corte en dos bandos. En un extremo están los magistrados que, alegando que es en cumplimiento a la Constitución de la República, defienden el acuerdo; y del otro están los que votaron en contra y ahora acusan a sus colegas de haber apagado las luces de la Sección de Probidad y de usar un “juego de palabras” para intentar suavizarlo.
En el acta del acuerdo aprobado hay ambigüedad. Los magistrados ordenaron olvidar, pero no definieron cuál será la tumba de los casos prescritos. El pleno decidió que ya no enviará a juicio civil por enriquecimiento ilícito a los exfuncionarios que dejaron su cargo hace diez años o más, pero no precisó si notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) los hallazgos de las investigaciones iniciadas. Y ahora nadie quiere dar la estocada final. Los magistrados que votaron por cerrar los casos dicen que nada quedará en la impunidad. Los que se opusieron al acuerdo sostienen todo lo contrario: que esos expedientes quedaron sepultados desde el pasado 31 de enero de 2019.
“Es como haber matado a alguien y no nos quieren echar el lomo para irlo a enterrar. Es duro, pero es así”, señala el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, coordinador de la Comisión de Ética y Probidad, y quien fue uno de los que votó en contra de la decisión.
Ramírez Murcia cree que sus colegas deberían darle la cara al país: «Yo les he estado insistiendo: ´ustedes tomaron una decisión. Por qué no asumen la responsabilidad y le dicen al país: todo este listado está prescrito”.
El acuerdo del olvido fue aprobado por los magistrados Óscar López Jerez, Sergio Luis Rivera, Dafne Sánchez, Elsy Dueñas, Roberto Argueta Manzano, Carlos Sánchez, Aldo Cáder, Armando Pineda Navas, Marina de Torrento, Roberto Calderón y Ovidio Bonilla. Nueve de ellos, incluidos cuatro de los que ingresaron a la CSJ en noviembre de 2018, han consolidado un bloque que ha votado similar en decisiones relacionadas con Probidad. En enero, por ejemplo, acordaron recortar el plazo de las investigaciones: ahora Probidad solo puede examinar un año después desde que un funcionario deja su cargo.
La magistrada Marina de Torrento, una de los once firmantes, defiende la decisión que tomaron: dice que lo que hicieron fue cumplir literalmente lo que ordena la Constitución. Un criterio contrario a lo que hizo la Corte anterior, que inició investigaciones de funcionarios que habían cesado hace más de diez años. Según ella, no todo está perdido, porque están revisando cómo harán para salvar algunos casos, pues todavía no tienen claro qué figura jurídica aplicarán.
“El tema de la prescripción es porque está en el inciso final del artículo 240 de la Constitución. Es clarísimo que dice que después de los 10 años no se puede incoar… Tenemos que tratarlo lo más pronto posible para que esos casos no se vayan a caer. Preocupados sí estamos, queremos hacer las cosas transparentes y que no caigamos en una situación de impunidad”, asegura la funcionaria.
Ramírez Murcia, por el contrario, asegura que ya no hay remedio, y que los casos terminarán en alguna gaveta de Probidad, a menos de que sus compañeros reviertan el acuerdo. “Ha sido una polémica fuerte, porque toman la decisión y no quieren asumir la responsabilidad”, cuestiona.
Óscar López Jerez, otro de los magistrados que avaló el acuerdo, sostiene, al igual que Torrento, que el cierre de los casos no implica que se pierdan todas las investigaciones que ya estaban iniciadas porque, según él, dan paso a que intervenga la Fiscalía.
“De estos casos que han prescrito, si existen indicios en algunos de ellos, se van a certificar para su envío a la Fiscalía. No es que se van a archivar o botar a la basura las investigaciones realizada. No se pueden mandar a la Cámara de lo Civil, porque la Constitución es clara; pero sí pasar a la Fiscalía”, dice López Jerez.
Pero Ramírez Murcia insiste en que no hay grises, y pinta un panorama muy negro: “Lo digo concretamente en mi voto del 31 de enero: le han dado un golpe fuerte a la sección de Probidad y a la lucha contra la corrupción. Tristemente lo digo. Se ha tirado una cortina que deja en la oscuridad muchos casos, y dentro de ese mar de casos hay muchísimos que son relevantes. Es trabajo perdido y es grave porque ha absorbido más de un año de trabajo de la oficina de probidad. No solo involucra el trabajo de Probidad si no de las instituciones del Estado”, dice el magistrado de la Sala de lo Penal.
El magistrado López Jérez, quien fue asesor del PDC en la Asamblea Legislativa, dice que está abanderando que se le dé garantías a los procesados: “No queremos que los errores que cometió la Sección de Probidad anterior nos sean achacados a esta Corte. La bandera que estoy izando es que todo se haga correctamente, con justicia y legalidad”, sostiene el magistrado de la Sala de lo Civil.
Y funcionarios como el diputado Guillermo Gallegos, uno de los investigados, se lo agradece: “La Sección de Probidad no es que sea, pues, un ente que ha actuado en los últimos tiempos conforme a derecho, han habido ahí, sobre todo con la actuación de la ex Sala de lo Constitucional, abusos, dolo. Ha habido intención premeditada de querer dañar en algunos casos, pero creo que esto se ha normalizado, se ha regularizado”.
A Gallegos no le hace gracia lo que hizo Probidad en los últimos cinco años: puso en evidencia la corrupción de dos expresidentes de la República, uno de ARENA y otro del FMLN; hizo públicas, con una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública, las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios; recomendó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a 36 funcionarios. Fue hasta que llegó su caso al pleno que los magistrados empezaron a conceder más plazos a los auditados y las investigaciones se terminaron de estancar con la salida de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, en julio de 2018.
“Esperamos que cuando la Corte conozca en mi caso particular, mi análisis o la investigación que se ha hecho, yo tengo la confianza en que voy a salir bien y que se me va a exonerar de la presunción de enriquecimiento ilícito”, auguró el 9 de abril pasado, en una entrevista en Canal 12.
El caso de Gallegos es uno de los que está por prescribir. El diputado de Gana ha logrado desvanecer un cuestionamiento original de $3.9 millones, porque la sección le ha aceptado que declare que recibió dinero de dos cuentas del partido ARENA. Los magistrados se disponen a declarar que no encontraron indicios de enriquecimiento ilícito y que el diputado no debe enfrentar un juicio civil. Como él, personajes de la talla del actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; o del expresidente por ARENA, Alfredo Cristiani, se ven beneficiados con el acuerdo.
La amnistiados en Probidad
La Sección de Probidad agrupó los expedientes de los 79 casos por vencer en tres categorías: la primera, donde aparecen los nombres de 16 exfuncionarios que cesaron en sus cargos entre junio de 1994 y marzo de 2009, incluye a los expresidentes del partido ARENA, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol; al exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt; y a ocho exdiputados del periodo legislativo 2003-2006. En ese bloque también está Enrique Molins, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES); y cuatro exfuncionarios de Saca.
Consulte el listado de las 79 exfuncionarios en su teléfono celular.
El último caso de esa lista es el de José Armando Zepeda Valle, quien fue presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) del 1 de junio de 2007 al 31 de marzo de 2009.Él fue condenado en 2013, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, a la pena mínima por incumplimiento de deberes, debido a que no investigó la venta ilegal de unas parcelas. Dos años después, en marzo de 2015, le fue impuesta una condena de 2 años con seis meses por avalar la entrega de lotes a empleados del ISTA. Nunca fue a prisión. En ambos casos terminó pagando sus delitos con trabajos de utilidad pública. Gracias al acuerdo, la Sección de Probidad no podrá investigar si hubo incremento injustificado en sus ingresos mientras estuvo al frente del ISTA.
En la segunda lista están todos los casos que prescriben este año: son 22 exfuncionarios del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de una alcaldía. En cuatro de estos, Probidad ya había finalizado la investigación y sólo hacía falta una resolución de Corte Plena: se trata de los expedientes de Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN; Guillermo Gallegos, investigado por su periodo como diputado de GANA entre 2006 y 2009; y Óscar Ortiz, actual vicepresidente del país, quien estaba bajo investigación por su cargo como diputado entre 1994 y 1997, y otra por uno de sus períodos al frente de la alcaldía de Santa Tecla, entre 2006 y 2009.
¿Qué opina Ortiz de que la Corte haya limitado el trabajo de Probidad? “Yo respeto lo de Probidad en todo sentido, antes y ahora… No importa, a mí me pueden decir cualquier tiempo, yo me siento totalmente seguro y a mí me pueden pedir cualquier información. Toda mi información está abierta”, respondió el pasado miércoles cuando se inscribió como candidato a secretario general de su partido.
El nombre de Ortiz aparece junto al de René Figueroa, exministro de seguridad en el Gobierno de Saca, y junto al de Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta de la República. Pero estos últimos dos casos, con una fecha posterior de prescripción a los de Ortiz, sí fueron resueltos en las últimas semanas por los magistrados. El 26 de marzo, la Corte decidió exonerar de un juicio por enriquecimiento ilícito a de Escobar, investigada por la obtención de $11 millones. Dos semanas después, la CSJ ordenó un juicio contra Figueroa por no justificar la procedencia de $309 mil.
A diferencia de los ejemplos anteriores, el 61% de los expedientes de esta segunda lista apenas estaba en la etapa de procesamiento de información y, con excepción de uno, todos los restantes vencerán el último día de mayo próximo. Una de esas investigaciones es la de Celina Escolán Suay, quien fue superintendente de competencia entre 2006 y 2009, también en el gobierno de Saca.
“Era importante revisar los ingresos posteriores. Yo respeto la interpretación que han hecho los magistrados, pero considero que atenta contra la transparencia que debía de existir y debilita el trabajo de Probidad. Ha sido un golpe a la transparencia”, opina Escolán sobre los efectos del acuerdo. Ella fue nombrada magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional en julio de 2009 y finalizó en ese cargo el año pasado. Eso, a su juicio, hará que a diferencia de otros su caso no sea archivado.
Descargue la base de datos completa de los Exfuncionarios investigados por Probidad.
La última lista, titulada “Casos de investigación que no han sido asignados y que prescriben en el año 2019 cuyos funcionarios no poseen cargos después del año 2009”, incluye a 43 exfuncionarios cuyos casos prescriben el próximo 31 de mayo. Con excepción del exdiputado Héctor Dada Hirezi (2006-2009), está integrada exclusivamente por exfuncionarios del gobierno de Saca, incluyendo a su esposa Ana Ligia, y Eduardo Ayala Grimaldi, exsecretario técnico de la presidencia, quien ya falleció.
Juan Miguel Bolaños es otro ejemplo en esta lista. Él pidió sobornos a un proveedor cuando era ministro de Gobernación en el Gobierno de Saca. Un tribunal lo encontró culpable de actos arbitrarios en 2014 y como castigo le asignó trabajos de utilidad pública: tuvo que recoger las ofrendas en una iglesia de Santa Ana. En este caso, Probidad tampoco podrá determinar si él se enriqueció ilícitamente porque ni tan siquiera alcanzó a procesar su información patrimonial, según consta en el informe.
Revista Factum obtuvo, mediante una solicitud de acceso a la información pública, la lista de funcionarios investigados. La Sección de Probidad entregó un ese documento con los nombres de 56 funcionarios, pero esos datos no coinciden con las tres listas de casos prescritos en poder de los magistrados. Probidad tampoco quiso proporcionar los montos por los que cada uno es investigado alegando que la Corte declaró esta información como reservada desde junio de 2017.
La información entregada por la Unidad de Acceso a la Información Pública, generada un día después que los tres informes internos, dejó fuera los nombres de todos los exfuncionarios de Saca bajo investigación. Las listas privadas en poder de los magistrados no incluyen tres casos que también prescriben este año: el de Fernando Arguello Téllez, quien fue superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones del 15 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2009; el del exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, quien estuvo en ese cargo del 1 de agosto de 2004 al 31 de junio de 2009; y el de Ángel Benjamín Cestoni, quien fue viceministro de Transporte, del 3 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009.
¿Por qué no aceleraron esas investigaciones para evitar la prescripción? “Una de las cuestiones es la falta de recursos, lo complejo que pueden ser algunas declaraciones, que requieren estudios bastante a profundidad, temas de número, temas financieros. A veces también depende de los bancos, que no reportan rápido. Las instituciones a las que se les pide informe no están tan concientizadas en que eso debe ser rápido. Es bien complejo”, justifica de Torrento.
Efraín Arévalo, abogado constitucionalista, cree que la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal en la materia, debería de hacer una interpretación del artículo 240 de la Constitución, algo que se hizo parcialmente en la inconstitucionalidad 146-2014, porque hasta el momento lo que existe es una interpretación del pleno de magistrados sobre la prescripción del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.
Según Arévalo, lo que los magistrados han hecho hasta el momento es una “interpretación inadecuada del artículo 240 de la Constitución”. El pasado 31 de enero, la discusión de la corte plena giró alrededor de la prescripción de los casos. “Al ser un tema patrimonial, se regula en el Código Civil, que en el artículo 2232 indica que interesado debe ser quien la solicite (la prescripción) y no es el pleno de la Corte quien debe determinarla”, explicó el constitucionalista.
Los magistrados, entonces, según este abogado, solo podrían haber aplicado la caducidad, que es una figura jurídica distinta, porque solo los interesados pueden solicitar la prescripción de un caso.
Justicia a discreción
Los magistrados están dando un trato diferenciado a cada caso que les presenta la Sección de Probidad. El ejemplo más reciente es el de Ana Vilma de Escobar, a quien le aceptaron documentación de última hora, o sin las formalidades que exige la ley, a diferencia de otros casos en los cuales no admitieron prórrogas para que los investigados presentaran documentación de descargo.
En 2015, cuando la Corte empezó a ordenar juicios por enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios como Reynaldo Cardoza y Leonel Flores, les daba entre 10 y 15 días hábiles para que desvanecieran los hallazgos de las investigaciones. Ahora los plazos exceden los 60 días hábiles, y las prórrogas las deciden los magistrados, según “la complejidad”, y según el funcionario. Ejemplos de esto abundan: el 21 de diciembre de 2017, según acta del pleno de la CSJ, Óscar Miguel Joya Panameño, quien fue director ejecutivo de FOVIAL por seis meses, solicitó ampliación de 90 días para dar respuesta a las observaciones hechas por la Sección de Probidad. La Comisión de Ética y Probidad valoró que no era un “caso complejo”, por lo que, con nueve votos, decidieron concederle 60 días como plazo de ampliación.
Dos meses después, el 23 de noviembre de 2017, con 11 votos la Corte Plena brindó el mismo plazo para que Jorge Antonio Escobar Rosa, diputado por el FMLN de la legislatura 2003-2006, evacuara observaciones de la Sección de Probidad. En dos meses, los magistrados dieron el mismo plazo a dos personas que tenían diferente tiempo de estar en un cargo público y cuyos casos fueron tildados de “no complejos”.
El 7 de agosto de 2018, el pleno conoció la solicitud de Mauricio Hernández Pérez, diputado en la legislatura 2003-2006, de ampliación del plazo de 90 días para desvanecer señalamientos en su caso. El magistrado Ramírez Murcia señaló la urgencia de tomar una decisión sobre esta solicitud, ya que tenía cuatro meses de haber llegado a la Corte. En el Pleno se consideró que por razón del tiempo transcurrido, “la ampliación no debe ser por muchos días”, por lo que con ocho votos aprobaron una prórroga de 8 días hábiles.
En la misma sesión discutieron la solicitud de ampliación de plazo del exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt. Ramírez. El magistrado Ramírez Murcia dijo que la petición también tenía tiempo de haber ingresado, aunque en el acta no se precisa cuánto. Lo que sí se recoge en el documento es que “por los precedentes de casos similares” aprobaron con ocho votos una ampliación de plazo de 90 días.
Los magistrados le echan la culpa a la vejez de la ley que rige los procesos. “Lo que pasa es la que la ley es antiquísima, de 1959. No tenemos reglas claras, no tenemos algo que diga un plazo para desvanecer las observaciones. No hay nada. Vamos a trabajar en un reglamento para que las reglas estén claras y que a todos se les dé un trato igual. Como las reglas no están claras, se han traído documentación para desvanecer sin plazos”, asegura de Torrento.
López Jerez, al igual que de Torrento, dice que la discrecionalidad es porque “la ley no tiene un reglamento que la desarrolle”. También alega que cada caso “ha presentado particularidades”, y que por eso es que no le han dado el mismo tratamiento.
Ramírez Murcia, en cambio, señala otras motivaciones: “Les he dicho que están cometiendo errores. En Corte Plena se me reclama porque yo digo que ha habido tratos especiales. Ese caso, el de la exvicepresidenta, desgraciadamente le han dado un tratamiento distinto. Deja mucho que desear de la imparcialidad y de la objetividad, y dice mucho que el que tiene más poder tiene la posibilidad. Si fuera otro fulano por allá, ese va a salir fácilmente fregado”.
Para este magistrado, lo que han hecho sus colegas este año es similar a lo que pasó en 2005, cuando la Corte en pleno le quitó a Probidad el poder que tenía de pedir información a bancos. La transparencia fue pisoteada en esa época. Quedaron en el limbo muchas investigaciones de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de dos gobiernos de ARENA. Fue hasta enero de 2014 que la Corte devolvió esas atribuciones a Probidad y fue a partir de entonces que empezaron a surgir los primeros casos. A falta de instrumentos supranacionales, como la Comisión Internacional contra la Impunidad que existe en Guatemala (CICIG), la Sección de Probidad empezó a dar las primeras señales de lucha contra la corrupción con procesos por enriquecimiento ilícito contra los expresidentes de la República Mauricio Funes y Antonio, el primero prófugo y el segundo ya condenado por corrupción.
“Esto es igual a lo que pasó en 2005 cuando cercenaron las funciones de probidad. Todos esos casos quedarán en la oscuridad. Uno les dice a los magistrados que votaron: ¿Van a revocar ese acuerdo? Pero ellos mantienen un juego de palabras”, advierte el magistrado que preside la comisión de Probidad.
*Con reportes de Fernando Romero
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