EL FRAUDE DE LA “JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL”
La CPI se dispone a violar una decisión del Consejo de Seguridad para juzgar a Bachar al-Assad
Se creía imposible que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara acciones contra personalidades sirias desde que Rusia y China vetaron un proyecto de resolución en ese sentido en el seno del Consejo de Seguridad. Pero una argucia jurídica parece hacer posible burlar la decisión adoptada en el Consejo de Seguridad. La CPI espera condenar al presidente sirio Bachar al-Assad acusándolo de «crimen contra la humanidad».
RED VOLTAIRE | DAMASCO (SIRIA) 
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada por la Conferencia de Roma, convocada por la ONU en 1988. Por supuesto, el objetivo no era crear un supra-tribunal para juzgar gente en nombre de la humanidad reemplazando a los Estados de la ONU sino disponer de una herramienta que permitiera juzgar criminales después de una guerra, cuando las instituciones de los países interesados se hallan debilitadas o han sido destruidas por el conflicto.
Los estatutos de la CPI subrayan por eso que para poder hacerse cargo de un caso esa instancia de justicia internacional tienen que contar con el consentimiento de la justicia local. Pero esos estatutos también prevén que la CPI
puede juzgar un crimen cometido por un ciudadano de un país que no sea miembro de la CPI, en un país miembro de la CPI y en lugar de ese país;
así como todo crimen cometido por cualquier persona, en cualquier lugar, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU le presenta el caso.
puede juzgar un crimen cometido por un ciudadano de un país que no sea miembro de la CPI, en un país miembro de la CPI y en lugar de ese país; así como todo crimen cometido por cualquier persona, en cualquier lugar, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU le presenta el caso.
En ambos casos, el Estatuto de Roma, elaborado en el seno de la ONU y firmado por algunos Estados, puede aplicarse a todos los Estados, incluso a los Estados no comprometidos con la CPI.
Es por esa razón que las 3 principales potencias mundiales –China, Estados Unidos y Rusia– se niegan a ratificar el Estatuto de creación de la CPI. Lo ven –con toda razón– como una violación del principio de soberanía, formulado en el siglo XVIII por el jurista Emer de Vattel y consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratadosen 1969 [1].
En septiembre de 2018, la CPI declaró poder hacerse de una denuncia contra las autoridades de Myanmar, aunque ese país no es firmante del Estatuto de Roma, alegando que esas autoridades habían cometido atrocidades que provocaron el éxodo de los rohinyas. La CPI estima que tiene competencia sobre el asunto porque las víctimas huyeron a Bangladesh, país que sí es firmante del Estatuto de Roma [2].
Siguiendo ese esquema, una familia de miembros de la Hermandad Musulmana acaba de presentar una denuncia contra el presidente Bachar al-Assad y varios responsable sirios, a pesar de que la República Árabe Siria no es firmante del Estatuto de Roma. La familia en cuestión afirma haber sido testigo de diversas atrocidades y haberse visto obligada a huir a Jordania. Lógicamente, la CPI debería declararse competente ya que Jordania es firmante del Estatuto de Roma, pero, al mismo tiempo, la CPI tendría que pasar por alto el hecho que la Hermandad Musulmana es la matriz del terrorismo islámico y que está clasificada como organización terrorista en numerosos países, incluyendo países miembros de la propia CPI.
También está el hecho que, el 22 de mayo de 2014, cuando las potencias occidentales y sus aliados del Golfo Arábigo-Pérsico intentaron que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitara que la CPI se ocupara de los acontecimientos en Siria, China y Rusia vetaron el proyecto en ese sentido [3].
El hecho es que la CPI está adquiriendo una autonomía. Ya no se plantea sólo ayudar los Estados a hacer justicia sino que se autoproclama defensora de la humanidad frente a los Estados.
Es necesario que se entienda bien lo que está sucediendo. Durante los últimos años, la CPI ha sido financiado principalmente por la Unión Europea y ha redactado por sí misma su propio Código. Hasta 2016, sólo juzgó acusados africanos, siguiendo sus propias leyes, y los condenó a todos [4]. Burundi decidió retirarse del Estatuto de Roma, después de una votación en ese sentido en su parlamento, señalando que la CPI se ha convertido en «un instrumento de presión contra los gobiernos de los países pobres o un medio de desestabilizarlos en manos de las grandes potencias». Otros 3 Estados –Gambia, Filipinas y Sudáfrica– siguieron el ejemplo de Burundi. Pero Sudáfrica y Gambia cambiaron de opinión después de la nominación de la nueva fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, de Gambia.
No por eso deja de ser cierto que, hasta el momento de la nominación de Fatou Bensouda, la CPI no ofrecía ninguna de las garantías que se esperan de una instancia penal imparcial.
Por ejemplo, en el momento de la agresión contra Libia desatada por la OTAN –agresión violatoria del mandato extendido por el Consejo de Seguridad de la ONU–, las «pruebas» que el fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, había reunido para inculpar al líder libio Muammar el-Kadhafi, a su hijo Saif al-Islam Kadhafi y a su yerno Abdala al-Senoussi, eran sólo recortes de periódicos publicados en los países que participaban en la agresión. Peor aún, cuando la OTAN bombardeó Trípoli, el fiscal Moreno Ocampo declaró que Saif al-Islam había sido arrestado por los occidentales y que él estaba organizando su traslado a La Haya. Aquello era una mentira descarada destinada a desmoralizar a los libios para que no opusieran resistencia a la agresión de la OTAN. En realidad, Saif al-Islam estaba a salvo en el refugio subterráneo del hotel Rixos, donde yo mismo me encontraba.
Ese mismo fiscal general, Luis Moreno Ocampo, violó a una periodista en su oficina de la sede de la CPI y si escapó a la justicia fue porque gozaba de inmunidad como fiscal internacional [5]. Era además un corrupto que cobró sobornos por acusar a personalidades para sacarlas del camino [6]. Las cuentas bancarias secretas del fiscal Moreno Ocampo salieron a la luz posteriormente durante la realización de investigaciones periodísticas en Panamá y en Islas Vírgenes [7]. A pesar de todo lo anterior, la “justicia” nunca se ha interesado por el caso de Luis Moreno Ocampo.
Aunque su sucesora, Fatou Bensouda, es más presentable, la estructura de la CPI sigue siendo la misma. Los magistrados que la componen están tan conscientes de eso que el 15 de enero de 2019 se rebelaron y absolvieron a Laurent Gbagbo y a Charles Blé Goudé, dos acusados cuyos supuestos «crímenes contra la humanidad» habían servido para justificar el «cambio de régimen» impuesto por Francia en Costa de Marfil. Es la primera vez que la CPI se aparta del papel que los europeos le han asignado.
El 29 de julio de 2015, las potencias occidentales trataron de imponer en el Consejo de Seguridad una resolución que quitaba a la justicia ucraniana el caso del derribo del vuelo MH17 y lo transfería a la CPI. El objetivo era preparar una acusación contra el presidente ruso Vladimir Putin, aunque Rusia no es firmante del Estatuto de Roma. Lo importante no era aclarar quién derribó aquel avión sino utilizar la justicia penal internacional con fines políticos. Rusia veto aquel proyecto de resolución occidental.
Ahora es el presidente sirio Bachar al-Assad quien sería juzgado por la CPI, así como otros responsables sirios cuyos nombres todavía no se han dado a conocer.
No es la primera vez que el presidente sirio es blanco de ese tipo de maniobra. En 2005 fue acusado de haber ordenado el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, supuestamente con la complicidad del presidente libanés Emile Lahoud. Se abrió entonces una investigación, realizada por un equipo germano-israelí [8]. Luego se creó un falso tribunal, por iniciativa del entonces embajador de Estados Unidos en Beirut, Jeffrey Feltman. El secretario general llegó a firmar –con la aprobación del Consejo de Seguridad– un tratado con el nuevo primer ministro libanés, documento que este último firmó sin haber sido autorizado por el gobierno ni el parlamento libaneses.
En aquella época, las potencias occidentales habían llegado a convencerse de la culpabilidad de Assad. Pero al cabo de un año de acusaciones cada vez más fuertes, el fiscal Detlev Mehlis –a cargo de la investigación– dimitía en medio de un gravísimo escándalo: los testigos que sustentaban sus acusaciones eran impostores a sueldo de sus aliados occidentales. Hoy en día, el Tribunal Especial para el Líbano prosigue su trabajo sucio, acusando ahora al Hezbollah, precisamente la organización que rebeló las grabaciones de un drone israelí que sobrevolaba el lugar del crimen. El Tribunal Especial para el Líbano también se obstina aún en defender la tesis según la cual Rafic Hariri fue asesinado con el uso de un coche-bomba, a pesar de que los datos medico legales recogidos son categóricos: es imposible [9]. Con tal de defender esa teoría, el Tribunal Especial para el Líbano gastó millones en la reconstrucción del crimen… inútilmente, así que ahora trabaja sobre una tesis de la cual todo el mundo sabe que es falsa.
La República Árabe Siria ha luchado durante 8 años para preservar su soberanía y no es probable que sus dirigentes vayan a La Haya. Pero sí puede cuestionar legalmente la validez del proceso.
Basta con precisar que su iniciador es el abogado británico de los demandantes, Rodney Dixon, quien también sirve de abogado a Qatar en contra de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Este letrado británico, conocido por servir también de abogado a Qatar contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tiene una larga experiencia con la «justicia internacial» ya que fue consejero de la canadiense Louise Arbour, la fiscal general del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del que se creó para Ruanda, dos entidades que fracasaron en aclarar los crímenes de los que debían ocuparse.
Rodney Dixon ya anunció su intención de acusar a los dirigentes sirios de «crímenes contra la humanidad» basándose en el Informe César [10], documento divulgado por Qatar, a través del gabinete londinense Carter-Ruck, el 20 de enero de 2014, justo 2 días antes del inicio de las negociaciones para la paz en Siria, denominadas Ginebra 2.
El Informe César contiene 55 000 fotografías de personas torturadas, imágenes supuestamente tomadas por un fotógrafo del Ejército Árabe Sirio. Según los acusadores serían fotos de víctimas del «régimen». Pero, según el gobierno sirio, son fotos de víctimas de los yihadistas. Ese “informe” fue autentificado en contra de Siria por 3 fiscales internacionales que arrastran un historial muy sucio ya que trabajaron en la Corte Especial para Sierra Leona y el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia.
Esos personajes son:
Sir Desmond Lorenz de Silva, autor –por encargo de un primer ministro británico– de un informe sobre la muerte de un abogado irlandés. Su informe, que la familia de la víctima calificó de «vergüenza», reconocía la responsabilidad de las autoridades pero escamoteaba las pruebas contra la Corona británica.
Sir Geoffrey Nice, quien procesó durante 2 años a Slobodan Milosevic sin lograr aportar prueba alguna sobre los crímenes contra la humanidad que imputaba al dirigente yugoslavo. El proceso fue cerrado debido al fallecimiento de Milosevic. Rusia denunció que Milosevic fue asesinado en su celda del tribunal penal, en La Haya.
David M. Crane, un ex responsable de la CIA y de la DIA [11]. Desde el inicio de la guerra contra Siria, David M. Crane dirige un programa enfocado a lograr que Bachar al-Assad sea procesado en cualquier corte especial internacional y por cualquier cosa.
Sir Desmond Lorenz de Silva, autor –por encargo de un primer ministro británico– de un informe sobre la muerte de un abogado irlandés. Su informe, que la familia de la víctima calificó de «vergüenza», reconocía la responsabilidad de las autoridades pero escamoteaba las pruebas contra la Corona británica. Sir Geoffrey Nice, quien procesó durante 2 años a Slobodan Milosevic sin lograr aportar prueba alguna sobre los crímenes contra la humanidad que imputaba al dirigente yugoslavo. El proceso fue cerrado debido al fallecimiento de Milosevic. Rusia denunció que Milosevic fue asesinado en su celda del tribunal penal, en La Haya. David M. Crane, un ex responsable de la CIA y de la DIA [11]. Desde el inicio de la guerra contra Siria, David M. Crane dirige un programa enfocado a lograr que Bachar al-Assad sea procesado en cualquier corte especial internacional y por cualquier cosa.
En septiembre de 2012 –aplicando una idea del embajador estadounidense Jeffrey Feltman, convertido entonces en asistente de la secretaria de Estado Hillary Clinton–, el Departamento de Estado creó una asociación llamada Syria Justice and Accountability Centre (SJAC), encargada de recolectar pruebas de los crímenes del gobierno sirio. El Departamento de Estado financiaba esa asociación con 5 millones de dólares anuales y los países del grupo llamado «Amigos de Siria» le aportaban más dinero. Dos años después de su creación, Washington renunció a aquella herramienta. Sin embargo, al ser nombrado director del Asuntos Políticos en la ONU, Jeffrey Feltman revivió el SJAC, pero con fondos europeos.
Hoy por hoy, no existe ningún tipo de control sobre la CPI, ni siquiera a pesar de que esa instancia ha tenido un criminal corrupto como fiscal general. Esa “Corte” está exclusivamente al servicio de quien le paga: la Unión Europea.
En el pasado, la guerra se consideraba una manera de conquistar o de defenderse. Hoy fingimos creer que es un acto ilegal per se, incluso cuando se trata de legítima defensa. Y quien decide hacer la guerra prefiere no declararla sino inventar, a posteriori, pruebas de que tuvo que cometer el acto ilegal que es la guerra porque tenía que defender el Bien. Es lo que los vencedores siempre tratan de hacernos creer.
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