Un duro trance para la monarquía española

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15:30 19.07.2018(actualizada a las 18:03 19.07.2018)URL corto

Francisco Herranz

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La monarquía española se enfrenta a un duro trance después de la difusión de una serie de presuntas conversaciones privadas que comprometen la honorabilidad del rey emérito Juan Carlos a la hora de pagar sus impuestos.

España está saliendo paulatinamente de la profunda crisis económica que atenazó al país hace una década, pero ahora atraviesa un periodo de incertidumbre política con un Gobierno en minoría, fruto de una moción de censura. El nuevo Ejecutivo socialista, que lleva apenas un mes y medio en el poder, ha visto horrorizado cómo varios medios de comunicación digitales publicaban una colección de audios muy privados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, "amiga íntima" de Juan Carlos.

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En las grabaciones, realizadas en 2015 y filtradas ahora por los periódicos online Ok Diario y El Español, Corinna se manifestaba sin cortapisas y desvelaba que el que fue jefe del Estado hasta su abdicación en junio de 2014 evadió impuestos, cuenta con propiedades en el extranjero y ha cobrado comisiones ilegales.

Según sus propias palabras, Juan Carlos I poseería una cuenta bancaria en Suiza pero oculta bajo la identidad de dos testaferros; uno sería un primo suyo, Álvaro Orleans de Borbón, que reside en Mónaco, y el otro, un abogado de nacionalidad suiza que tiene despacho en Ginebra.

Corinna también declaró en esas conversaciones obtenidas presuntamente sin su consentimiento que el general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles, la habría amenazado en persona, a ella y a su familia.

La mujer en cuestión es una ciudadana danesa nacida en Alemania y residente en Mónaco que adquirió sus apellidos nobiliarios y el título de "princesa" por matrimonio, aunque posteriormente se divorció. Dada su supuesta cercanía sentimental, ha tenido mucha influencia en las decisiones del rey emérito e incluso llegó a ser presentada en Arabia Saudí como su representante personal.

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La glamurosa Corinna acompañaba al rey Juan Carlos en abril de 2012 en un famoso viaje privado a Botsuana. Todo habría quedado en el más absoluto de los secretos si el monarca no se hubiera roto la cadera en una caída accidental. Ese incidente fortuito activó todos los protocolos de emergencia. España entera se enteró que había ido a África a cazar elefantes, precisamente cuando muchos de sus compatriotas estaban pasando dificultades económicas para llegar a final de mes. La prensa nacional se echó de inmediato encima, calificó el asunto de "espectáculo" que transmitía "una imagen de indiferencia y frivolidad" y calculó que el safari de lujo organizado para él habría costado unos 60.000 dólares, incluidos los 15.000 dólares de los permisos para cazar un elefante. El escándalo fue tan mayúsculo que, en su primera intervención pública, el propio Juan Carlos I pidió perdón en persona, tras ser intervenido quirúrgicamente en una clínica. "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir", dijo con cara de circunstancias y todavía en muletas.

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Pero, ¿quién registró las comprometedoras palabras de la amiga de Juan Carlos? ¿Y por qué? El material difundido estaba en poder de un oscuro empresario y comisario de policía actualmente jubilado llamado José Manuel Villarejo, quien tenía por costumbre grabar con sofisticados aparatos de espionaje a toda aquella persona digna de su interés con la que se entrevistaba.

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Villarejo estuvo trabajando en la policía desde los años 70 del siglo pasado. Pidió una excedencia y se pasó al sector privado como detective y abogado especializado en investigar a organismos públicos, entidades privadas y particulares. Regresó en los 90 como agente encubierto del Ministerio del Interior, es decir, se convirtió en representante de las cloacas del Estado. Desde noviembre del año pasado se encuentra en prisión preventiva sin fianza acusado de delitos muy serios, entre ellos blanqueo de dinero, revelación de secretos, grabaciones ilegales y pertenencia a organización criminal.

Parece obvio pensar que Villarejo ha dejado que todo esto salga precisamente ahora a la luz para entorpecer la acción de la justicia, y para que su paso por el banquillo se convierta en una pesadilla para la institución de la monarquía parlamentaria.

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La propia Corinna no ha negado las declaraciones, limitándose a denunciar una campaña de descrédito contra ella por motivaciones políticas. El rey emérito, por su parte, se encuentra inmerso en una situación muy incómoda y sin precedentes. No hace mucho tiempo estuvo metido una hora en un automóvil en Galicia para evitar así tener que responder a respuestas embarazosas. Según la actual Constitución española, ya no es, como antes, una persona "inviolable" —intocable desde el punto de vista de la responsabilidad penal—, sino "aforada", como los diputados o los ministros. Eso quiere decir, en otras palabras, que el procedimiento para llevarle a juicio sería mucho más complicado, pero no imposible.

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El Gobierno de España ha tenido que manejar esta patata caliente con la mejor diligencia posible. La primera reacción de la Moncloa fue expresar la idea de que todo este oscuro entramado no tiene nada que ver con el actual jefe del Estado, Felipe VI, hijo y sucesor de Juan Carlos. Margarita Robles, ministra de Defensa, de quien depende el CNI, subrayó que Villarejo estaba chantajeando al Estado y anunció que el general Sanz Roldán tiene la intención de comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para dar su versión sobre la relación de los servicios secretos españoles con la amiga del rey emérito.

El asunto es grave porque afecta a la Casa Real y porque tiene un impacto negativo sobre la popularidad de la monarquía en España. La institución ya anda mermada no sólo por el caso de la cacería de elefantes sino por otro suceso mucho más serio: elencarcelamiento del cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, casado con la infanta Cristina, sentenciado a casi seis años de cárcel por malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias.

Lo ideal sería que se abriera una comisión de investigación parlamentaria transparente, para que los ciudadanos recuperen la confianza en la monarquía, afectada también por el desafío independentista catalán. Mantener el secretismo no ayuda a limpiar su nombre.