¿Qué hay detrás de la militarización de la Asamblea Legislativa y el llamado a insurrección popular hecho por Bukele en El Salvador?
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Estos hechos, catalogados como intento de "autogolpe", han generado que el propio mandatario centroamericano llame a la calma, mientras que su opositores piden que sea investigado por la Justicia.
Este lunes, el plenario de la Asamblea Legislativa de El Salvador prevé aprobar una moción en rechazo a la militarización del Parlamento promovida por el presidente Nayib Bukele, quien pidió a sus seguidores realizar una "insurrección popular", tras los intentos fallidos de que los diputados den luz verde a un crédito millonario, destinado a su ambicioso plan de seguridad.
Desde la Presidencia han hecho llamados a la calma para intentar bajar la tensión, que llegó a su punto máximo el domingo. Sin embargo, partidos de oposición han pedido que se inicie una investigación, que ya anunciado realizar la Fiscalía, para determinar si hubo delitos en la toma del 'Salón Azul', como se denomina a la sede parlamentaria, por parte de militares armados.
En medio de la arenga dirigida por Bukele, el ministro de Defensa, René Merino, mostró su adhesión al llamado presidencial y juró "obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos", aún "a costa de de sus vidas".
El mandatario convocó una "sesión extraordinaria" de la Asamblea Legislativa, que se llevó a cabo el domingo, para que fuera aprobado el préstamo por 109 millones de dólares, que fue solicitado por el Ministerio de Hacienda al Legislativo desde noviembre pasado, para desarrollar la tercera fase del 'Plan de Control Territorial', que contempla la modernización del aparato de seguridad.
La Asamblea rechazó esta convocatoria desde un inicio, ante la posibilidad de que existiera un "vicio de inconstitucionalidad", debido a que "no existen las condiciones materiales que la justifiquen", recoge el Parlamento en su página web.
La advertencia de Bukele
El presidente escribió en su cuenta de Twitter que llamaba a la sesión del Parlamento, basándose en el artículo 167 de la Constitución, que expresa que el Consejo de Ministros, encabezado por él y el vicepresidente, tiene la potestad de "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden".
El líder del partido de corte liberal Nuevas Ideas publicó un trino donde advirtió que si los diputados no asistían a su "obligación constitucional", se entendería que habrían roto el orden constitucional, lo que acarrearía consecuencias.
¿Qué pasó en la sesión?
El sábado pasado, la sesión no pudo celebrarse porque no hubo quórum, debido a que comparecieron solo 28 de los 84 diputados que componen la Cámara, ante la negativa del resto de los parlamentarios de reconocer la potestad del mandatario para convocar la plenaria. Por eso, el nuevo encuentro quedó para este lunes.
A pesar de esto, Bukele irrumpió el pasado domingo junto a miembros de la Policía y militares armados en la sede parlamentaria. Hizo una oración, dijo unas palabras en las que ordenó el inicio de la sesión y, sentado en la curul del presidente de la Asamblea, que estaba ausente, afirmó que ahora estaba "muy claro" quién tenía "el control de la situación".
Previamente, en las puertas del Parlamento, acompañado de seguidores había expresado que el pueblo tenía "derecho a la insurrección" para remover a los funcionarios, basado en su interpretación del artículo 87 de la Carta Magna, que consagra ese derecho constitucional para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos".
"Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo", soltó el mandatario tras dar un ultimátum de siete días.
¿Qué había ocurrido días antes?
El pasado 27 de enero, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió un dictamen favorable y autorizó el préstamo de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la tercera fase del mencionado plan. Sin embargo, en la plenaria celebrada tres días después, los diputados no llegaron a un consenso sobre el tema.
Arena, que posee 37 de las 84 curules, retiró su apoyo argumentando que el tema necesitaba "mayor estudio". Por su parte, el FMLN, que posee 23 diputados, se abstuvo.
Al saber esto, el mandatario calificó a los diputados como los más "nefastos" que había tenido el país, les recomendó que dejaran de "hacer circo" y que trabajaran.
"Detener el autogolpe"
El partido Arena, con mayoría en la Asamblea, calificó las acciones de Bukele de "autogolpe" y le exigió detenerlo, al igual que rechazaron "el ultimátum a la Asamblea y la persecución a los diputados electos democráticamente y a sus familias", según su cuenta de Twitter. Del mismo modo llamó al diálogo y condenó la militarización de la sede parlamentaria.
Por su parte, el FMLN informó que ha interpuesto una demanda contra Bukele por el delito de sedición, además de denunciar la "intromisión del Ejército en la sede de la Asamblea", según ha expresado la diputada de ese partido Nidia Díaz.
Ante la oleada de críticas de los partidos opositores y de organismos internacionales, la Casa Presidencial publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde se manifiesta que el presidente de ese país hizo un llamado a "mantener la calma", ante el "obstáculo" que supuestamente representa la negativa de aprobar el crédito para su plan de seguridad.
Por su parte, el politólogo Fernando Marroquín dijo en entrevista con RT que las medidas de seguridad que ha implementado la Administración de Bukele han sido exitosas. No obstante, "llevar al Ejército a la Asamblea Legislativa no es la forma, es algo que no veíamos en 30, 40 años, ni siquiera durante el conflicto armado [1989-1992]".
"Resulta alarmante este tipo de actitudes que definitivamente no son democráticas. No existe un conflicto entre poderes. Lo que ha sucedido es la invasión de poderes del Ejecutivo al órgano legislativo, para presionar por la aprobación de un préstamo", agregó el especialista.
¿Injerencia de EE.UU.'?
Uno de los aspectos que hacen que los expertos cuestionen el 'Plan de Control Territorial' es el apoyo que ha manifestado el Comando Sur y el FBI a esta iniciativa "para fortalecer la cooperación entre ambos países".
En medio de la polémica, el embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson, escribió en su cuenta de Twitter el pasado viernes que el citado plan de Bukele "ha tenido resultados en reducir la violencia", y que esperaba que se encontrara "la mejor forma de darle continuidad respetando el rol de cada órgano del Estado".
A pesar de su respaldo inicial, el diplomático estadounidense se desmarcó de su discurso de apoyo y colgó un trino donde, en la misma línea del mandatario, pidió "calma", "paciencia" y "prudencia", llamó a las partes en conflicto a dialogar y manifestó su rechazo a la presencia de militares en la sede de la Asamblea.
¿Qué contempla el préstamo?
En noviembre de 2019, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa la aprobación de 109 millones de dólares para la tercera fase del 'Plan de Control Territorial', lanzado por Bukele veinte días después de asumir la presidencia, en junio de ese año, con la finalidad de recuperar territorios, controlar las cárceles y acabar con el financiamiento de los grupos criminales, según ha explicado.
Estos recursos provendrían de un préstamo del BCIE, que serían invertidos en la modernización de infraestructura y tecnología de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada, recoge El Salvador. El plazo para el pago es de 20 años.
Con esta tercera fase del Plan, llamada 'Modernización', y que fue lanzada por el presidente salvadoreño el 1 de agosto de 2019, se busca dotar a los cuerpos de seguridad de armamento, chalecos antibalas, uniformes, cascos tácticos, radios, patrullas, helicópteros, drones, cámaras con visión nocturna, entre otros.
La gestión de Bukele ha tenido como bandera la reducción de la tasa de homicidios, que se vió disminuida en casi 30 % al cierre de 2019. A pesar de ello, su política ha sido cuestionada por quienes rechazan el incremento del aparato de seguridad y ponen en duda los criterios para establecer las cifras.
¿Cuánto cuesta la seguridad?
El 'Plan Control Territorial', que será desarrollado en siete fases, tiene un presupuesto total 575,2 millones de dólares, lo que corresponde a 2 % del PIB del país centroamericano. De ese monto, 200 millones pertenecen al préstamo del BCIE y el resto a "ahorros presupuestarios y donaciones de países amigos", según afirmó Bukele.
El BCIE aprobó 200 millones de dólares, que se distribuyen en 91 millones para la segunda fase del mencionado plan y 109 millones para la tercera.
Este no es el primer revés. En septiembre, Bukele pidió oficialmente al Legislativo "apretar el botón" para dar el visto bueno a los 91millones, sin que obtuviera respuesta. Desde julio había exhortado al Parlamento a aprobar estos recursos.
Aunque este préstamo de 91 millones fue admitido por el pleno de la Asamblea en diciembre de 2019, el Ejecutivo aún no lo ha ratificado, como corresponde según la Constitución.
Poca información
Previamente, el expresidente del Legislativo, Norman Quijano, había dicho que la demora para aprobar este préstamo se debía a la poca información que aportó el Ejecutivo y a los niveles de 70, 2 % de endeudamiento con relación al PBI que tiene el país centroamericano, reseña El Salvador. "Nos preocupa la sostenibilidad del plan para resolver el problema de la criminalidad", recoge su cuenta de Twitter.
Estos mismos señalamientos se unen a la poca transparencia sobre el destino final del dinero, el impacto real en los índices de violencia y la participación de EE.UU.
Hasta ahora solo se ha dado a conocer una presentación de 20 láminas, hecha por Hacienda, sobre las fases 1 y 2 del mencionado plan y algunos mensajes en redes sobre la etapa tres, explica Carmen Tatiana Marroquín, en un artículo de El Faro.
Por los momentos, pareciera que existe consenso en el rechazo a la irrupción por la fuerza de Bukele junto al Ejército, y en la calificación de intento de "autogolpe" a su acción llamado a la insurrección popular.
En este panorama, lleno de cuestionamientos sobre el destino final de los recursos para el plan de seguridad y su eficacia para reducir los índices de homicidios, se espera conocer si habrá consecuencias penales tras la primera militarización del Parlamento en el país centroamericano, donde este hecho, incluso en los años de guerra civil, no tiene precedentes.
Nathali Gómez
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