Arena quiere una procuraduría que luche contra los derechos humanos
El 18 de septiembre, la fracción de Arena se reunió en la oficina que alquila la Asamblea Legislativa en Las Azaleas, de la colonia Escalón, para discutir las tallas y medidas del nuevo procurador de derechos humanos. En la reunión, conducida por el jefe de fracción, Carlos Reyes, una mayoría dibujó un perfil a tono con algunos de los principios dogmáticos del partido: el nuevo procurador debe tener una postura provida, debe estar en contra del matrimonio igualitario y en contra de la investigación de los crímenes de guerra. Según los diputados de derechas, el sustituto de Raquel Caballero de Guevara, la procuradora saliente, tildada como una "enemiga" por la población LGBTI, no debe ser “progresista”.
La elección del nuevo titular de la PDDH ya lleva una semana de retraso, y un primer asomo a las intenciones del partido que controla la mayoría calificada con más de 33 votos (Arena tiene cuatro diputados díscolos que no necesariamente se pliegan a los designios de la mayoría) fue producto del azar. En un exabrupto de honestidad, al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, se le escaparon las tres características acordadas por la fracción. En declaraciones a La Prensa Gráfica, Quijano dijo que aún no tenían acuerdo porque buscaban a alguien que respete el derecho a la vida, que esté en contra del matrimonio del mismo sexo y que no quiera encarcelar a los violadores de derechos humanos en la guerra.
La postura del partido Arena no es nueva, pero pronunciada por el presidente de uno de los tres órganos del Estado provocó una reacción en cadena; que fue liderada por organismos de derechos humanos nacionales. A la condena se sumaron usuarios de redes sociales y hasta diputados y exdiputados del partido tricolor. Horas después de su primer intervención, y cuestionado por algunos de sus colegas (pero no por la postura, sino por haber revelado un secreto de fracción), el diputado Quijano intentó suavizar sus palabras diciendo que en realidad buscan a una persona que "se apegue a la institucionalidad de la Constitución y el Código de Familia".
La confesión, sin embargo, ya estaba hecha y ahora diputados que hablan bajo condición de anonimato confirman a El Faro que las declaraciones de Quijano resumen el acuerdo al que llegó la fracción en la reunión en la Azaleas el miércoles pasado: buscar, como principal apuesta, a un procurador que bloquee el respeto a los derechos humanos de la población LGBTI, de las víctimas de la guerra y que abandere la causa provida en medio de las discuciones nacionales por la despenalización del aborto en cuatro causales.
Arena, que gobernó el país entre 1989 y 2009, se ha caracterizado por ser un partido alérgico a estos tres temas. Durante sus gobiernos, instauró la "política del perdón y olvido" y en 1993, el Gobierno de Alfredo Cristiani y la bancada de Arena impulsó la aprobación de la Ley de Amnistía días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad. Más recientemente, Arena (junto al FMLN) han liderado las discusiones para promover una Ley de reconciliación que en términos prácticos planteaba una nueva aministía para los criminales de guerra.
Durante su segunda administración presidencial, Arena promovió, en 1997, un blindaje constitucional donde obligaba al Estado salvadoreño a reconocer al individuo “desde el momento de su concepción”. La ratificación ocurrió en 1999 y, desde entonces, la sola sospecha de que una mujer pobre ha abortado provoca que el Estado las juzgue por homicidio agravado.
Tres años más tarde, animados por organizaciones provida y anti-LGBTI, los diputados de Arena fueron los primeros en firmar para la ratificación de una reforma que prohibía el matrimonio homosexual, porque en El Salvador el matrimonio es entre "un hombre y una mujer así nacidos”. La discusión del tema ni siquiera estaba en agenda de las organizaciones de derechos humanos para cuando los diputados lo pusieron en agenda.
En su prontuario más reciente, el partido censuró en 2017 a dirigentes de la Juventud Republicana Nacionalista por abrir el debate sobre temas sensibles como el aborto o el matrimonio igualitario, y condenó en público los acercamientos del exdiputado Juan Valiente (ahora dirigente del partido Nuestro Tiempo) a organizaciones interesadas en debatir sobre las reformas a las causales para la despenalización del aborto. En 2018, dirigentes del partido también cuestionaron la intentona del exdiputado Johnny Wright (fundador de Nuestro Tiempo) que buscaba reformas a favor de dos de cuatro causales para la despenalización del aborto.
Los dogmas no cambian en Arena, pese a la elección de dirigentes que prometen una nueva manera de hacer política. En una entrevista concedida en agosto, en la víspera de las elecciones internas, el nuevo presidente del partido, Gustavo López Davidson, dijo sobre este tema que "nosotros (Arena) tenemos nuestros principios y valores bien definidos".
Ahora López Davidson sale en defensa de Quijano, y afirma que el nuevo procurador tiene la obligación de "respetar" la Constitución de la República. “Nos guste o no nos guste, la Constitución prohíbe la unión entre un hombre y mujer. No podemos hacer lo que nosotros querramos”, dijo a El Faro. El diputado por el departamento de Ahuachapán, Arturo Magaña, se suma a las declaraciones de los dos veteranos tricolor. Magaña sostiene que temas relacionados al matrimonio del mismo sexo le compete a la Asamblea o a la Sala de lo Constitucional. “Nada tiene que ver la PDDH en esos temas, por estatutos estamos con contra de todo eso”, dice.
Pero si algo provocó también la confesión de Norman Quijano es que una minoría de disidentes en el partido se atrevan a cuestionar en público la estrategia de sus compañeros. Josué Godoy, diputado por Santa Ana (2018-2021) con ideas progresistas en un partido conservador, califica como “desacertadas y bastante lamentable las declaraciones del presidente de la Asamblea. Quien dirige la PDDH tiene que garantizar la defensa de todos los Derechos Humanos”, dice. Godoy afirma que es un error querer anteponer concepciones políticas y religiosas: “cuando hablamos de derechos humanos, o estás a favor o en contra”.
Godoy incluso intenta abrir debate allá en donde la discusión pareciera estar zanjada: él cree que se debe buscar una figura legal para el matrimonio igualitario y encara al presidente de su partido: “no se puede escoger un procurador acorde a las necesidades de Arena, del Frente, o a lo que piensen las corrientes ideológicas”, dice.
Una elección sin rumbo
El 21 de septiembre venció el plazo para escoger nuevo procurador, y desde entonces la institución se encuentra acéfala. Desde el 8 de julio la Asamblea inició el proceso para escoger nuevo titular, delegando a una subcomisión para evaluar a los 24 aspirantes, ocho mujeres y 16 hombres. Sin embargo, ocho diputados de Arena han afirmado que aún no hay acuerdo sobre su principal propuesta, aunque tienen claro el perfil de procurador que buscan.
En el camino, el FMLN incluso ha propuesto como una de sus principales cartas a José Apolonio Tobar Serrano, un juez de familia en San Vicente que ha sido donante del partido. El FMLN también impulsa al abogado Luis García, suspendido por irregularidades en 2015, durante un año, por la Corte Suprema de Justicia. Según Schafik Handal, diputado de Usulután del Frente, la suspensión de García "ya es un caso fenecido". Hándal se queja de que Arena está dilatando los procesos y Arena, en cambio, cuestiona la falta de definición en el FMLN. Diputados areneros aseguran que por ello han decidido tomar la iniciativa.
Raquel Caballero de Guevara es la procuradora saliente, busca la reelección, tiene un perfil que colinda con los intereses de Arena pero puede que quede fuera de la votación. Sus principales debilidades es que acarrea condenas de nepotismo bajo su administración. Cinco días después de asumir como titular, favoreció a dos hijastras. A una la contrató y a otra la ascendió. Según el artículo 5 de la ley de ética gubernamental, es prohibido favorecer a familiares que estén dentro del tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad. En 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental la condenó pero solo por promover a una de sus hijastras. Dos años después, en enero de 2019, el tribunal le impuso una multa de $1006.80 por violar la ley. Contra la funcionaria, además, hay denunciar por volaciones a derechos laborales contra empleados de la PDDH.
Caballero de Guevara, impulsada por Arena, fue electa con 71 votos el 23 de septiembre de 2016. Antes de ser procuradora, fue parte del equipo que redactó la ley LEPINA para la protección infantil y recibió la institución rectora en materia de derechos humanos apenas dos meses después de que la Sala de lo Constitucional extirpó la ley de amnistía de las leyes salvadoreñas. En este tema, la ex procuradora acompañó la ley de reparación que presentaron las organizaciones de víctimas y que quedó engavetada en la comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa.
Manuel Escalante, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, dice que Caballero de Guevara ha sido "más reactiva que propositiva en relación con los objetivos de las organizaciones sociales". La ex titular envió notas a la comisión de Educación que estudiaba la aprobación del 30 de agosto como Día de los Desaparecidos. La PDDH ha mandado delegados a las audiencias del juicio de El Mozote y a las consultas públicas que los diputados han realizado sobre la ley de reconciliación. Sin embargo, la voz de la ex procuradora no fue predominante en la conversación. De igual forma, una mesa de memoria histórica que tenía la PDDH quedó en desuso en la administración de Caballero, según Escalante.
En su gestión, la procuradora también fue señalada como una enemiga por la Asociación Federada LGBTI y cuestionada por organizaciones feministas por sus posturas provida en el debate por la despenalización del aborto. La funcionara saliente heredó del exprocurador David Morales la vigilancia a la política de seguridad y a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Sin embargo, ella llegó a aplaudir las "medidas extraordinarias" en las cárceles del país, pese a que su propio informe señalaba que estas violaban los derechos humanos. Al final de su gestión, la PDDH reveló un informe en el que destacó que la PNC ejecutó a 116 personas entre 2014 y 2018.
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