Piratas de saco y corbata

Rodolfo Bejarano Bernal

20/03/2018

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Cada vez vamos conociendo más acerca de los territorios que conforman una de las regiones más exóticas y desconocidas –al menos para quienes vivimos en el Sur– que podemos encontrar en Nuestra América: la subregión Caribe.  Pero no por sus paradisiacas playas y atractivos turísticos, sino porque muchas de sus islas son mencionadas en cada nueva revelación que sale a la luz como parte de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que viene trabajando en la recopilación y análisis de las filtraciones más importantes de los últimos tiempos sobre cuestiones fiscales y tributarias.

Ya no nos resulta sorprendente escuchar que Panamá, Aruba, Islas Caimán o Bermudas hayan sido paradas obligatorias de aquellos que han querido burlar a las leyes de sus países y encontraron el refugio perfecto para ir acumulando la riqueza obtenida por medios lícitos o ilícitos; aunque, por el simple hecho de recurrir al secretismo y a la opacidad que ofrecen, estos regímenes ya generan una duda sobre el origen del dinero.

Según ICJ, los destinos favoritos de los evasores y delincuentes son Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Saint Kitts and Nevis y Aruba, a los cuales se suman jurisdicciones como Panamá, Bermudas, Trinidad y Tobago y las Islas Caimán, donde resulta bastante expeditivo crear sociedades offshore con la intención de ocultar activos y simular operaciones ficticias que permitan eludir el pago de impuestos, lavar dinero sucio y facilitar la canalización de pagos de sobornos.

Muchos de estos territorios están involucrados en los escándalos de corrupción que han sacudido recientemente la región latinoamericana, ya sea porque son usados para esconder el dinero en cuentas pertenecientes a la banca internacional apéndice de los grandes centros financieros globales, o porque se mantiene en reserva la información comercial y societaria sobre aquellas empresas creadas a modo de “fachada”, con la finalidad de que no se sepa finalmente quiénes son los verdaderos dueños, lo cual es particularmente útil para aquellos funcionarios corruptos que no quieren ser detectados.

Pero la existencia de estas guaridas no es producto de una simple casualidad o de una decisión propia de la política fiscal de los gobernantes de aquellos territorios.  Muchas de estas pequeñas islas ya eran utilizadas desde hace varios siglos como refugio de piratas y corsarios, que atacaban a los barcos que circulaban en pleno auge del saqueo de la riqueza de las nuevas tierras o “indias occidentales” hacia el viejo continente.  Los países enemigos de España en esa época avalaron las incursiones de estos personajes y establecieron a estos territorios como sus colonias; de ahí que muchas de ellas son, o han sido, jurisdicciones pertenecientes a la corona británica, principalmente.

Las guaridas

Con el pasar de los años, la expansión de la globalización, junto con el desarrollo de las tecnologías de comunicaciones y la profundización de la desregulación neoliberal, permitieron la libre movilidad de los capitales como nunca antes, y estos territorios se fueron convirtiendo en los puertos preferidos para modernos criminales que encontraron la forma de continuar con el legado dejado por los pillos de mar, aunque ahora vestidos de saco y corbata.  El poder empresarial, los especuladores financieros y políticos de todo el mundo fueron legitimando la existencia de estas “guaridas” por medio de normas internacionales y marcos legales nacionales que se adecuaron a los intereses de los centros financieros globales –principalmente Wall Street y City of London– y a los objetivos de aquellos que pretendían tener un lugar donde poder acumular tranquilamente su riqueza.

Según la organización internacional Oxfam[1], son seis los territorios caribeños que están dentro de la lista de las 15 guaridas fiscales más agresivos del mundo financiero, encabezando la lista Bermudas e Islas Caimán, ambos territorios pertenecientes al Reino Unido.  Un poco más abajo en el ranking los acompañan Curazao, Bahamas, Barbados e Islas Vírgenes Británicas, todos ellos, excepto Curazao, vinculados al reino británico.  Hay que tomar en cuenta que Bahamas y Barbados no se independizaron sino hasta hace pocas décadas, aunque la dependencia económica los mantiene alineados a las pretensiones de la City.  Sin embargo, no hay que olvidar que los grandes jugadores de este juego y los que ponen las reglas finalmente, son países como Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur, Luxemburgo, Alemania, entre otros, y son los que ostentan el mayor índice de secretismo financiero, indicador medido por la Tax Justice Network[2].

La característica común que tienen estos territorios, además de que el impuesto a la renta personal y a la renta corporativa simplemente es inexistente, es la absoluta confidencialidad que ofrecen sobre la identidad de la persona o empresa que es propietaria de una cuenta, lo que está protegido por leyes de secreto bancario, permitiendo así evitar que se conozca quienes están detrás de operaciones que puedan resultar sospechosas en el marco de investigaciones realizadas en algún otro país.  Algo muy conveniente para los defraudadores, lavadores y corruptos.

Otra ventaja utilizada por corruptos y corruptores es la facilidad con la que se pueden crear empresas fantasmas o de papel con la intención de camuflar una transferencia de dinero producto de un soborno por alguna actividad económica que pueda justificar la emisión de facturas por algún bien o servicio otorgado, aunque este nunca haya existido.  Esta figura era muy utilizada por la empresa brasileña Odebrecht para realizar los pagos de sobornos a los funcionarios que les eran útiles para sus propósitos, para ganar licitaciones de contrataciones millonarias en obras en casi todos los países de la región en que operaban.  Al mismo tiempo, estas empresas artificiales pueden a su vez ser socias de otras empresas y así sucesivamente, hasta crear tal número de capas que resulta casi imposible rastrear las operaciones y determinar quién es el verdadero beneficiario.

Una reforma indispensable

Lo que se pierde en recursos por concepto de fuga de recursos que van a parar hacia estos territorios offshore es un monto nada despreciable, sobre todo considerando que el 75% de los pagos de corrupción a nivel internacional se mueven a través de empresas registradas en guaridas fiscales, según la organización Transparencia Internacional[3].  Por otro lado, las Naciones Unidas calculan que por delitos de corrupción se pierden 2.6 billones de dólares cada año, lo que equivale a más del 5% del PIB mundial[4], recursos que bien podrían servir para financiar los programas necesarios para atender las necesidades más apremiantes de las poblaciones y lograr un avance significativo hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

Las filtraciones y revelaciones de las que hemos sido testigos han sido bastante importantes para conocer cómo es que operan los piratas modernos, sin embargo lo que ha salido a la luz es solo una pequeña muestra de todo lo que se esconde bajo los mantos de secretismo y ocultamiento de información.  El Intercambio Automático de Información con fines tributarios, los Reportes Corporativos País por País y la publicación de los Registros de Beneficiarios Finales de Sociedades son la mejor manera de avanzar hacia la eliminación de esta lacra, pero lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente y parece que tampoco hay voluntad de ir más allá.

Muy poco se puede hacer mientras que instancias como la OCDE sean las responsables de determinar cuáles son las jurisdicciones que puedan ser consideradas como guaridas fiscales.  En su más reciente reporte, la OCDE reporta solo a Trinidad y Tobago como una “jurisdicción no-cooperativa”, dejando por fuera de tal clasificación a las ya conocidos guaridas fiscales y dificultando, de esta forma, el accionar de países en desarrollo que quieran tomar medidas para detener los flujos financieros ilícitos.

Una iniciativa importante para contrarrestar el problema del uso de guaridas fiscales para sostener la corrupción, es la que Ecuador impulsó en el año 2017 cuando aprobó la ley que prohíbe que funcionarios públicos puedan estar vinculados a cuentas y bienes en guaridas fiscales[5], algo que debería ser replicado por otros países.

Desde la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) consideramos necesario tomar acciones que lleven a una verdadera reforma del sistema financiero internacional en un marco de participación democrática global, que incorpore a todos los países –como la creación de un Tax Body en el seno de Naciones Unidas–, que acabe con la opacidad y elimine los incentivos perversos que alientan el uso indebido de la función pública por parte de funcionarios que, en lugar de trabajar por el bien de los electores, lo único que hacen es engrosar sus cuentas a costas de los menos favorecidos.

Notas