“No es terrorismo internacional, es lucha de clases”

Por Guido Proaño Andrade

Los pueblos se levantan debido a la continua pauperización de las masas y la creciente concentración de la riqueza en pocas manos.

Octubre de 2019. Un grupo compacto de gente protesta en la calle: son miles. Los gritos en contra de las políticas antipopulares del gobierno suenan con energía mientras las fuerzas del orden reprimen con violencia. Rápidamente una atmósfera irrespirable debido a los gases lacrimógenos cubre el sector, pero no ahoga la lucha. La Policía también dispara balas y proyectiles de perdigones en contra de los jóvenes que se encuentran en las primeras filas de las manifestaciones, y se lanzan contra ellos con sus tanquetas antimotines, en algunos sitios con la caballería y escuadrones de motociclistas.

Aún así la protesta continúa. Y persiste a pesar de los muertos, heridos, apaleados y encarcelados del bando popular. Las amenazas de altos jefes gubernamentales, del Ejército y la Policía, y la ejecución de medidas que restringen las libertades democráticas –como el toque de queda- no surten efecto.

No hablamos de Ecuador. Precisemos, no solo nos referimos a Ecuador. Los ecuatorianos conocemos lo ocurrido aquí, pero lo descrito ha sucedido en estos días en varios países, en los que los pueblos se han levantado en contra de políticas antipopulares ejecutadas por sus respectivos gobiernos en connivencia con el Fondo Monetario Internacional.

Irak es uno de esos países. Allí, las protestas iniciaron el 1 de octubre. Miles de jóvenes se tomaron las calles en masivas y combativas acciones exigiendo mejores servicios básicos, empleo y repudian la corrupción. Con un cinismo que los ecuatorianos también lo hemos visto aquí en estos días, el primer ministro Adil Abdul-Mahdi dijo que las protestas “están fundadas, que el Gobierno se esforzaba en lograr una solución, aunque no tienen una fórmula mágica para dar con la solución a todos los problemas”. Al mismo tiempo  decretó el toque de queda en varias ciudades, entre ellas Bagdad, y bloqueó internet para evitar que las manifestaciones se convoquen por esa vía. En nuestro país esta última medida no se ejecutó durante el levantamiento indígena-popular, pero en el futuro lo harán. El general Roque Moreira, hasta hace pocos días jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en entrevista publicada por El Comercio, el pasado 19 de octubre, abogó porque se establezca una norma legal para que «el Estado, representado por el Gobierno u otras instituciones, pueda cortar la señal».

En una semana, el número de muertos iraquíes superó los 93, se contabilizaron cerca de cuatro mil heridos y más de 600 detenidos. La casi totalidad de ellos son jóvenes.

Tras estos acontecimientos, el gobierno de Adel Abdel Mahdi anunció un decreto con 17 medidas sociales, que apuntan a las exigencias levantadas por la juventud.

En Haití las protestas parecen interminables, llevan ya cinco semanas y todo indica que continuarán los días venideros. Exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de corrupción y apropiación de fondos públicos –suena igual a lo ocurrido durante el gobierno de la «revolución ciudadana» en nuestro país-. La crisis económica, política y social de ese pequeño país es profunda, y la gente dice que a Moïse le sostienen en el poder Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia.

El gobernante dice estar abierto al diálogo y que no renunciará, porque fue electo para un período que aún no culmina. Mientras tanto se conoce que, al menos, habría veinte personas fallecidas, en seis ciudades.

El anuncio de imponer un programa de austeridad económica, que contiene varios impuesto, entre ellos a las llamadas telefónicas a través de servicios de voz por internet, provocó multitudinarias manifestaciones de protesta en Líbano, que ahora, inclusive, piden la dimisión del primer ministro, Saad Hariri. El plan económico forma parte de los acuerdos que el gobierno tiene con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que exigen su ejecución a cambio de «ayuda financiera».

El anuncio gubernamental se produjo el pasado 17 de octubre; veinticuatro horas después, la presión en las calles surtió efecto y forzó al gobierno retirar el impuesto a las llamadas telefónicas por internet. La prensa internacional señala que habría dos fallecidos.

El enorme despliegue policía y militar desplegado en Chile no pudo contener la protesta de los chilenos, principalmente estudiantes, contra la elevación de las tarifas del metro en 30 pesos, ubicándolo en US$1,17. El conflicto inició los primeros días de octubre, con actos masivos de evasión del pago, protagonizado por los estudiantes; con el paso de los días el número de evasores creció y se produjeron fuertes enfrentamientos con las fuerzas represivas. Para el 18 de octubre el conflicto tuvo ya grandes dimensiones y carabineros y militares hicieron gala de brutalidad para controlar la protesta. El gobierno decretó el Estado de Emergencia, impuso toque de queda e invocó a la Ley de Seguridad del Estado. El número de fallecidos asciende a nueve -entre ellos un joven ecuatoriano-, los detenidos superan los 600.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”, dijo el presidente Sebastián Piñera en una comparecencia televisada el domingo 20. Un día antes anunció la suspensión del alza de tarifas.

En Cataluña la movilización popular también ha tomado grandes dimensiones, y la represión policial en su contra también es brutal. Las motivaciones para esta protesta son distintas a las reseñadas respecto de los otros países, pues, surgen después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, entre 9 y 13 años de cárcel, a nueve líderes políticos y sociales del independentismo catalán. Los catalanes lucha por ejercer el derecho a la autodeterminación. Durante varios días se han producido manifestaciones masivas, cortes de carretera, bloqueo de infraestructuras, barricadas… que han «escandalizado» por su «violencia». Pero es la autodefensa de los pueblos, una respuesta a la violencia del Estado.

Se puede enumerar otros países en los que en estas últimas semanas se han producido grandes movilizaciones de masas. Señalemos Colombia, Honduras, Francia… y si vamos solo unas semanas atrás, la lista se amplía con Argentina, Perú, México, Puerto Rico, Hong Kong, Cachemira…

Los sectores dominantes, particularmente en América Latina, no por simplismo en su análisis sino con claros  propósitos políticos de carácter estratégico, señalan que los altos niveles que ha tomado la protesta popular se debe a la existencia de un «plan internacional que busca desestabilizar la democracia». Cantaleta vieja que tiene orígenes en el discurso acuñado décadas atrás en el Departamento de Estado de los EEUU. Hablar de que el país es víctima de fuerzas externas y extrañas, siempre ha dado resultado a quienes lo han utilizado para mantenerse en el poder. Bajo esos criterios, el ministerio de Defensa de Ecuador, la semana pasada, emitió una nueva directiva a las Fuerzas Armadas para combatir «la insurgencia».

Pero ese fantasma no existe. Los trabajadores, la juventud, los pueblos se levantan porque sus gobiernos no han sido capaces de resolver graves problemas económicos y políticos, porque ejecutan programas de ajuste –establecidos por el FMI- que pretenden resolver los problemas económicos de los Estados estrangulando la economía de los más pobres, por la continua pauperización de las masas y la creciente concentración de la riqueza en pocas manos; en otros casos, porque son incapaces de resolver las demandas de carácter nacional de los pueblos. Y más que los gobiernos -que son transitorios en su gestión-, el responsable de todos los problemas materiales de los trabajadores y los pueblos es el capitalismo. Este es el hilo conductor, presente en todos los países.

Hay mucha razón en lo que hemos leído estos días en las redes sociales: ¡No es terrorismo internacional, es lucha de clases!

por Guido Proaño Andrade