CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las caravanas de migrantes centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza en sus países cesaron desde que en junio del año que termina México acordó con EEUU erigir una suerte de muro de contención en su frontera sur, pero a costa de mayores detenciones y deportaciones.
En los estados del sureste mexicano "la situación es de marginación, pobreza, falta de acceso a derechos y servicios que se agudizó entre la población migrante contenida por el muro de la Guardia Nacional acordada con el Gobierno de Donald Trump", dijo a Sputnik la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Melissa Vértiz.
Luego de recorrer incluso rutas clandestinas de migrantes durante la segunda mitad de este año, el 23 de noviembre se presentó el Informe de Hallazgos en la Frontera Sur.
La misión encontró que "las rutas migratorias son cada vez más peligrosas, se incrementaron los delitos de secuestro y extorsión en contra de personas migrantes; se elevaron los costos que deben pagar a los traficantes de personas".
También se detectó "el incremento en las condiciones de inseguridad para las personas defensoras de derechos humanos y albergues", dice la investigación.
La explicación es que "no han cambiado las causas estructurales" por las cuales los migrantes y solicitantes de protección internacional deciden salir de sus países de origen a jugarse la vida.
Esas causas que persisten son "la pobreza, marginación, violencias sistemáticas y sistémicas, la corrupción y la impunidad, falta de acceso a la justicia y la garantía de derechos", enumeró.
La contención
Las consecuencias de esa política enfocada en la seguridad nacional y no en la seguridad humana se pueden observar en las propias cifras oficiales de México.
Esa cantidad de personas que esperan una respuesta de auxilio preocupa a los defensores de migrantes porque "tampoco existen las condiciones apropiadas para que puedan esperar a entregar su solicitud".
Además de las personas desesperadas por recibir una respuesta definitiva que no llega, hay miles para quienes no hay una política real de integración que garantice derechos fundamentales, como la vivienda, la salud, y la educación que el Gobierno mexicano prometió antes del acuerdo con EEUU, según Vértiz.
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria "nos hablan de que las personas presentadas ante la autoridad migratoria en 10 meses de 2019 son casi 170.000", citó la especialista.
"No hay una disminución de la migración, el hecho de que la Comar tenga pendientes las solicitudes de asilo y protección desde enero a noviembre de este año, muestra una necesidad urgente de atender el flujo migratorio con otro enfoque", dijo la portavoz.
En los estados del sureste mexicano los datos confirman esa realidad: en Chiapas, el número de migrantes detenidos se incrementó un 45,3% en 10 meses, comparado con el año pasado, y las deportaciones sumaron 111.073 en el mismo lapso de 10 meses.
"No hay caravanas pero siguen llegando, porque no han cambiado las condiciones en sus lugares de origen, en Centroamérica persisten la violencia y la marginación", subrayó Vértiz.
Las detenciones hablan de que México está ejecutando la política de contención "como policía migratoria de EEUU", denunció.
"Alrededor de 60% de detenidos en estaciones migratorias a la espera de una visa humanitaria terminan deportados a sus países, al sur del río Suchiate", frontera natural con Guatemala, dijo Vértiz, citando datos oficiales.
Desesperación en la frontera norte
Otra investigación se llevó a cabo para entender el llamado Protocolo Quédate en México, aplicado en EEUU para los indocumentados que solicitan asilo y son enviados a esperar su resolución en territorio mexicano.
Son personas de diversas nacionalidades y las que más destacan proceden de Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba.
Las organizaciones especializadas consideran que EEUU no deberían regresar a personas con mayores condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, y tampoco a mexicanos que piden asilo, por miedo fundado y amenazas a sus vidas en este país.
"Han sido devueltos a sus países de origen sin condiciones mínimas, donde pueden ser expuestos al crimen organizado", denunció la activista.
Incluso quienes están en un albergue para pernoctar, en el momento en que salen de día a solicitar empleo, son secuestrados, según Vértiz.
El Departamento de Seguridad Interior de EEUU informó que en los primeros 10 meses de este año fueron deportadas a México 55.000 personas, de las cuales 20.000 están en albergues y las 35.000 restantes están viviendo en la calles de las ciudades mexicanas en la frontera norte de este país.
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