las causas detrás de la baja de asesinatos en El Salvador
En julio y agosto del año que transcurre el Estado contó 285 asesinatos mientras que en julio y agosto de 2018 contó 565.
En total, del 1 de enero al 31 de agosto de 2019 en el país más pequeño de Centroamérica, murieron asesinados mil 859 salvadoreños; en ese mismo periodo de tiempo, pero del año pasado se registraron 2 mil 368.
Son 509 asesinatos menos que los registrados en los primeros ocho meses de 2018.
La Fiscalía General de la República (FGR) lleva sus propias estadísticas de los delitos cometidos porque es independiente del Órgano Ejecutivo. Sus cifras, sin embargo, coinciden con las de la PNC. El fiscal general Raúl Melara lo confirmó este 3 de septiembre después de un evento público: “El reto es sostener esa disminución para que el país pueda tener una mejor calma”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación.
Ese declive tiene distintas justificaciones según quien lo vea: el presidente Nayib Bukele Ortez, Rogelio Rivas, ministro de Seguridad y Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, se lo atribuyen al Plan Control Territorial que es de seis fases de las cuales, hasta este momento, ya fueron implementadas tres: la primera, que inició el 20 de junio, implicó despliegues militarizados de seguridad pública en 16 de los 262 municipios con los mayores índices de delitos comunes y mayor flujo de dinero ilícito: San Salvador, Mejicanos, Apopa, Ciudad Delgado, San Martín, Santa Tecla, San Marcos y otros de la conocida como Zona Metropolitana; la segunda fue lanzada el 2 de julio y consistió en llevar a los mismos lugares los programas de reinserción que ofrece la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social; la tercera comenzó el 1 de agosto y no es más que tecnificar el trabajo de policías y soldados a un costo que el Ministerio de Hacienda calculó en 210.1 millones de dólares.
El antropólogo Juan José Martínez tiene una explicación multifactorial: la primera puede encontrarse en las consecuencias de la guerra que protagonizaron la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18 contra el Estado mientras fueron presidente y vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, respectivamente. Una de las primeras escaramuzas ocurrió el 5 de abril de 2014 cuando un policía murió y dos fueron heridos en dos ataques simultáneos que ejecutaron igual número de grupos pandilleros en Quezaltepeque y San Matías, municipios vecinos ubicados en la zona Paracentral. Después vino una cadena de odios personalizados y radicalizaciones: más asesinatos de policías, soldados y agentes penitenciarios versus asesinatos de pandilleros, sospechosos de ser pandilleros y no pandilleros que cometieron soldados y policías uniformados alegando, algunas veces, que las muertes habían ocurrido durante tiroteos y otras, cuando no estaban uniformados y actuaban más como un escuadrón de la muerte, que la limpieza social era necesaria y urgente.
Conforme la guerra se intensificó cada bando lloró a sus muertos: 219 policías asesinados entre enero de 2014 y diciembre de 2018, de acuerdo con las estadísticas de la PNC.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentó el 27 de agosto el Informe Especial sobre las Ejecuciones Extralegales de la PNC supuestamente perpetradas entre 2014 y 2018. Los resultados: 116 ejecuciones extrajudiciales, alteraciones de escenas y amenazas a testigos y familiares de las víctimas, así como impunidad en la mayoría. El informe desarrolla la modalidad de estudios de casos, es decir, que no pretende acabar la totalidad de una población seleccionada de un universo sino sólo los sucesos más emblemáticos que evidencian patrones de conducta.
El informe también recopila las estadísticas de muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos: desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016 la PNC registró 1 mil 100 casos. Por cada policía muerto hubo 74 presuntos pandilleros muertos. Puede leerse en un párrafo del texto: “El dato supera en alrededor de 10 veces el indicador de letalidad estimado por especialistas para esta clase de hechos”.
En la última administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desarrolló todo un entramado legal que justificó que los agentes de autoridad pudieran usar excesivamente la fuerza letal: la primera fue las Medidas Extraordinarias que anunció a mediados de 2016 el entonces presidente Sánchez Cerén que incluyeron la declaratoria de emergencia en los centros penitenciarios —cuyo efecto práctico fue intensificar las condiciones insalubres y de violación de derechos fundamentales de los privados de libertad— y los despliegues de grupos militarizados en los municipios con los más altos índices de asesinatos.
La estrategia de abonar con plomo la paz sembrada sobre un reguero de muertos dio sus resultados: en un informe de principios de este año la PNC señaló que la reducción de los asesinatos comenzó en noviembre de 2016 con 361 homicidios hasta volverse irreversible. La tendencia en los años siguientes fue decreciente: de una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2015 a 51 en el año 2018.
En números gruesos: mientras Sánchez Cerén y Ortiz tuvieron el poder El Salvador registró más de 23 mil homicidios. Por cada año: en 2014 fueron 3 mil 912 con un promedio de diez diarios; en 2015, 6 mil 656 y 18 diarios; en 2016, 5 mil 278 y 14 diarios; en 2017, 3 mil 954 y diez diarios; en 2018, 3 mil 340 y nueve diarios.
“Las pandillas son estructuras tremendamente elásticas que pueden mutar con una gran facilidad, pueden cambiar de estrategia más rápido que el Estado y han entendido que la estrategia de confrontación no les lleva a buen puerto”, opinó el coautor del libro El Niño de Hollywood, Cómo Estados Unidos y El Salvador Moldearon a un Sicario de la Mara Salvatrucha 13. “La pandilla entendió una cosa: con las armas no va ganar”, agregó.
“Usa una estrategia que cada vez es más económica, que cada vez se va pareciendo más, no digo que lo sea, a la de las estructuras del crimen organizado y menos a las de la pandilla barrial”, comentó. Y esto, según él, tiene una razón: los viejos cabecillas se retiraron y ahora las dirigen nuevos cabecillas que, lógicamente, tienen nuevas estrategias.
Es decir: uno de los frutos de la disminución que ahora cosecha Bukele lo abonó con plomo el último presidente que el FMLN llevó al poder.
“Perdieron (las pandillas) la pelea de las armas, pero no la del control (territorial)”, advirtió.
En los primeros tres meses del año en curso la PNC recibió 209 denuncias de extorsión, es decir, 14 más que los 195 denunciados en los primeros tres meses de 2018. En este año, además, la policía les decomisó 2 millones 68 mil dólares a 276 células de las pandillas, según dijo a La Prensa Gráfica Juan Carlos Martínez Marín, entonces subdirector de investigaciones de la PNC.
Entre mayo, junio y julio la Fiscalía General recibió 810 denuncias de extorsión, un 32.6 por ciento más que el porcentaje denunciado en el mismo periodo del año pasado.
Las denuncias de desapariciones tampoco se redujeron. El año pasado cerró con 2 mil 457 casos mientras que desde enero a abril de 2019 la PNC recibió 869 denuncias.
Mario Vega, el pastor principal de la Misión Cristiana Elim, publicó el 30 de agosto en El Diario de Hoy un artículo de opinión en el que señala que, si bien es cierto los homicidios disminuyeron en los 16 municipios incluidos en el Plan Control Territorial, también disminuyeron en los 246 restantes; los despliegues militares también estaban mucho antes de la asunción de Bukele al poder y tampoco se había registrado una disminución tan abrupta. La respuesta, según el líder religioso, debe buscarse fuera de las estrategias gubernamentales.
Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad ciudadana, coincidió en esta perspectiva. De acuerdo con su visión basta revisar la experiencia salvadoreña más reciente para darse cuenta que los descensos abruptos de homicidios suelen estar relacionados con acuerdos previos entre los actores que protagonizan la violencia: pandillas, escuadrones de la muerte, el crimen organizado.
“Las situaciones abruptas que hemos visto en los últimos años obedecen a una intervención, digamos, actores de la violencia vinculados a actores políticos para favorecer determinadas coyunturas”, dijo a manera de hipótesis.
En marzo de 2012 el exguerrillero Raúl Mijango y el entonces obispo castrense Fabio Colindres dieron a conocer que los cabecillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 habían acordado dejar de matarse entre sí y dejar de matar a otros ciudadanos. Esa negociación tuvo una lista de beneficios que la posibilitó: un poco más de dos docenas de cabecillas fueron trasladados del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, a otros con medidas de seguridad media desde los que pudieron, con mucha facilidad, retomar con más fuerza el control de clicas y tribus; las extorsiones aumentaron; celebraron a sus anchas fiestas en algunos centros penales ante el consentimiento cómplice de las autoridades; con la relajación de las medidas represivas afianzaron el control en algunas comunidades; aprendieron a dosificar la violencia para lograr réditos políticos, entre otros.
Según El Faro.net esa negociación entre la administración de Mauricio Funes y las pandillas implicó pagos de dinero a los cabecillas y los beneficios penitenciarios que con el tiempo se supo que habían superado las fronteras legales.
Los resultados de eso se notaron rápidamente: un descenso abrupto de los homicidios que se sostuvo durante un tiempo: de 4 mil 371 asesinatos en el año 2011 a 2 mil 594 en 2012 y 2 mil 499 en el año 2013.
El 17 de mayo de 2013 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales los nombramientos de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de seguridad y director de la PNC, respectivamente, por violar los principios de los Acuerdos de Paz, insertados en la Constitución, que sacaron de las tareas de seguridad a los militares.
Munguía Payés es considerado el padre de la tregua entre pandillas. Su salida devino en el derrumbe de la negociación con las pandillas y en la posterior intensificación de la violencia que llegó a un punto culmen en la presidencia de Sánchez Cerén que se negó a continuar el experimento que su antecesor Funes había implementado.
“No puede haber un desplome de homicidios a ese nivel si no hay acuerdos previos con los distintos actores que coproducen la violencia letal”, reiteró su hipótesis la también exdirectora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), uno de los centros de investigación más importantes del país.
Bukele ya tiene un antecedente de ese tipo: el 29 de junio del año pasado El Faro.net publicó que el ahora presidente se vio obligado a negociar con las pandillas, mientras fue alcalde de San Salvador, a cambio de que le permitieran impulsar programas, entrar a las comunidades cuando era candidato, entre otros. Uno de sus proyectos emblema, el Mercado Cuscatlán, solo fue posible porque entregó 30 de los 270 locales al Barrio 18 facción Revolucionarios.
Uno de sus interlocutores en las comunidades con alta concentración de pandillas fue Carlos Marroquín, un cantante de rap que además ejerció como jefe de la unidad de reconstrucción del tejido social en la Alcaldía capitalina. Al asumir como presidente Bukele creó la unidad con el mismo nombre, dependiente del Ministerio de Gobernación, y nombró a Marroquín en el mismo cargo.
“Ha habido acercamientos desde hace algún tiempo entre Bukele y las pandillas, desde las elecciones cuando él era alcalde de San Salvador”, recordó Aguilar.
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