Es la renacionalización de las pensiones, ¡estúpidos!
El diputado de ARENA, Norman Quijano, propuso la semana pasada la creación de una comisión especial para discutir una reforma de pensiones. Después de sabotear sistemáticamente la reforma integral al sistema previsional durante una década, el partido oligárquico ahora se muestra interesado en debatir este tema mediante la iniciativa del flamante presidente legislativo.
Simultáneamente, otros diputados del resto de la derecha parlamentaria (GANA, PNC y PDC), plantean una reforma “equilibrada”: que favorezca los jubilados, alivie las finanzas públicas y que -fundamentalmente- no ponga en riesgo la rentabilidad de las administradoras privadas de pensiones, las tristemente célebres AFPs.
El propósito de los grupos legislativos de derecha es mantener una reforma que no modifique el estatus quo previsional: como fieles guardianes de los intereses de las AFPs, jamás propondrán una reforma pensada realmente desde los intereses de los cotizantes, jubilados y ni siquiera desde los intereses del Estado.
Frente a tal situación, toda la población jubilada y cotizante debería protestar contra los diputados de derecha y -retomando famosa la frese de la campaña electoral estadounidense de 1992- gritarles: es la renacionalización, ¡estúpidos! Es decir, no se trata de una reforma parcial, sino de una reforma integral que revierta el nefasto sistema privado de pensiones y establezca uno totalmente público.
Toda la población trabajadora, decente y honrada debe exigir a los grupos parlamentarios de derecha la desprivatización de las pensiones. Ellos aprobaron, durante el gobierno de Armando Calderón, el verdadero “robo del siglo”: el flagrante asalto al bolsillo de los jubilados, cotizantes y del Estado.
Como resultado de esa ominosa medida, las AFPs ganan entre 12 y 14 millones de dólares cada año, los jubilados reciben pensiones miserables, los cotizantes sufren altos descuentos sin la certeza de tener después una pensión digna y el Estado arrastra una deuda insostenible de más unos 4 mil millones de dólares.
Por eso -y ya que los propios responsables de ese desastre proponen discutir el asunto- todas las organizaciones populares, movimientos sociales y sectores democráticos del país deben movilizarse y presionar a la Asamblea por la desprivatización de las pensiones, insistiendo que no es una reforma, sino la creación de un sistema decente, digno y solidario que sólo puede mantenerlo el Estado, sin presencia de las voraces AFPs.
El presidente electo Nayib Bukele también debería sumarse ya a esta campaña urgente y necesaria, pues en su propuesta de gobierno y durante la campaña electoral propuso la creación de un sistema público de pensiones.
Ojalá que así sea.
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