'Venexit': el ABC del 'divorcio' entre Caracas y la OEA
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Las tensiones entre Venezuela y la Organización de Estados Americanos (OEA) han llegado a un punto máximo. Mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro ya inició el proceso para abandonar la entidad panamericana, ésta última allanó el camino para suspender al país como estado miembro. Sputnik te presenta los posibles escenarios.
El 5 de junio, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución impulsada por EEUU, aprobada con 19 votos positivos, 4 en contra y 11 abstenciones, en la que se desconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela y se constata "una alteración inconstitucional del orden constitucional" en el país.
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Sin embargo, el experto recordó que "estaba previsto" que sucedieran cosas del estilo, a partir del levantamiento en febrero "por orden de EEUU" de la mesa de diálogo en República Dominicana entre el oficialismo y la oposición, que no presentó candidatos a los comicios de mayo. En los mismos, recordó, "hubo una elección justa", con "veedores y acompañantes internacionales".
"Su estrategia [de EEUU] consistía en vaciar la contienda electoral, quitarle legitimidad, para decir que la elección no era legal. De alguna manera estamos en un cuadro esperado. Evidentemente la reacción de Venezuela es una defensa no solo a la victoria de Nicolás Maduro sino al proceso democrático en general", dijo.
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Teruggi opinó que construir "una matriz comunicacional política de que en Venezuela hay una dictadura" permitiría alisar el terreno para "nuevas acciones económicas, pero también violentas".
En ese panorama, Sputnik te presenta un análisis de cómo se puede dar la separación entre Venezuela y la OEA.
A. ¿Qué implica la resolución y cómo puede impactar en Venezuela?
La polémica resolución —impulsada principalmente por los países del llamado Grupo de Lima— dispone aplicar a Caracas "los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa" previstos en la Carta Democrática Interamericana(CDI).
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Este órgano está integrado por los embajadores de los Estados miembros, y puede "realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente". En primer lugar, las "gestiones diplomáticas" son la vía que debe tomar el Consejo para intentar apaciguar las aguas.
De momento, la votación del 5 de junio tiene un carácter simbólico, pues es la primera vez que la Asamblea General de la OEA toma una decisión del estilo y no implica una modificación inmediata del estatus de Venezuela en el organismo. Es decir, todo depende de lo que ocurra en el futuro próximo.
B. ¿Qué puede pasar tras las gestiones del Consejo Permanente?
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Pero si éstas son infructuosas, se puede proceder a la suspensión del Estado al que se quiere aplicar la Carta Democrática. Para ello es necesario que "dos tercios" de los votos de la Asamblea así lo dictaminen. En ese caso, "la suspensión entra en vigor de inmediato".
"El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos", establece la Carta.
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Actualmente, son 35 los países miembros, aunque sólo 34 lo integran de manera efectiva (Cuba no participa en las votaciones). A la luz de la resolución del 5 de junio, para alcanzar los dos tercios necesarios con el fin de hacer efectiva la suspensión en la Asamblea General o el Consejo Permanente, se necesitarían 23 votos favorables.
Son cuatro más de los 19 votos que aprobaron por mayoría simple la resolución de EEUU —el país impulsor-: los 14 del llamado Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía), junto con Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana, además de Washington.
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Cuatro países votaron en contra de la resolución: Bolivia, Dominica, San Vicente y las Granadinas, además de Venezuela. En tanto, 11 naciones se abstuvieron: Antigua y Barbuda, Belice, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.
En ese panorama, no existe un panorama claro para la posible aprobación de una suspensión.
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El analista consideró que la actitud del Departamento de Estado es "injerencista", pero también lo es la de los Gobiernos de América que se han posicionado del lado de Washington. Puso como ejemplo el decomiso de alimentos en Colombia, destinados a la distribución subsidiada en Venezuela o el obstáculo al ingreso de divisas, la venta de petróleo y la compra de medicinas y alimentos.
"En este momento tenemos una agresión diplomática, no solo verbal sino de hecho. (…) ¿Cómo puede [un país] tomar acciones que van a conducir a una dificultad económica todavía mayor que la que tiene Venezuela? Son acciones injerencistas e ilegales?", se preguntó.
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De acuerdo con la Carta de la OEA, un Estado puede "mediante comunicación escrita" "denunciar" el texto fundamental de la entidad, el mecanismo necesario para disolver los vínculos existentes.
"Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta", precisa el documento.
Por eso, hasta abril de 2019 Venezuela sigue vinculada formalmente a la OEA y no se puede considerar que la haya abandonado.
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