El Presupuesto General del Estado para el año 2020 fue aprobado en tiempo, según lo que manda la ley. Pero queda en la opacidad qué negoció y acordó el Gobierno con miembros del partido Arena para que eso fuera posible. La discusión comenzó bien. En el seno de la Comisión de Hacienda parecía ver la luz un nuevo modo de hacer las cosas: se realizaron sesiones abiertas en las que se cruzaban preguntas y argumentos. Después vino el secretismo, las conversaciones privadas, los arreglos debajo de la mesa, es decir, lo mismo de siempre. La actuación de Arena es curiosa, pero no extraña. Luego de que el presidente del partido asegurara que tenía los apoyos legislativos necesarios para desaforar a Nayib Bukele, Arena dio los votos para aprobar un Presupuesto sobre el que se ciernen muchas dudas, sobre todo por la amnistía fiscal para los empresarios que no han pagado impuestos.
Salvo el Presupuesto de 2019, que fue aprobado en tiempo y con desfinanciamiento de más de mil millones de dólares, los de los años 2016 y 2017, como otros de años anteriores, fueron aprobados con retraso por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas. La diferencia ahora es que el rol de los actores ha cambiado. Antes era el FMLN el que se quejaba de la falta de voluntad de Arena, que siempre tuvo peros ante la propuesta de Presupuesto, como ahora los tiene el FMLN. Hoy este tiene que asumir que ya no es una fuerza política relevante, por lo menos a nivel legislativo. El Gobierno cuenta con el apoyo de los partidos que suelen buscar el ala del más fuerte, a conveniencia. Bukele, pues, solo tiene que negociar con Arena; al FMLN no lo necesita.
El Presupuesto General del Estado es más que la suma de gastos y de ingresos para financiarlos. Aunque el equilibrio entre unos y otros es fundamental para la economía del país, el Presupuesto va más allá de ser un instrumento financiero; sirve, en principio, para garantizar el derecho de la ciudadanía a saber lo que el Gobierno hace con el dinero que recauda mediante impuestos y otros mecanismos de financiación. Por ende, en esencia, el Presupuesto es una suma de decisiones políticas. La decisión de gastar en esto o en aquello es fruto de una agenda política. Reducir el monto dedicado a programas sociales, subsidios y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no aumentar el de la Universidad de El Salvador, e incrementar los gastos en seguridad, defensa y publicidad no es una decisión financiera, sino política. No definir claramente los fines de ciertas partidas presupuestarias, tal como se ha hecho en esta ocasión, también es una decisión política. Por eso es fundamental que la población esté al tanto no solo de los números, sino de la agenda y los intereses que los definen. El Presupuesto desnuda lo que en verdad es prioritario para el Gobierno. Y el aprobado para 2020 sigue los lineamientos de los de años anteriores, incluso con detrimento de los programas sociales. No hay un cambio significativo. Por el momento, más de lo mismo.
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